El Poder Judicial, también está obligado a cumplir la Constitución.

En los últimos días, hemos escuchado diversos argumentos sobre el cumplimiento de la Constitución como la única forma para llegar a la justicia y por ende, a la democracia; argumentos que no son del todo claros, y mucho menos validos, de quienes durante tanto tiempo la pisotearon y la manosearon con el único fin de satisfacer sus necesidades, en contra del interés nacional y del interés general.

Nuestra Constitución determina claramente que es el pueblo quien en todo momento podrá modificar la forma de su gobierno, pero va más allá, pues señala que la soberanía reside en el pueblo, y que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo. 

Así los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están instituidos, o por lo menos eso es lo que dice la constitución, para beneficio del pueblo. Sin embargo, hemos visto a lo largo del tiempo, y sobre todo de 1988 a la fecha, que los poderes o alguno de ellos, siempre han estado en contra del pueblo.

Podemos señalar que el Poder Legislativo, dependiendo del partido o grupo de partidos que tenga la mayoría, es a donde se inclina la balanza, hacia la oligarquía o hacia el pueblo; basta ver los dos sexenios anteriores, donde un grupo de narcotraficantes gobernó en beneficio de unos cuantos, pues no solo se benefició de ello, los grupos delictivos, sino un grupo de políticos, periodistas y dueños de empresas (principalmente medios de comunicación) que también obtuvieron beneficios, muchos beneficios; o bien, en el sexenio pasado, donde hasta el agua quisieron privatizar, sin olvidar las concesiones multimillonarias de medicinas, servicios de salud, entrega de playa a extranjeros, Iberdrola, Odebrecht, y muchos más.

En cuanto al Poder Ejecutivo, hemos visto lo mismo, pues el Legislativo no hacía nada sin que el Ejecutivo se lo indicara. La política de privilegios para algunos cuantos viene del Ejecutivo, de ahí la condonación de impuestos, el reembolso de los mismos, las concesiones a amigos y hasta la exención del pago de energía eléctrica.

Y es ahí donde entra el otro Poder, el Judicial, donde siendo cómplice de los otros dos poderes, señalaba que todo ello era apegado a derecho, que todo lo que se hacía estaba acorde o apegado a derecho, nunca hubo una resolución que señalara que las leyes del Poder Legislativo o los actos del Poder Ejecutivo, estuvieran en contra de la Ley o en contra de algún tratado internacional, o bien, que no se hubiese cumplido con las formalidades del procedimiento, no, nunca existió una sentencia en ese sentido, quizá porque se debían a esos poderes.

Pero hoy vemos a un Poder Judicial, encabezado por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, que exige el respeto a la Constitución, pero ella no respeta ni un simple protocolo, exige que no se le señale sus errores, creyéndose la única que tiene la posibilidad de criticar sin ser criticada. 

Esto nos demuestra que se requiere una profunda reforma del Poder Judicial, que esté verdaderamente aplicando el derecho, pero protegiendo los intereses nacionales, los intereses generales y no los intereses de unos cuantos.

Muchos han dicho que ese poder no puede ser sometido a elección popular, y nuestra pregunta es ¿por qué no? ¿acaso son los príncipes del Poder?

Ciertamente deberá existir un mecanismo para elegir, por lo menos, a quienes estarán al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a quienes se encargaran de su vigilancia, es decir del Consejo de la Judicatura, pero también transparentar el mecanismo de asignación de los Jueces y Magistrados e incluso determinar claramente nuevas reglas que permitan verdaderamente la independencia del Poder Judicial; independencia de los poderes facticos, pues muchos jueces se deben a esos poderes fácticos, como se puede apreciar con los jueces especializados en competencia económica, pues ellos están ahí para proteger a una u otra empresa en contra del gobierno, en contra del beneficio colectivo.

Se requiere un Poder Judicial, que vigile a los otros dos poderes, pero esa vigilancia siempre debe ser para evitar que se actúe en contra del interés general, del interés del pueblo y entonces sí, la hoy presidenta de la Suprema Corte tendrá la calidad moral para exigir el cumplimiento de la Constitución, sobre todo en su artículo 39, que señala “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”

Ese es el trabajo de la Presidenta de la Suprema Corte, vigilar que todo acto de los otros poderes, estén apegados a este artículo, y que el Poder que preside, desde el juez de distrito, tribunales colegiados y suprema corte se ciñan a esta voluntad del pueblo, que apliquen el derecho, pero siempre buscando la justicia.