Los páramos del CIDE

En 2019, con el pasado cambio de gobierno denominado como Cuarta Transformación (4T), también llegaron cambios al sector académico. A la cabeza del proyecto, aparecieron tres perfiles que ponderaban a la nueva escuela mexicana sobre la práctica (ya cotidiana) de subarrendar servicios académicos al mejor postor bajo el argumento de “libertad de cátedra”.

            De tal modo que en México, previamente al cambio de ruta propuesto por la nueva administración, se destinaban recursos humanos y capital a la industria que requería de apoyo moral frente a las catástrofes que su industria implicaba en el territorio. 

            Por ejemplo en Coahuila, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. con José Luis Fernandez Zayas a la cabeza, les entregaron más de 50 millones de pesos (MDP) por emitir los dictámenes técnicos con los que avalaron el desastre (y la sepultura de trabajadores) de la mina 8 en Pasta de Conchos. Permitiendo que la empresa Grupo México evitara la búsqueda de trabajadores así como la inspección, por parte del panista de la Secretaría del Trabajo Javier Lozano, por condiciones precarias. Con ese dinero, compraron una casa que ahora se encuentra en manos de un particular y en comodato (prestación) de la UNAM.

            Otro ejemplo ocurre en Sonora, donde académicos de dicha institución fueron señalados por realizar propaganda a favor de la misma empresa de Germán Larrea. Se trata de Felipe Mora Arellano, Héctor Mendivil Quijada y a Miguel Rangel Medina adscritos como docentes de la Universidad de Sonora (UNISON). Los dos últimos además de su labor en diferentes universidades, hacían negocios con el gobierno. La misma empresa a quienes defienden estos académicos, es responsable por al menos 22 casos de desastre ambiental. 

            En Jalisco, una familia hizo una fortuna con cargo al erario, tras la construcción incompleta de un planetario, dichos contratos se realizaron a favor de la firma Arquitectos Toussaint y Orendain, S.C.  A pesar de que Lunaria, un proyecto de ciencia en Jalisco, ya ha costado más de tres veces su valor inicial, “el planetario más moderno de América”, como lo calificó el 8 de diciembre de 2017 el entonces gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, hasta el momento de la publicación operó sin ser concluido y claro, sin consecuencias. A las empresas que se les contrató para el desarrollo del planetario les faltó construir una cafetería, una tienda de recuerdos, los juegos del parque que se encuentra frente al pabellón y al domo, así como terminar la consolidación de una barda perimetral, según afirmó Alfonso Islas, responsable del proyecto desde que inició la administración del emecísta Enrique Alfaro.

            De tal modo que el problema pasó de ser sólo financiero para afectar también la reputación del aparato científico de nuestro país. Tras la herencia de dicho desastre, la administración de Andrés Manuel López Obrador, nombró a una serie de investigadores que poseían, además de las credenciales regulares, una suerte de blindaje social debido a su compromiso con las mismas causas que afectaban a la ciencia.

            A la Secretaría de Educación, llegó Enrique Semo Calev; frente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología arribó, María Elena Álvarez-Buylla; y frente al Centro de Investigación y Docencia Económicas logró la rectoría, José Antonio Romero Tellaeche. Todos ellos bajo la consigna de recuperar la ciencia y lograr justicia. Es decir, no se trató sólo de una gestión de confianza sino de un intento por rescatar a la ciencia de la vorágine de adeudos que atentaron contra la autonomía discursiva de los órganos académicos. 

Una deuda del tamaño de su presupuesto

Sin duda, una de las batallas más complejas, sin lugar a dudas, la llevó el CIDE. A Romero lo propuso Enrique Semo, quien lo contactó con la doctora María Elena Álvarez-Buylla para cubrir el interinato de Sergio López Ayllón, según narra en entrevista para SPR. 

            Esta transición le costó al doctor una confronta que llegó incluso a incluir a grupos de la academia privada de Jalisco. Según narra, la familia Leaño, propietaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) le contactó con el objetivo de intimidarlo, sin embargo, las acciones se limitaron a que dicho centro educativo impulsó protestas a las afueras del CIDE en Ciudad de México.

            El problema era mayúsculo y sus finanzas estaban en números rojos. Según documentos a los que SPR tuvo acceso, la deuda creció tanto que para 2020 era casi igual a la suma de su presupuesto anual. En total, tras la llegada de Romero frente al CIDE, se lograron registrar los siguientes adeudos e irregularidades desde el propio Conahcyt:

• 21 mdp por estímulos.
• 22 mdp por predial.
• 250 mdp al SAT.

Por si la crisis financiera fuera poco, también se registró la pérdida de la categoría como donataria autorizada. Y debido a irregularidades administrativas los pagos de compensaciones de profesores eran ilegitimos. Esto llevó al titular recién nombrado a tener que posicionarse públicamente respecto al problema. Para Romero, los Centros Públicos de Investigación (CPI) deben de “actuar como un socio activo y comprometido en el desarrollo y la implementación de soluciones a los grandes problemas nacionales”, pero esta idea lo llevó a la confrontación con grupos de poder previamente instaurados. 

            Según los registros de Tesorería de la Ciudad de México, el CIDE desde su fundación nunca había cumplido con la obligación de pago del predial, por lo que enfrentó una serie de litigios y acciones que buscaban no cumplir con dicha obligación, y que comenzaron alrededor de 2008, culminando con la pérdida en recurso de apelación de 2017.

            Dado que la deuda del predial es dinámica y su falta de pago está sujeta a diversas penalizaciones en constante actualización, tan solo de 2016 el adeudo con multas actualizaciones y recargos ascendía a más de 22 millones y medio de pesos, cantidad que mi administración durante 2023 gestionó su pago.

            Está por terminar la administración de la crisis en ciencia, y la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, tendrá que hacer frente a estos problemas con la diligencia de alguien que conoce a profundidad del sector. Ojalá que la desaparición de los centros de investigación independientes, no sean un costo que tengamos que pagar los mexicanos. Ojalá que esto páramos de presupuesto pronto se conviertan en un bosque de conocimiento.