Cinco siglos para ser escuchados

Sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y su consulta

Hay leyes que nacen de un trámite legislativo y leyes que nacen de siglos de espera. La que hoy se consulta en dieciséis mil setecientas veintiocho comunidades, en sesenta y nueve pueblos indígenas y en el pueblo afromexicano de México, pertenece sin duda a la segunda categoría. Para entender su peso, hay que empezar por un silencio: el que guardaron, durante casi dos siglos, las leyes y el marco jurídoco de este país.

La Constitución de 1824 no mencionó a los pueblos indígenas. La de 1857 tampoco: los convirtió, de un plumazo liberal, en "ciudadanos mexicanos" iguales ante la ley, un gesto que sonaba a justicia pero que en realidad borraba su especificidad, su autonomía, su derecho a existir como pueblos y no solo como individuos. Ni siquiera la Constitución de 1917, nacida de una revolución que tomó buena parte de su fuerza de los pueblos originarios, les reconoció un estatuto propio. El Estado mexicano se construyó, durante su primer siglo largo de vida, sobre la ficción de que todos éramos iguales porque a nadie se le preguntaba si quería serlo de otra manera.

Ese silencio empezó a romperse, con fuerza simbólica, en 1992. Cuando el gobierno mexicano se preparaba para celebrar el quinto centenario del "descubrimiento" de América, los pueblos indígenas de todo el continente respondieron con algo distinto: movilizaciones que no hablaban de descubrimiento sino de resistencia, quinientos años de resistencia indígena, negra y popular. No fue una conmemoración, fue una acusación. Y dos años después, el primero de enero de 1994, esa acusación se volvió levantamiento: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó cinco municipios de Chiapas el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, para decirle al país que no se podía modernizar hacia afuera mientras se seguía ignorando hacia adentro a quienes siempre habían estado ahí.

De esa rebelión nacieron, en 1996, los Acuerdos de San Andrés: el primer intento serio de traducir en ley lo que los pueblos indígenas llevaban exigiendo siglos y generaciones; autonomía, libre determinación, reconocimiento como sujetos de derecho, no como objeto de políticas asistenciales. Y de esos acuerdos nació también una de las heridas más profundas de la historia indígena reciente de México: la reforma constitucional de 2001, aprobada por un Congreso que tomó la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación y la vació de su contenido más importante. Donde en San Andrés se hablaba de sujetos de derecho público, el Congreso escribió "interés público". Donde se pedía autonomía territorial, se ofreció una fórmula ambigua que dejó la decisión final en manos de cada legislatura estatal. La respuesta de los propios pueblos, del EZLN, de buena parte del movimiento indígena nacional, fue unánime: aquello no era la ley que habían pedido, era su traición.

Pasaron casi veinticinco años antes de que el país volviera a intentarlo en serio. Durante el primer gobierno de la Cuarta Transformación, surgieron los Planes de Justicia: no como retórica, sino compromisos específicos, pueblo por pueblo —yaqui, wixárika, afromexicano— para reparar despojos históricos concretos con la participación directa de las comunidades. Fue, en cierto modo, el reconocimiento de que la justicia indígena no se legisla solamente desde un escritorio en la Ciudad de México, sino que se construye caso por caso, territorio por territorio. Y fue también, en 2024, el gobierno que finalmente llevó al papel constitucional lo que San Andrés había pedido un cuarto de siglo antes: la reforma al Artículo 2º que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, capaces de ejercer su libre determinación y su autonomía. Lo anterior fue sin duda, una de las mejores herencias políticas de Andrés Manuel López Obrador.

Y en medio de ese proceso, el país vivió algo que ninguna reforma legal por sí sola hubiera podido garantizar: en 2025, por primera vez en su historia, un hombre de origen Ñuu Savi, Hugo Aguilar Ortiz, abogado formado defendiendo comunidades oaxaqueñas durante décadas, y también asesor de la causa zapatista, llegó a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fue un nombramiento simbólico desde arriba: fue una elección popular. Que el máximo tribunal del país esté hoy encabezado por alguien que conoce los juzgados no desde la teoría sino desde haber representado, uno por uno, a los pueblos que estas instancias tantas veces ignoraron, dice algo sobre hacia dónde se ha movido la brújula institucional de México.

Hoy esa brújula sigue moviéndose. Desde el mes de junio y hasta el doce de octubre de este año —fecha elegida con toda intención: Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena—, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lleva a cabo, a través del INPI, la consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, norma secundaria que finalmente daría contenido pleno a la reforma constitucional de 2024. 

Y justo en esas asambleas, pueblo por pueblo, la voz de las comunidades no ha dejado lugar a dudas sobre lo que de verdad está en juego: "pedimos que no se permita que nos quiten nuestro territorio y se nos quiera reubicar cuando hay megaproyectos", pidió una comunera en la asamblea de consulta de Tlaxcala. "Queremos que se nos permita resolver nuestros conflictos internos de manera propia", exigió un indígena mixteco en Oaxaca. "Que la nueva ley sea una protección contra el despojo y la apropiación de nuestras expresiones culturales", reclamó un wixárika en Jalisco. "Necesitamos que la nueva ley abra la puerta al reconocimiento de nuestra propiedad ancestral", resumió una compañera nahua en el Estado de México. Cuatro voces, cuatro regiones distintas, un mismo reclamo de fondo: que los derechos se vuelvan ley.

Se podrá discutir, como debe discutirse toda ley en construcción, los detalles finos de su redacción. Pero lo que no admite demasiado matiz es la dirección del camino: de la Constitución que no los mencionaba, a los acuerdos traicionados por el Congreso, a los Planes de Justicia construidos con las comunidades, a un indígena mixteco presidiendo la Suprema Corte, hasta esta consulta que, por primera vez, no le pregunta a los pueblos originarios y afromexicanos si están de acuerdo con una ley, sino que construye la ley a partir de lo que ellos tengan que decir. Quinientos años después de aquel silencio constitucional, México finalmente empieza a escuchar antes de legislar. Esa, y no otra, es la medida real del avance.