El INAI al rescate de María Amparo Casar y el porqué es necesario revisar a fondo a esta institución

El viernes pasado el gobierno de México dio a conocer a la opinión pública un caso de corrupción y fraude de alto nivel, el cual tiene como protagonista a una de las figuras más activas de la supuesta lucha ciudadana en contra de la corrupción: María Amparo Casar, la presidenta de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El caso por el que se le acusa a María Amparo consiste en la mentira y el tráfico de influencias para defraudar a Pemex, esto derivado a un falso testimonio de Amparo Casar sobre el fallecimiento de su exesposo, el cual se trató de un suicidio y no de un accidente laboral; así como del uso de la influencia política de Casar para que el trámite se hiciera más rápido y no se tuviera que esperar a determinar qué pasó en realidad. Como resultado de estas maniobras, María Amparo Casar se llevó más de 48 millones de pesos repartidos en la pensión, seguro de vida, apoyos para la educación de sus hijos y hasta la canasta básica y el pago del gas a lo largo de 20 años desde que pasó la tragedia.

Este hecho generó dos reacciones ampliamente diferentes: por una parte, causó gran indignación, sarcasmo e ironía, dadas las circunstancias; mientras que, por el otro lado, generó que todo un conjunto de portavoces del neoliberalismo y el globalismo salieran a defender a Amparo Casar, sobre todo al apuntar que se violó su privacidad al dar a conocer a la población datos personales en el expediente. 

Más allá de las reacciones del sistema político, llama la atención que el argumento de la supuesta protección de la privacidad y los datos personales fue retomado y encabezado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual prometió que iniciaría una investigación de oficio para determinar si el gobierno había cometido alguna irregularidad o abuso al publicar en redes sociales el expediente del caso de Amparo Casar.  

Ante esta prontitud uno pensaría que el INAI actúa rápida y expeditamente en la protección de la privacidad y datos personales de una ciudadana; sin embargo ¿siempre actúa así o este es un caso especial? ¿Cómo es la labor del INAI en la protección de datos personales de todos los ciudadanos? Ya ni se diga de su labor de transparencia y rendición de cuentas. O ¿será acaso que esta es una maniobra política para controlar el impacto de la revelación en la opinión pública?

Es importante comenzar con qué es exactamente esta institución. De acuerdo con el propio INAI, éste es “es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.

Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal (…) o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, entregue la información pública.

Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales (…)”

Tal como se puede apreciar, y según el propio instituto, este caso resulta contradictorio, dadas las funciones del instituto frente las aspiraciones de sus funcionarios, ya que por un lado están obligados a buscar la transparencia en el uso de recursos públicos, mientras que, por el otro, sus funcionarios aspiran a usar la protección de datos como argumento central. 

Todos los hechos apuntan a que el caso de Amparo Casar debe pasar por el filtro de la transparencia y por sobre la protección de algunos datos personales, ya que la también analista política no sólo recibe una pensión de viudez de quien fue un funcionario público, sino que en ese entonces Amparo Casar era una funcionaria pública, específicamente jefa de asesores del Secretario de Gobernación, Santiago Creel: por lo que, según la ley de transparencia, estos datos no se encuentran bajo la protección de la ley de datos personales.

Sin embargo, el alegato de funcionarios del INAI se basa en la protección de datos personales, especialmente debido a que el gobierno dio a conocer en sus canales el expediente de Amparo Casar; como si el asunto no se tratara de un tema de corrupción y fraude a una institución pública, presentando a Amparo Casar como una víctima frente a excesos de poder del Estado.

Más allá del retorcido uso de los datos personales para fines políticos, resulta irónico que esta institución se erija como férrea defensora de los datos personales, ya que tiene un historial de fallos y resoluciones a favor de empresas como Google, una empresa que abusa de datos personales a nivel masivo (Expediente: PPPD.0057/15; Expediente: PPD.0065/15 y expediente: PPD.0048/15)[1].

Asimismo, en 2015 el INAI otorgó, vía adjudicación directa, la cantidad de 2.1 millones de pesos a una empresa asociada a Google. Otra irregularidad en la relación Google-INAI es que Lina Ornelas, Directora General de Clasificación y Datos Personales durante 12 años en la institución, fue contratada como directora de relaciones gubernamentales en México por Google, como si no existiera un evidente conflicto de interés. 

Otros ejemplos de las anormalidades del INAI incluyen el escándalo de Cambridge Analytica en 2018, un caso que consistió en un abuso masivo de datos a nivel internacional con usos políticos que incluyó a Facebook, en donde la actuación del INAI frente a las fue poco contundente, ya ni se diga en los pronunciamientos públicos al respecto. 

Entonces, ¿qué hace el caso de Amparo Casar tan especial? O ¿Por qué el INAI es tan tímido y complaciente con las empresas y tan presto a actuar en casos con motivaciones políticas? 

Porque seamos honestos, si parte de las labores del instituto es proteger los datos personales de la población frente al abuso y poder de los grandes actores, no sólo políticos, sino económicos, algo está fallando bastante, ya que el internet de la actualidad es una aspiradora explotadora de datos personales y actividad humana, en donde los mexicanos ven sus datos abusados cotidianamente sin que el INAI haga algo más allá de emitir “recomendaciones”. 

Ya ni se diga de otros ejemplos en donde funcionarios del INAI han cometido actos de uso indebido de dinero público y el instituto se dedicó a opacar los hechos, tal como el caso de los funcionarios que gastaron dinero de sus tarjetas institucionales en alcohol y servicios en un table dance.

Entonces, ya que el INAI decidió subirse a la palestra pública para defender un acto de corrupción, estaría bien preguntarnos también de su actuar en general y en la naturaleza de sus funciones y resultados históricos. 

Para concluir, no hay que olvidar que el INAI es una institución que nació en medio del cenit del neoliberalismo, por lo que tiene una inherente naturaleza asimétrica, en donde mientras que el Estado es desnudado y sus datos expuestos públicamente, las empresas gozan de una serie de secretos y protecciones, ya sea en la propiedad intelectual, el secreto bancario y financiero y otras protecciones legales de la información y datos. Otro motivo que vuelve urgente la transformación y rectificación, del INAI, así como una revisión a las leyes de protección de datos personales y públicos, especialmente a la luz del abuso de datos de la población desatado con el entrenamiento de inteligencia artificial.

[1] https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ulrich-richter/la-relacion-perversa-entre-el-inai-y-google/