Racismo a la carta

Racismo, armas, xenofobia y cálculos electorales, son los ingredientes que han servido a una clase política estadounidense como base para emitir políticas y discursos antinmigrantes de cara al fin del Título 42. 

El republicano Greg Abbott, gobernador de Texas, ha sido una de las voces más vocales para estigmatizar y perseguir migrantes. Esta semana, como si se estuviese preparando para una “invasión” anunciaba el envío de elementos de la Guardia Nacional y helicópteros para “repeler” migrantes. “Texas está haciendo más que cualquier estado en la historia de los Estados Unidos de América para defender nuestra frontera. eso incluye desplegar hasta 10,000 miembros de la guardia nacional y 1,200 soldados del departamento de seguridad pública de Texas”, dijo Abbott con tanques y militares como escenario de fondo.

Desde que se activó en 2020 hasta finales de marzo de 2023, el Título 42 se invocó casi 2,8 millones de veces para expulsar a migrantes según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Otro caso es el de Katie Hobbs, gobernadora de Arizona, quien más allá de filiación al Partido demócrata, se ha lanzado en contra de las medidas del gobierno de Joe Biden y ha insistido en la premisa ultraconservadora de vincular el tráfico de fentanilo con la migración. “…()…he ordenado al departamento de seguridad pública de Arizona que ayude a los alguaciles locales y a las fuerzas del orden público a mantener la seguridad en las carreteras de Arizona y evitar que drogas dañinas como el fentanilo ingresen a nuestro Estado”, aseguró Hobbs.

Otro que ha exacerbado una retórica y políticas en contra de los migrantes es Ron De Santis, gobernador de Florida y uno de los favoritos pata obtener la candidatura del Partido Republicano. Las leyes aprobadas en la Cámara de Representantes local recientemente contemplan penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a Florida inmigrantes indocumentados, así como multas a empleadores que contraten a personas sin papeles. Además, prohíbe que gobiernos locales den dinero a organizaciones que expidan documentos de identificación a personas sin autorización en el país e incluso invalida las licencias de conducir de migrantes indocumentados que hayan obtenido en otros estados.

Estas medidas contrastan con las implementadas en California por el demócrata Gavin Newsom, quien no ha ordenado desplegar tropas en la frontera, sino por el contrario, ha apostado a una política de tolerancia para el procesamiento de migrantes al mismo tiempo que ha extendido esfuerzos humanitarios en las comunidades fronterizas para apoyar a los migrantes que llegan. Actualmente, el estado apoya refugios para migrantes en San Diego y en la ciudad de Imperial. California ha invertido aproximadamente mil millones de dólares en estos esfuerzos desde 2019 además que ha abogado por más fondos federales para apoyar estas tareas. 

El fervor antimigrante alimenta el pulso político de un país amenazado no por los migrantes, sino por el odio, los prejuicios y una retórica xenófoba que se intensifica conforme se acercan las elecciones.