Ni neoliberalismo ni dogmas, inversión con brújula social

En días recientes, el Senado de la República aprobó la minuta que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual establece un nuevo marco para regular y coordinar la inversión en proyectos estratégicos mediante la participación de los sectores público, privado y social, bajo el principio de rectoría del Estado en beneficio de la Nación.

Durante años, la academia conservadora y la prensa neoliberal instalaron en el debate público una idea que parecía incuestionable, que regular la economía era sinónimo de frenar el crecimiento, y que cualquier intervención del Estado representaba un retroceso. Bajo esa lógica, se impulsó un proceso sostenido de apertura y privatización que debilitó la capacidad del Estado en sectores estratégicos como la energía, trasladando decisiones clave al mercado y reduciendo el margen de acción pública.

Pero además se instaló otra narrativa igual de insistente, que los proyectos progresistas buscan “repartir pobreza” en lugar de generar riqueza. Una premisa útil para el debate mediático, pero profundamente simplificada. La discusión de fondo nunca ha sido si debe existir riqueza, sino bajo qué reglas se genera, quién se beneficia de ella y hasta dónde puede expandirse sin romper el equilibrio social.

En ese contexto, muchas de las decisiones que marcaron esa etapa no respondieron únicamente a una lógica interna, sino a una serie de lineamientos y presiones internacionales que empujaron la apertura acelerada de sectores estratégicos. Se nos dijo que no había alternativa, que el Estado era ineficiente por definición y que había que dejarlo todo al mercado. Voces como los otrora candidatos del PRIAN insistían en que el petróleo ya no era negocio y que México debía abandonar esa ruta, mientras desde presidencia se repetía que “se había agotado la gallina de los huevos de oro”.

Ante un contexto de conflicto mundial que ha vuelto a poner en el centro a los recursos estratégicos, resulta difícil sostener que sectores como la energía dejaron de ser relevantes o que el Estado debe limitarse a observar. Es precisamente ahí donde cobra sentido la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que busca ordenar la participación de la inversión privada sin renunciar a la rectoría del Estado, entendiendo que el desarrollo no puede quedar sujeto únicamente a las reglas del mercado en un mundo donde los recursos siguen siendo, más que nunca, un factor de poder.

En ese sentido, la ley establece un marco para coordinar la inversión en proyectos estratégicos mediante la participación del sector público, privado y social, incorporando mecanismos de planeación, financiamiento y supervisión que buscan dar certeza y evitar errores del pasado, como proyectos abandonados, sobrecostos o compromisos poco claros. Más que sustituir al mercado, plantea ordenarlo bajo reglas que alineen la inversión con el desarrollo nacional y el bienestar social.

Esta ley deconstruye, una vez más, el mito de que el progresismo está peleado con la iniciativa privada. No resiste la realidad. Es una falacia funcional, diseñada para defender privilegios, no para explicar el desarrollo. Ahora, cuando se plantean reglas claras, supervisión y participación del Estado, los mismos que durante años exigían abrirlo todo al sector privado, hoy se escandalizan porque ya no pueden operar sin límites. Esta ley no excluye a la iniciativa privada, la coloca en su justa dimensión, como aliada del desarrollo, no como sustituta del Estado. Y eso, más que incomodar, exhibe.

Como era previsible, la oposición votó en contra, apelando a los mismos temores de siempre, riesgos fiscales, exceso de intervención y desconfianza en el Estado. Pero el fondo de su crítica revela algo más, la incomodidad frente a un modelo donde la inversión ya no opera sin reglas ni ventajas implícitas. La mayoría legislativa optó por otro camino, no negar la inversión privada, sino encauzarla con criterios de responsabilidad y control público. Porque si algo dejó claro la experiencia pasada, es que la ausencia de reglas no generó eficiencia, generó abuso.