Caso Alberto Trentini vs. el gobierno venezolano ante los Derechos Humanos

Venezuela parece haber superado, una vez más, los límites de la impunidad institucional y la opacidad en cuanto al respeto de los derechos humanos. La reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptada el 7 de enero de 2025, pone en evidencia la situación alarmante del activista italiano Alberto Trentini, un hombre que, a lo largo de su labor en la ONG "Humanity and Inclusion (hi-lac)", buscaba ofrecer ayuda en un país con severas deficiencias procesales y la justicia en general. 

Trentini fue detenido el 15 de noviembre de 2024 por las autoridades venezolanas y, desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio. Ahora, la comunidad internacional exige justicia. La indiferencia ante los pronunciamientos por parte del Estado venezolano ante las solicitudes internacionales y la ausencia de respuestas del gobierno federal evidencian una vez más la falta de acuerdos que colaboren en un proceso justo de rendición de cuentas.

El Estado venezolano, ha hecho caso omiso a la exigencia de la CIDH para esclarecer la situación de Trentini quien fue detenido presuntamente por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), y trasladado a las autoridades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con destino final en Caracas quienes no han revelado las motivaciones de dicho acto. 

Las medidas cautelares solicitadas por la CIDH son una demostración de la urgencia de la situación. Se le exige al gobierno venezolano que, de una vez por todas, garantice la vida e integridad de Trentini, pero también se le pide que dé cuentas claras de su detención, una detención que se desarrolla en un silencio sepulcral. Asimismo, el gobierno venezolano no solo se niega a ofrecer información sobre su paradero, sino que se niega a permitir el contacto con sus familiares y abogados, algo que constituye un grave quebranto a la dignidad humana y una violación clara de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Solicitud internacional

La CIDH, como autoridad supranacional, no solo reclama respuestas sobre el paradero de Trentini, sino que demanda condiciones mínimas de humanidad: acceso a atención médica, el derecho a comunicarse con sus seres queridos, y la revisión de su situación legal. En medio de todo esto, lo más alarmante es que Venezuela parece no inmutarse ante los llamados de la comunidad internacional. La constante falta de rendición de cuentas y la evasión de responsabilidades es calificada como “alarmante” para los mecanismos internacionales.

Es importante destacar que el otorgamiento de medidas cautelares no implica un juicio previo sobre la culpabilidad o inocencia de Alberto Trentini. No se trata de emitir un veredicto sobre los hechos que se le imputan, sino de garantizar su integridad física y su derecho a un debido proceso. Este es un principio básico que cualquier país democrático debe respetar.

La respuesta de la comunidad internacional, especialmente la OEA, se presenta como un faro de esperanza para quienes en Venezuela luchan por los derechos fundamentales. Por su parte, la ONG «Humanity and Inclusion» que tiene como objetivo apoyar a las personas con discapacidad y en condición de mayor vulnerabilidad, en 60 países afectados por conflictos, desastres y pobreza. En América Latina, tiene presencia en Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Cuba, Honduras, Ecuador y Guatemala, intentó presentar un recurso de Habeas Corpus, pero las autoridades se habrían negado a recibirlo e informar sobre el paradero de Alberto Trentini. A la fecha, la CIDH no recibió respuesta de Venezuela, hallándose vencido el plazo otorgado.

En este contexto, la situación de Trentini es solo una más dentro de un largo historial de abusos cometidos por el régimen actual. Es hora de que los gobiernos del mundo, la sociedad civil y las organizaciones internacionales sigan presionando para que el régimen venezolano rinda cuentas. No solo por Alberto Trentini, sino por todos aquellos que están privados de libertad sin justificación, sin acceso a la justicia, y sin el más mínimo respeto por su dignidad humana. La comunidad internacional no puede seguir siendo espectadora ante este teatro de lo absurdo y lo inhumano.