Vidas cotizadas en dólar

En el último año, fueron contabilizadas más de 110,000 muertes producto de sobredosis por consumo de estupefacientes en los Estados Unidos de Norteamérica; de las cuales aproximadamente 70 mil son relacionadas al uso de fentanilo. Se calculan alrededor de doscientas muertes diarias por el consumo de esta droga.

El transporte fronterizo de drogas entre México y Estados Unidos, ha generado una hemorragia incontenible. Particularmente desde el sexenio del ex presidente Felipe Calderón encrudeció la forma del comportamiento criminal. La asociación delictuosa entre cárteles y autoridades quedó expuesta diáfanamente, con la reciente sentencia judicial en contra de Genaro García Luna, el “súper secretario” de Seguridad Pública en el periodo Calderonista. 

Los intereses gubernamentales se encuentran en medio del lucrativo negocio del narcotráfico. La retórica politiquera ha sido moldeada acorde a las intenciones monetarias, dejando a un lado un genuino combate al crimen organizado; no solamente en cuanto a inteligencia en el desmantelamiento de las organizaciones del crimen, sino, enfrentando las causas estructurales. 

El multicitado y reciente caso, en el que lamentablemente dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados en el Estado de Tamaulipas, generó opiniones de carácter público, en el que congresistas republicanos amagaron con categorizar a los cárteles del narcotráfico que se desarrollan en México como grupos de terrorismo. Lo anterior permitiría jurídicamente la intervención policiaca y de las fuerzas armadas estadounidenses para combatir a los cárteles, en territorio mexicano. 

Acorde a las diversas acepciones de “terrorismo”, la justificación de los actos de violencia se da en función a la consecución de un fin ideológico. La motivación del acto terrorista nace en el plano político e ideológico. Contrario a ello, el despliegue organizativo del narcotráfico tiene un interés lucrativo. Lucro que genera enormes riquezas; no únicamente para los cárteles en México, también para quien distribuye y comercializa la droga en territorio estadounidense.

Es menester cuestionarnos sobre el trasfondo de la advertencia que hacen los congresistas republicanos. Tácitamente el planteamiento que vierten sobre el ingreso de sus fuerzas armadas para el combate al narcotráfico, sería interpretado acorde a nuestro esquema normativo como una invasión. Independientemente de la seriedad con la que sea formulada; o por simple retórica electorera; los congresistas afirman que atentarían a la soberanía de México, con tal de combatir al crimen organizado y proteger a sus conciudadanos.

Si la intención gubernamental de los Estados Unidos fuera la disminución del tráfico de drogas, atenderían con creces la solicitud del gobierno de México, para que, inicialmente se controle el flujo de armas que ingresa a nuestro país desde el suyo. De manera causal o casual, los proveedores de recursos materiales para los cárteles en México, son la industria armamentística Norte Americana. Un negocio tan lucrativo como lo es la comercialización de drogas. 

Miles de mexicanos mueren año con año tanto en la línea fronteriza como en el propio territorio estadounidense. Se encuentran documentadas situaciones de homicidios ejecutados por policías estadounidenses en contra de ciudadanos mexicanos en territorio nacional, incluso, en contra de menores de edad; como aconteció en el año 2010 con el niño Sergio Adrián Hernández, de 14 años de edad. Quien se encontraba jugando en el Puente Negro, en la frontera de Ciudad Juárez 

Un agente de la Patrulla Fronteriza imaginó que el niño pretendía cruzar hacia los Estados Unidos y disparó terminando con su vida. 

El hecho de no permitir, incluso a costa de la vida, el cruce de un ser humano; pareciera una motivación discriminatoria ideológica; política. 

¿Las muertes en contra de nuestros paisanos en manos de autoridades estadounidenses podrían considerarse terrorismo?

¿Hay vidas que valen más que otras? ¿Cuánto vale la nuestra?