La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Art. 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hablar de soberanía es remontarnos a la historia de la construcción de nuestra patria.
Es pensar en la Independencia, los liberales de la época de Juárez y la reforma, y transitar por el álgido periodo de la Revolución.
Es retomar y hacer propia la historia de lucha de los movimientos sociales del Siglo XX, es pensar en el General Lázaro Cárdenas. Es nuestra historia como nación agraviada que al ser conducidos por gobiernos que cedieron todo tipo de soberanía dijimos basta.
No lo olvidemos, la soberanía es un poder que reside en el pueblo, y es que ni el Poder Judicial es propiedad de los jueces, como tampoco el Legislativo es de diputados y senadores, y tampoco el Ejecutivo es solamente del presidente.
Y es que tal parece que, en ocasiones, quienes deberían de tener una mayor comprensión de este concepto olvidan que a quien se deben, al ser su génesis y futuro, es al pueblo mexicano.
En los últimos días se ha generalizado en todos los espacios de debate y diálogo público el porvenir del Poder Judicial, el cual está por reformarse en aspectos cruciales para dar pie a un sistema judicial que imparta y garantice la justicia para todas y todos los mexicanos.
Es hoy cuando el repensar la soberanía de nuestro país se torna un ejercicio obligado para entender a quién o quienes responden los poderes de México.
Si bien es cierto que la soberanía está relegada en representantes, también lo es que el poder constituyente emanado de la elección popular tiene las facultades para cambiar lo que la sociedad pide sea cambiado, como es en este caso el sistema de impartición de justicia que resulta profundamente injusto.
Y aun así, por año quisimos que fuese de otra forma.
Que los jueces y magistrados no olviden que se deben a la gente y que no viven de títulos nobiliarios intocables (viva el rey, muera el rey).
Que recuerden que son servidores públicos con obligaciones y derechos de servidores públicos.
Que no omitieran que la Constitución aplica para todas y todos, y no para quienes no tienen recursos legales para frenar disposiciones básicas como es el tope salarial.
Que tuvieran presente la vocación de, por encima de todo, otorgar justicia a quienes lo demandan, poniendo énfasis en la población de abajo y no en los grandes empresarios y las élites económicas.
En síntesis, que el Poder Judicial sea verdaderamente justo.
Pero no fue así, y entonces la soberanía que reside en el pueblo decidió transformar por completo una Justicia injusta.