Gutiérrez Rebollo, García Luna y EEUU: ¿errores de inteligencia, traición o complicidad?

La tentación intervencionista estadounidense en México vuelve a la discusión pública tras una iniciativa presentada por el legislador republicano de Texas, Dan Crenshaw, que plantea el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en contra de países y organizaciones extranjeras asociadas al tráfico y producción de fentanilo. La iniciativa enlista nueve cárteles de la droga mexicanos y asegura que el gobierno de México se rehúsa a combatir estos grupos por lo que resulta necesaria la intervención de fuerzas estadounidenses. A esta, se sumó la voz de los legisladores republicanos Lyndsey Graham, Marco Rubio y John Neely al mismo tiempo que se daba a conocer que cuatro estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, por un grupo criminal y dos fueran asesinados. Si bien es altamente probable que la iniciativa no prospere, ha despertado sentimientos propios de políticas estadounidenses del pasado.

En 1986, en la administración de Ronald Reagan, el Congreso de Estados Unidos creó un proceso de certificación para los países que consideraba aliados en su guerra contra el narcotráfico ante “la creciente preocupación de los votantes por la violencia y adicción a la cocaína o crack”, esto, en la antesala de un proceso electoral presidencial. Esta figura de proceso de certificación requería que el presidente enviara al Congreso de manera anual una lista de los principales países con producción y tráfico de narcóticos que no cooperaban lo suficiente contra el narcotráfico. En caso de no ser acreedores de dicha certificación, se estipulaba la suspensión de los fondos y ayuda financiera estadounidenses a ese país. Esta política estuvo destinada a una buena cantidad de países latinoamericanos y desde luego, a México, la cual, estuvo vigente entre 1986 y 2002. La medida se dio en el contexto del asesinato del agente de la DEA de Estados Unidos Enrique “Kiki” Camarena en 1985. 

En 1997, un grupo de legisladores encabezado por el líder de la minoría demócrata Richard Gedphardt y la senadora Dianne Feinstein (actualmente en el cargo), buscó que el gobierno de Bill Clinton no le otorgara a México la certificación a México en ese año. Finalmente, el gobierno de Clinton decidió otorgársela lo que despertó críticas de congresistas y sobretodo de Gephart y Al Gore, quienes aspiraban a ser candidatos presidenciales. En febrero de 1997 el general Jesús Gutiérrez Rebollo quien encabezó el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas en el Gobierno de Ernesto Zedillo, fue detenido durando apenas 72 días en el cargo. El militar fue acusado de proteger al cartel de Juárez y a su líder, Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”. Gutiérrez Rebollo se convirtió en el oficial de mayor rango detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esto confirmaría las críticas a la certificación a México ante “la clara colusión” entre funcionarios de alto nivel con el crimen organizado. Paradójicamente, elementos de la novena Zona Militar, con sede en Culiacán, Sinaloa, que entonces encabezaba Gutiérrez Rebollo, detuvieron en 1989 a Amado Carrillo, sin embargo, en esa ocasión Amado Carrillo fue liberado dos años más tarde. Familiares de Gutiérrez Rebollo han asegurado que el general “habría sido detenido por indagar la relación entre narcotraficantes y la familia del entonces presidente Ernesto Zedillo”. El general fue sentenciado en la justicia mexicana a 40 años de cárcel.

El caso de Gutiérrez Rebollo es el antecedente más inmediato de un funcionario de alto nivel procesado por vínculos con el narcotráfico al de Genaro García Luna quien es procesado en una corte de Nueva York. La defensa de García Luna se empeñó en el juicio en asegurar que no hubo una administración que colaborara más de cerca con la Casa Blanca en temas de seguridad que la de Felipe Calderón. Cabe recordar que la política de seguridad en este periodo despertó tensiones al interior del gobierno estadounidense, lo que llevó incluso a la salida del embajador Carlos Pascual de México en 2011 a petición del gobierno calderonista, ya que Pascual había criticado a la guerra que el gobierno mexicano libraba contra el narcotráfico y que fue revelado por los cables de Wikileaks. Fue sustituido por Anthony Wayne, quien acaba de testificar en el juicio de Genaro García Luna que durante el tiempo que fue embajador en México (2011-2015), nunca recibió información “específica ni creíble” de que este fuera corrupto. 

Mientras en el siglo pasado, Estados Unidos tutelaba democracias y políticas de seguridad de manera formal y unilateral, en México ya entrado este siglo, Estados Unidos pasó de vigilar y castigar a ser un colaborador omiso, pues García Luna se alimentó en buena medida de inteligencia a información proveniente de Estados Unidos. La DEA despidió el año pasado a su director en México, Nicholas Palmeri, por sus vínculos con varios abogados que defienden a narcotraficantes.Palmieri, de 52 años, llegó al cargo a  principios de 2020 tras pasar por la policía de Nueva York y por la oficina de la DEA en Guadalajara. Muchas veces se repara en la corrupción institucionalizada pero pocas veces en la responsabilidad estadounidense.