Un amparo en una cajetilla de cigarros y los fideicomisos millonarios del PJF

Corría el año de 1917, durante al menos siete años en que el país había estallado la revolución mexicana, entre tantos gobiernos y levantamientos armados, el Poder Judicial había quedado algo relegado del presupuesto. Aunque eso no impidió que el Poder Judicial federal siguiera operando y siendo un contrapeso de los poderes establecidos. 

En ese año, dos hombres habían sido aprehendidos por el jefe de operaciones militares en Tuxtla Gutiérrez que había ordenado su fusilamiento. Esto al ser escuchado por el Juez de Distrito más cercano, otorgó la suspensión provisional en un juicio de amparo, para proteger a los hombres de ser fusilados.  Y aunque no tenía papelería, escribió la suspensión en una envoltura de cajetilla de cigarros y junto con su secretario actuario acudieron al lugar a evitar el fusilamiento y garantizar un juicio justo. 

Nos trasladamos a hoy en día en donde esta semana en la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de diputados aprobó la iniciativa que presentó el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena para eliminar los millonarios fideicomisos del Poder Judicial Federal. 

De acuerdo con el congresista dichos fideicomisos son utilizados para mantener privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México.  Pues dichos fideicomisos son utilizados para el mantenimiento de viviendas, apoyos médicos adicionales, pensiones y prestaciones complementarias. 

Puso como ejemplo el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comprenden más de 6 mil millones de pesos y en los últimos ocho ejercicios se han mantenido sin movimiento, salvo por los intereses que dichos recursos han generado y apuntó que al otorgar mayores recursos a los juzgados se podría reducir el promedio de tiempo para emitir las sentencias ¡Que hoy es cercano a los 800 días!

Desde luego las críticas no tardaron en llegar sobre que se estaban violentando los derechos laborales de los trabajadores del poder judicial.

Para entender este problema debemos remontarnos al siglo XX, particularmente al porfiriato y la revolución, en donde el Poder Judicial había servido como contrapeso a la dictadura de Porfirio Díaz y llegando la revolución y la institucionalización de la misma el poder ejecutivo decidió no tener problemas con el poder judicial como había sucedido durante los años de Porfirio Díaz. 

Durante el siglo XX el Poder Judicial se convirtió en una burocracia dorada, con las mejores prestaciones, y una carrera que prometía un ascenso social, combinada con la discrecionalidad de los cargos y nepotismo. Con la llegada de la democracia, la situación continuó de la misma forma para el Poder Judicial. 

El precio fue el no involucrarse en asuntos políticos, es decir, desde el presente creado por Ignacio L Vallarta sobre la no justiciabilidad de los asuntos electorales, el poder judicial no se metió en asuntos políticos mientras que el presupuesto del Poder Judicial y las prebendas del Poder Judicial federal y los poderes judiciales estatales aumentaban. Los críticos de esta eliminación sugieren que es un ataque al Poder Judicial y que son necesarios dichos fondos millonarios para la operatividad del Poder Judicial. Pero como demuestra la historia del principio, no se necesitan fondos millonarios para ser un poder independiente y garante de los derechos humanos.