Cosecha sin manos: el panorama del sector agrícola estadounidense frente a las deportaciones masivas en California

En 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, el portal de noticias NPR publicó el texto “When The U.S. Government Tried To Replace Migrant Farmworkers With High Schoolers”. En ese artículo el autor, Gustavo Arellano, rememora el episodio del A‑TEAM (Athletes in Temporary Employment as Agricultural Manpower) de 1965, un programa para reemplazar con mano de obra juvenil estadounidense a los millones de trabajadores agrícolas mexicanos que habían trabajado en Estados Unidos bajo el llamado Programa Bracero. El texto revela no sólo la dependencia estructural del sector agrícola estadounidense de jornaleros migrantes, además muestra que las condiciones reales del trabajo en el campo pueden ser despiadadas y difíciles de sobrellevar, lo cual no ha cambiado mucho en sesenta años. El proyecto A-TEAM, implementado por el entonces secretario de trabajo W. Willard Wirtz, demostró que el trabajo agrícola –duro, insalubre y mal pagado– no resultó atractivo para jóvenes estadounidenses, incluso si eran físicamente aptos.

En julio de 2025, luego de 5 meses del segundo mandato de Donald Trump, presenciamos lo que parece una intensificación y ampliación del aparato de deportación de inmigrantes indocumentados, particularmente en estados con alta concentración de población migrante como California. Este recrudecimiento de los operativos anti-inmigrante se observa luego de la aprobación de un extenso proyecto de ley fiscal con el que el presidente Trump pretende avanzar su agenda de gobierno. Con la ley presupuestaria “Big Beautiful Bill” aumentará significativamente el financiamiento para la aplicación de las leyes de inmigración al asignar 100,000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este presupuesto tiene el propósito de duplicar la capacidad de detención de inmigrantes en todo Estados Unidos.

El fortalecimiento efectivo de la política migratoria podría traer consecuencias económicas profundas en sectores y regiones clave para la economía estadounidense, como el sector agrícola californiano que está sustentado en gran medida en mano de obra migrante. La implicación inmediata sería un déficit crítico de trabajadores agrícolas.

Este texto explora las tensiones entre economía y política, los dilemas ideológicos, y las alternativas que se abren ante un sistema que necesita mano de obra, pero cuyo gobierno rechaza abiertamente a quienes sustentan su funcionamiento. Se indaga las políticas que el gobierno de Trump tendría que considerar para hacer frente al déficit laboral agrícola sin contradecir su propia narrativa anti-inmigrante. Se argumenta que, lejos de ser un problema coyuntural, la deportación másiva de trabajadores agrícolas revela las contradicciones entre nacionalismo económico, xenofobia institucionalizada y las dinámicas reales del capitalismo agroindustrial.

El episodio A-TEAM

Tras la terminación del programa Bracero en 1964 –que permitía a jornaleros mexicanos trabajar legalmente en Estados Unidos– surgió en aquel país una gran preocupación acerca del impacto en la agricultura. El secretario Wirtz impulsó el programa A‑TEAM con el objetivo de reclutar atletas de secundaria (el equivalente a preparatoria en México) que remplazaran a los jornaleros migrantes. El plan aspiraba a reclutar hasta 20,000 estudiantes deportistas, argumentando que hacían un trabajo físico adecuado para actividades agrícolas. La campaña del proyecto incluyó al Departamento de Trabajo, el Departamento de Agricultura y el Consejo Presidencial de Aptitud Física que invirtieron en anuncios de radio y revistas con figuras como el mariscal de campo John Huarte, ganador del Trofeo Heisman de 1964; “¡El trabajo agrícola forma hombres!”, clamaba una de esas promociones.

En el verano de 1965, unos 18,100 jóvenes se inscribieron, aunque menos del 20% llegó a trabajar en los campos. Estudiantes de todo el país comenzaron a arribar a granjas de Texas y California a principios de junio. Pero los jóvenes enfrentaron condiciones de trabajo extremas: calor de hasta 110 °F (≈43 °C), jornadas de seis días a la semana, alojamientos deplorables (barracones antiguos) y equipamiento deficiente. El pago era el salario mínimo por hora más una pequeña prima por cantidad de producto recogida. En zonas como el valle de Salinas, la mayoría abandonó el trabajo en cuestión de días por las duras condiciones laborales.

El experimento fue considerado un rotundo fracaso y fue cancelado tras su primera temporada. El malogrado proyecto A‑TEAM no solo reveló la inviabilidad práctica de reemplazar trabajadores agrícolas migrantes con ciudadanos locales, sino que evidenció una realidad estructural: la agricultura industrializada en Estados Unidos depende de una mano de obra fácilmente explotable, a menudo racializada y deportable. Como han argumentado varios historiadores laborales, cualquier intento de cambiar esa ecuación sin modificar las condiciones del trabajo agrícola está condenado al fracaso.

El dilema estadounidense: la dependencia estructural agrícola de la mano de obra migrante

La llegada de Trump al poder en 2025 ha traido consigo una política que prioriza redadas y deportaciones en sectores “estratégicos”. El estado de California se ha ubicado como un epicentro de operaciones de inmigración a gran escala y de protestas que a menudo resultan en arrestos. Por ejemplo, el jueves 10 de julio se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales de inmigración que realizaban redadas en granjas legales de marihuana en los condados de Ventura y Santa Barbara. Si bien el ICE ha reportado deportaciones masivas y la salida forzada de numerosos trabajadores, las cifras exactas no son claras ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejó de publicar estadísticas detalladas sobre deportaciones y retornos desde que Trump asumió el cargo. Sin embargo, los operativos del ICE han producido un temor generalizado entre las comunidades inmigrantes lo que incluso a inmigrantes legales les persuade de salir a trabajar. La situación para el sector agrícola es particularmente compleja, pues se genera una escasez física de trabajadores así como un desfase temporal para implementar soluciones alternativas, como reclutar nueva fuerza laboral o automatizar procesos.

La economía de California es excepcionalmente grande, pues su Producto Interno Bruto (PIB) nominal en 2024 alcanzó aproximadamente 4.1 billones de dólares, lo que la situaría como la cuarta mayor economía del mundo si fuera una nación independiente, detrás de Estados Unidos, China y Alemania y por encima de Japón. Además, es el principal estado agrícola de Estados Unidos. Según el Departamento de Agricultura (USDA), en 2022 generó más de 59 mil millones de dólares en productos agrícolas, representando alrededor del 13.5% del valor total de la producción agrícola nacional.

California ha sostenido históricamente su productividad agrícola gracias a una fuerza laboral predominantemente migrante. Además, la mayor parte de los trabajadores del campo son indocumentados. Pero su presencia ha sido tolerada –o facilitada de facto– por décadas, como parte de un sistema laboral informal que mantiene bajos los costos de producción y garantiza la competitividad del sector. De acuerdo con el National Agricultural Workers Survey (NAWS), la mayoría de los trabajadores agrícolas contratados son nacidos en el extranjero y cerca del 50% no tienen documentos migratorios regulares (DOL-NAWS, 2020). Para California, las estimaciones elevan esta cifra a 60-70% en el caso de trabajadores sin autorización legal.

Esta estructura laboral ha sido funcional para el capital agroindustrial, permitiendo bajos salarios, alta flexibilidad y mínima inversión en protección laboral. La política migratoria estadounidense, al criminalizar a estos trabajadores pero permitir su explotación, ha operado como una forma de control laboral más que de exclusión total. Dado este panorama, el gobierno estadounidense enfrenta una contradicción evidente: las políticas anti-inmigrantes afectan negativamente a sectores económicos clave. Con el incremento del presupuesto del ICE el escenario en California puede convertirse en una tormenta perfecta: el choque de la ideología migratoria con la necesidad estructural del capital.

Políticas posibles ante el déficit de trabajadores agrícolas

Existen distintas políticas que el gobierno de Trump podría aplicar para mitigar un déficit de trabajadores agrícolas, aunque todas conllevan sus respectivas implicaciones políticas, económicas y sociales. Lo más viable dentro del marco ideológico trumpista sería ampliar el programa de visas temporales H-2A, que permite la contratación de trabajadores agrícolas extranjeros de forma legal y por tiempo limitado. Para evitar críticas de su base anti-inmigrante, Trump podría enmarcar esta política como una “migración ordenada y patriótica”, donde los trabajadores no se asientan en el país, no tienen derechos de ciudadanía, y están sujetos a control total del Estado. Sin embargo, esta medida tiene obstáculos administrativos y muchos agricultores consideran el proceso lento, burocrático y costoso. Además, existen numerosos reportes de violaciones de derechos laborales en este esquema, lo que podría derivar en demandas judiciales y críticas internacionales.

Una alternativa que podrían considerar las autoridades estadounidense es lanzar otro programa que incentive a ciudadanos estadounidenses a trabajar en el campo a través de subsidios, condonación de préstamos estudiantiles o beneficios fiscales. Pero experiencias pasadas (como el A-TEAM) han demostrado que pocos estadounidenses están dispuestos a realizar trabajos agrícolas que son físicamente demandantes, mal remunerados y con condiciones laborales precarias. Además, el costo fiscal de subsidiar tales programas podría ser impopular dentro del ala más conservadora del Partido Republicano.

Otro camino sería invertir en tecnología agroindustrial para sustituir trabajadores con maquinaria. Esta política permitiría mantener el discurso de “menos dependencia del extranjero”, pero requiere tiempo y cuantiosas inversiones, además de que muchos cultivos en California (como fresas, uvas o lechugas) aún no pueden ser cosechados eficientemente por máquinas. La automatización, además, plantea otro dilema político: ¿quién financiará esta transición tecnológica? ¿sería el Estado el que subsidie a las grandes agroempresas para sustituir a trabajadores que el mismo Estado ha deportado?

En un giro pragmático, el gobierno podría establecer un programa piloto para permitir el reingreso de trabajadores agrícolas previamente deportados, si cumplen ciertos requisitos (sin antecedentes penales, con historial laboral documentado, etc.). Aunque sería impopular entre su base más radical, esta medida permitiría a las empresas recuperar personal capacitado. Si bien este tipo de políticas ya se han aplicado en otros contextos, el problema, en este caso, es ideológico: para Trump, aceptar que necesita a quienes deportó implica una derrota narrativa.

Cualquier política que implique abrir vías para trabajadores extranjeros –aunque sea de forma temporal– generaría tensiones: por un lado, los sectores empresariales presionarían por soluciones pragmáticas; por otro, el ala dura del trumpismo acusaría al presidente de “traicionar” su promesa de proteger el empleo nacional.

Los límites del nacionalismo económico

El déficit de trabajadores agrícolas, resultado de la política de redadas y deportaciones masivas impulsadas por el gobierno federal estadounidense, revela una realidad estructural del sistema agroindustrial en Estados Unidos: no puede sostenerse sin migración. El dilema al que se enfrenta la sociedad de aquel país no es técnico, sino político e ideológico. Cualquier intento de resolver un déficit laboral implica admitir que el sistema necesita de la población que oficialmente se busca excluir. Las políticas propuestas –desde expandir las visas H-2A hasta automatizar la cosecha– serían respuestas parciales y, en varios casos, contradictorias con el proyecto político de Donald Trump. Éste pone en evidencia los límites del nacionalismo económico en contextos de interdependencia global, y plantea una pregunta incómoda: ¿puede un país sostener su prosperidad expulsando a quienes hacen posible su cosecha?

Como advierte Saskia Sassen: la economía global expulsa y luego reincorpora bajo nuevas reglas a aquellos que ha marginado. En esa lógica, el trabajador migrante es esencial y descartable al mismo tiempo. En última instancia, Estados Unidos enfrenta una importante disyuntiva porque sostener una agricultura productiva requerirá reconocer la dignidad y derechos de quienes la hacen posible. Negar esa realidad desde el poder puede traer consecuencias que ningún gobierno podría contener.