Las campañas políticas

Álvaro Arreola Ayala[1]

Como cada determinado tiempo,  la euforia electoral se desata en México a propósito de la sucesión presidencial. La de 2024 no es la excepción.

La gran novedad, es que en ésta, el temor a escuchar al Presidente de la República impacta como nunca a los partidos políticos opositores y, a un grupo de integrantes de los organismos electorales federales  fieles a las posturas ideológicas y políticas de quienes les impulsaron a estar como consejeros o magistrados electorales.

Los integrantes del Frente Amplio Por México (PRI, PAN y PRD), no acaban de aceptar  varios procesos: a) la mayoría del electorado nacional ya no vota por ellos; b) terminaron por dejar de ser organismos independientes, pues ahora están conducidos por las directrices de un sector del empresariado nacional; y, c) no cuentan con cuadros profesionales de militantes, ya que dependen de ex funcionarios públicos, ex consejeros y ex funcionarios electorales para conducir sus irreconocibles intereses partidarios en la lucha próxima.

El PRI, PAN y PRD insisten en atribuir el origen de la falta de equidad de la competencia entre los partidos políticos no a las incapacidades y debilidades propias, sino a la intervención mediática del titular del ejecutivo federal en turno (AMLO). Esto es una desvergüenza política además de ignorancia histórica. 

Como decía Francisco I Madero: “si la nación llega a organizarse fuertemente en partidos políticos, al fin logrará que se respeten sus derechos”. Sin partidos libres y sin una legislación electoral adecuada, todavía es inexistente un verdadero sistema de partidos. Al menos desde 1945, la legislación no alienta la construcción moderna partidista. El rechazo conservador a una nueva ley electoral sigue retrasando la existencia de un sólido subsistema de partidos nacional, estatal y municipal que descanse en una competencia democrática.

En nuestro país, es cierto que la intervención del aparato de Estado en los comicios, fue siempre una orden implementada por el ejecutivo federal. Existen muchos ejemplos que llenarían miles de páginas con diversos  testimonios que demuestran históricamente la intervención ilegal de los poderes públicos  tanto en procesos federales como estatales y municipales. Sobre todo, entre los años que van de 1982 al 2018.

Lo que no se acaba de aceptar es que el gobierno federal actual no ha intervenido ni con recursos humanos y mucho menos recursos públicos en las elecciones ocurridas desde 2018. La autoridad electoral tiene todos los instrumentos constitucionales y legales para investigar todo lo necesario. Puede fácilmente constatar que los poderes públicos, partidos y ciudadanos no realicen acciones contrarias a la normatividad existente. 

El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral (TEPJF) cuentan con un enorme aparato profesional. Dotado de personal técnico y ejecutivo que puede, como se ha visto recientemente, marcar líneas de actividad a los partidos y, principalmente, detectar los gastos que aquellos realizan de sus actividades ordinarias. No es necesario presionar o amenazar a los partidos cuando estos cumplen los propósitos permanentes señalados en la Constitución: promover la participación del pueblo en la vida democrática y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.

Lo anterior no se limita a un determinado tiempo. La autoridad electoral no tiene la facultad de buscar la docilidad de los actores políticos. Por consiguiente, tampoco está facultada para proponer que la sociedad renuncie a pensar políticamente día a día. Es obligación permanente de los partidos y sus aspirantes a puestos de representación convencer a la ciudadanía de su visión. 

Las elecciones de 2024 dejaron de ser una imposición del ejecutivo federal. Se convierten en enfrentamientos serios entre grupos que han probado su fuerza y su capacidad para imponerse históricamente. Con las movilizaciones que se están haciendo en muchas regiones del país la vida política recupera su esencia en la plaza pública.

Por años la ciudadanía mexicana ha estado inmersa en un espacio de libertad limitada o inexistente. Frenar con regulaciones la actividad política en un proceso de transformación es un error. La autoridad electoral está para alentar la actividad democrática no para frenarla.

[1] Sociólogo e Historiador. Investigador Titular del IISUNAM.