El negocio de la adicción

Fumar mata y degrada al Estado. Así de claro. Y pese a que en el país, existen múltiples esfuerzos por regular el consumo de productos derivados del tabaco, la realidad es que ninguno de los esquemas jurídicos y/o fiscales, actualmente han servido para mitigar un daño al país que, ahora mismo, es mucho más complejo que el de recolectar impuestos. 

            Indiscutiblemente, una de las herramientas más útiles para hacer frente a los daños ocasionados en la población fruto de la venta de este producto es el gravamen. Sin embargo, el uso de este recurso y/o su recaudación han resultado en un esfuerzo insuficiente. Por lo menos, esa es una de las posturas que la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Guadalupe Ponciano Rodríguez, me explicó hace algunos meses cuando la entrevisté para un reportaje sobre las afectaciones a la salud derivadas del consumo del trabajo.

            A esta conclusión es verdaderamente sencillo llegar. Lo anterior debido a que el consumo del tabaco ha heredado una enorme carga económica al gobierno para enfrentar los gastos en salud pública que ocasiona; en tanto que los ingresos por impuestos al tabaco contribuyen muy poco para el financiamiento de esta problematica.

            Por ejemplo, según los datos recabados por la investigadora (y verificados posteriormente por el grupo de periodistas que trabajamos en el reportaje), de cada 10 casos de cáncer de pulmón atendidos en el país, 9 están asociados al consumo de tabaco. La cifra es tan contundente, que incluso el Gobierno Federal publicó estos mismos resultados en su publicidad por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón en 2021. Es decir, nos encontramos frente a un problema claro y definido desde todos los sectores. 

            Hablemos entonces de cuánto recauda el país gracias al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) exclusivo del tabaco y cuánto nos está costando atender las crisis sanitarias derivadas de la venta del mismo producto. En 2019, la recaudación del IEPS al tabaco fue de 42 mil 484 millones de pesos; sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo el gasto para la atención en el país para enfermedades relacionadas con el tabaquismo ascendió a los 116 mil 151 millones de pesos según lo reconocen las propias autoridades.

            Es decir, que con tan sólo información que ya es pública y oficial, podemos llegar a la conclusión de que en México la gestión del gravamen al sector tabacalero es deficiente, insuficiente y problemática. Quizás incluso, un argumento más del por qué el sector salud requiere de una fuerte re-ingeniería. 

La nueva amenaza que ya no es tan nueva

Con el único objetivo de mantener sus ventas, la industria tabacalera (primordialmente la firma Philip Morris) logró introducir al mercado mexicano el uso de cigarrillos electrónicos bajo el argumento de que se trata de un “producto de riesgo reducido”, sin embargo, las pruebas que sustentan dicha afirmación no son claras o simplemente no existen, así lo revela El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una organización sin fines de lucro que se dedica a investigar casos donde la industria puede estar violentando derechos humanos.

            En la misma investigación, Daniel  Castrejón, denuncia que los Productos de Tabaco Calentado  (PTC) le han permitido al sector tabacalero “dar la vuelta” a las políticas de control de tabaco en diferentes países, particularmente el caso mexicano, donde a pesar de estar prohibidos, a través de acciones jurídicas y de cabildeo ha logrado continuar con su distribución.

            Otro problema que describe el investigador en su informe es el del medio ambiente. Dado que los PTC son dispositivos electrónicos cuya cadena de suministro depende en gran medida de la industria extractiva de minerales. En ese sentido, su producción está estrechamente vinculada con la cadena de impactos que su extracción genera alrededor del mundo, tales como el deterioro al medio ambiente, la escasez de agua, la contaminación a los mantos acuíferos y, por consiguiente, en la salud de los pueblos y las comunidades indígenas y equiparables.

El gran reto de regular

La industria del tabaco posee un escenario favorable para el negocio. Y es que actualmente el sector cuenta con un gran margen de ganancia con la venta de esta droga altamente adictiva, son los propios consumidores quienes pagan la carga tributaria del producto. Mientras ese juego desigual se desarrolla, el otro jugador, es decir el Estado parece no poder responder con la misma premura que avanzan los casos de enfermedades derivadas del consumo de productos del tabaco.     

            Tampoco es una industria que genere empleos. Dado que gran parte de la cadena de suministro de esta industria se encuentra fuera del país (salvo por el caso de los campos Nayaritas) actualmente la industria del tabaco se considera pequeña. En 2021 a penas logró general el 0.01% de los empleos formales en México. 

            Ahora que el debate presidencial se retomó el tema sobre generar más impuestos a la industria tabacalera para pagar programas sociales podemos hablar seriamente del tema. Y le podemos solicitar al candidato de Movimiento Ciudadano (MC) que los números que presentó durante el debate son poco claros o falsos. Pues más allá de los posibles impuestos que genera el sistema de gravamen a la industria del tabaco, más allá del costo para México que se requiere para sostener un sistema regulatorio para evitar el tráfico ilegal de esta planta. En el país. Tenemos un serio problema de consumo y captura corporativa que urge atender sin hacer uso político del problema.