La batalla es internacional

A dos años del gobierno de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y a un año de las próximas elecciones intermedias en México, el escenario político de nuestro continente obliga a detenernos y reflexionar. En medio de las transformaciones que viven México, América Latina y el mundo, una sombra perturbadora parece recorrer el hemisferio: el avance de proyectos políticos autoritarios, ultraconservadores y abiertamente hostiles hacia los movimientos progresistas, los derechos humanos y las instituciones democráticas.

No se trata solamente de una disputa electoral entre partidos o de una diferencia ideológica más. Lo que está en juego es el modelo de sociedad que queremos construir y, sobre todo, la capacidad de nuestros pueblos para decidir libremente su propio destino. La historia reciente de América Latina demuestra que los avances democráticos nunca están completamente garantizados. Pueden ser debilitados, revertidos o incluso destruidos cuando las sociedades dejan de defenderlos.

Durante las últimas décadas, distintos países latinoamericanos experimentaron procesos de transformación política que, con sus aciertos y errores, representaron intentos importantes por ampliar derechos, fortalecer la participación ciudadana y recuperar la dignidad de los sectores históricamente marginados. Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y México han vivido, cada uno a su manera, momentos de esperanza democrática y de búsqueda de alternativas frente a los modelos económicos y políticos tradicionales.

Sin embargo, muchos de esos procesos enfrentan hoy enormes dificultades.

Ecuador representa un ejemplo particularmente doloroso de cómo pueden cambiar las condiciones políticas de un país. Durante años fue reconocido internacionalmente, entre otras cosas, por haber ofrecido protección diplomática a Julian Assange en su embajada en Londres, en un episodio que puso en el centro del debate mundial la libertad de expresión, el derecho a la información y los límites del poder de los Estados. Aquella decisión convirtió a Ecuador en un símbolo de resistencia frente a las presiones internacionales, aunque posteriormente el país tomó otro rumbo político.

Argentina, después de décadas marcadas por golpes de Estado y una de las dictaduras militares más oscuras de América Latina, emprendió un largo proceso de reconstrucción democrática. La recuperación de las instituciones y de la memoria histórica fue una conquista fundamental de su sociedad. Chile, por su parte, después de las grandes movilizaciones sociales de 2019, abrió un profundo debate sobre su modelo político, económico y constitucional. Colombia también protagonizó una transformación histórica con la llegada de un gobierno progresista que rompió con décadas de predominio de las fuerzas políticas tradicionales.

En Uruguay, la experiencia de José Mujica se convirtió además en un referente internacional de una izquierda democrática vinculada con la austeridad personal, la justicia social y la defensa de la soberanía de los pueblos.

Pero estos procesos no ocurren en un vacío. América Latina es una región profundamente vinculada con los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Durante décadas, Estados Unidos ha considerado al continente americano como una zona estratégica para sus intereses económicos, políticos y militares. Esa realidad histórica no puede ignorarse cuando analizamos los conflictos actuales.

Hoy, la disputa adquiere nuevas dimensiones.

El ascenso de fuerzas políticas de extrema derecha en distintos países, acompañado por discursos nacionalistas, xenófobos, racistas o autoritarios, constituye un desafío que no puede ser minimizado. En algunos casos, estas fuerzas han logrado capitalizar el descontento social, la inseguridad, la migración, la crisis económica y el desencanto con las instituciones tradicionales. Han construido un discurso sencillo para problemas complejos: identificar enemigos, señalar culpables y prometer soluciones rápidas mediante el ejercicio de un poder cada vez más concentrado.

México tampoco está aislado de esta tendencia.

Nuestro país se encuentra en medio de una transformación política que ha despertado enormes expectativas, pero también fuertes resistencias. El proyecto iniciado con Andrés Manuel López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum enfrenta una oposición que no solamente se expresa en el terreno electoral. Existe una disputa mucho más profunda por el rumbo económico, social y político de México.

En este escenario aparecen grupos y actores políticos que buscan recuperar espacios de poder y modificar el rumbo emprendido durante los últimos años. La discusión democrática es legítima y necesaria; sin embargo, debemos preocuparnos cuando la competencia política comienza a sustituirse por discursos de odio, campañas de desinformación o llamados a la intervención de intereses extranjeros en los asuntos internos de nuestros países.

La soberanía nacional no significa cerrar las puertas al mundo. Significa, precisamente, tener la capacidad de relacionarnos con otras naciones sin renunciar a nuestra propia voluntad.

Y aquí aparece una cuestión fundamental: la relación de América Latina con Estados Unidos.

El regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense ha vuelto a colocar sobre la mesa una visión particularmente dura respecto de la migración, la seguridad fronteriza y la relación con los países latinoamericanos. El discurso político estadounidense ha utilizado con frecuencia a los migrantes como objeto de confrontación electoral, mientras millones de personas viven situaciones de persecución, discriminación e incertidumbre.

No debemos olvidar que detrás de las estadísticas migratorias existen seres humanos: trabajadores, familias, niñas, niños y jóvenes que buscan mejores oportunidades.

El problema, por tanto, no puede reducirse a una cuestión de fronteras.

Cuando una nación poderosa utiliza su capacidad económica, política o militar para imponer condiciones a otros países, la soberanía de estos últimos queda inevitablemente amenazada. Y América Latina conoce demasiado bien esa historia.

La experiencia de las dictaduras militares del siglo XX debería ser suficiente para comprender los peligros de permitir que el autoritarismo vuelva a instalarse en nuestro continente. Las generaciones que vivieron los golpes de Estado, la persecución política, las desapariciones forzadas, la censura y la violencia de Estado saben que la democracia no es un regalo: es una conquista social que debe defenderse permanentemente.

Por eso resulta indispensable aprender de la historia.

La Segunda Guerra Mundial demostró hasta dónde puede llegar un proyecto político basado en el racismo, el militarismo, el nacionalismo extremo y la eliminación del adversario. La derrota del nazismo fue posible gracias a una enorme coalición internacional en la que participaron fuerzas políticas y sociales profundamente distintas entre sí. La lección fundamental de aquella tragedia es que ninguna sociedad está completamente protegida frente al autoritarismo.

Hoy no vivimos una repetición exacta de aquella época, y sería un error establecer equivalencias históricas simplistas. Sin embargo, sí existen elementos que deben preocuparnos cuando observamos discursos que deshumanizan al adversario, justifican la violencia, atacan a las minorías o presentan la eliminación de los derechos de ciertos grupos como una solución a los problemas nacionales.

Por eso, los movimientos progresistas, democráticos y defensores de los derechos humanos del hemisferio tienen una responsabilidad histórica.

No se trata de defender ciegamente a ningún gobierno. Tampoco significa justificar todos los errores de quienes se identifican con la izquierda. La democracia exige autocrítica. Un proyecto progresista que deje de escuchar a la sociedad, que tolere la corrupción, que ignore la inseguridad o que permita abusos de poder también puede perder la confianza ciudadana.

Defender la democracia significa defenderla incluso cuando las decisiones de un gobierno no coinciden con nuestras preferencias.

La verdadera batalla, entonces, no debe plantearse simplemente entre izquierda y derecha. Debe plantearse entre democracia y autoritarismo; entre soberanía y subordinación; entre derechos humanos y discriminación; entre justicia social y exclusión.

En México, esta discusión será especialmente importante de cara a las próximas elecciones intermedias. Los ciudadanos tendrán nuevamente la oportunidad de decidir qué proyecto político quieren para el país. Pero para que esa decisión sea verdaderamente democrática será necesario que exista información, debate, participación y respeto por las instituciones.

No podemos permitir que el miedo sea utilizado como instrumento político.

Tampoco podemos permitir que el narcotráfico, la violencia y la inseguridad sean utilizados como argumentos para justificar cualquier forma de intervención extranjera o para convertir a nuestros países en territorios sometidos a intereses ajenos.

La lucha contra el crimen organizado es una responsabilidad fundamental del Estado, pero también debe realizarse dentro del marco de la ley y respetando los derechos humanos. De lo contrario, el remedio puede terminar convirtiéndose en otra forma de violencia.

América Latina necesita construir sus propias respuestas.

Necesitamos cooperación regional para combatir al narcotráfico, pero también para enfrentar la pobreza, la desigualdad, la migración, el cambio climático y la falta de oportunidades. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones y nuestras democracias. Necesitamos gobiernos capaces de garantizar seguridad sin sacrificar libertades.

México tiene, en este contexto, una responsabilidad particular.

Por su historia, por su posición geográfica y por su peso político y económico, nuestro país puede desempeñar un papel fundamental en la defensa de la soberanía latinoamericana. Pero para hacerlo necesita fortalecer primero sus propias instituciones, combatir la corrupción, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y profundizar la democracia.

No podemos aceptar que nuestros pueblos sean tratados como ciudadanos de segunda categoría. No podemos permitir que América Latina sea vista únicamente como un territorio proveedor de recursos naturales, mano de obra barata o mercado para las grandes potencias.

Nuestros pueblos tienen derecho a decidir su propio futuro.

La dignidad nacional no significa aislamiento. Significa cooperación entre iguales.

Por eso, la defensa de los gobiernos progresistas tampoco debe convertirse en una defensa automática de cualquier decisión tomada por ellos. El progresismo del siglo XXI debe demostrar que puede gobernar con eficacia, transparencia y sensibilidad social. Debe demostrar que puede reducir la pobreza, generar empleos dignos, garantizar seguridad y ampliar derechos sin caer en prácticas autoritarias.

La mejor defensa frente a la extrema derecha no es el miedo.

Es una democracia que funcione.

Es un Estado que proteja a sus ciudadanos.

Es una economía que genere oportunidades.

Es una sociedad que no abandone a los más pobres.

Es una política que vuelva a escuchar a quienes durante décadas no fueron escuchados.

Y, sobre todo, es una ciudadanía organizada, informada y consciente de que sus derechos no son permanentes si no existe voluntad para defenderlos.

El momento que vive América Latina exige responsabilidad. Las elecciones que vienen en México y los procesos políticos que se desarrollan en otros países del continente no deben analizarse como acontecimientos aislados. Forman parte de una disputa mucho más amplia sobre el futuro político de nuestro hemisferio.

Podemos permitir que el miedo, el racismo, el autoritarismo y la subordinación definan nuestro futuro, o podemos construir una alternativa basada en la democracia, la soberanía, la justicia social y los derechos humanos.

La historia nos ha demostrado que los pueblos pueden resistir y transformar su realidad. También nos ha enseñado que los avances pueden perderse cuando las sociedades dejan de participar.

Por eso debemos permanecer atentos.

Debemos fortalecer nuestras instituciones.

Debemos defender la libertad de expresión.

Debemos proteger los derechos humanos.

Debemos rechazar el racismo y cualquier forma de discriminación.

Debemos exigir gobiernos honestos y eficaces.

Y debemos comprender que la democracia no se defiende solamente el día de las elecciones.

Se defiende todos los días.

Lo que está ocurriendo en América Latina no es solamente un problema de gobiernos, partidos o candidatos. Es una disputa por el futuro de nuestros pueblos.

Y ese futuro no debe decidirse en oficinas extranjeras, en mercados financieros ni en los intereses de quienes consideran a nuestros países simples piezas de un tablero geopolítico.

Debe decidirse en nuestras sociedades, mediante la participación de nuestros ciudadanos y dentro de nuestras propias democracias.

Porque la soberanía no se negocia.

La dignidad tampoco.

Y frente a cualquier intento de convertir nuevamente a nuestros pueblos en ciudadanos de segunda categoría, la respuesta debe ser firme, democrática y colectiva.

La batalla es internacional.

Pero también es una batalla por la dignidad de cada pueblo, por la libertad de cada ciudadano y por el derecho de nuestras naciones a construir su propio destino.