Presidencialismo, centro de gravedad del sistema político

Hablar del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es hablar del alma del sistema político mexicano, una jefatura de estado unipersonal que si bien, se adoptó a partir dela emulación del sistema estadounidense (1787), incorporando la figura formalmente en la Constitución de 1824, las características propias del presidencialismo mexicano contemporáneo nacen con la Revolución Mexicana, marcado por los ajustes que estableció la Constitución de 1917 a fin de recomponer un país convulso, tomando forma una vez erigido el partido hegemónico fundado por Plutarco Elías Calles, artífice de la gran máquina que dio vida a la política como hoy la conocemos.

El presidencialismo postrevolucionario ha transitado de la hegemonía del priato hasta el aparente debilitamiento como figura preponderante de la alternancia dejando atrás la necesidad de un Poder Ejecutivo ultra fuerte frente a las revueltas generalizadas en un país desequilibrado para ir construyendo poco a poco un país democrático y politizado que va encontrando en los otros dos poderes de la unión (Legislativo y Judicial) verdaderos contrapesos para evitar el renacer del autoritarismo, sin que esto signifique que el Presidente haya perdido el papel protagónico, al grado de seguir existiendo un “Día del Presidente”, desangelado en casi toda la primera veintena del siglo XXI y de a poco retomando relevancia, aunque no con esa denominación, en tiempos de la cuarta transformación; este es básicamente el día del Informe Presidencial.

La primera etapa de este presidencialismo se desarrolló entre 1917 y 1920, con el diseño institucional de un Ejecutivo fuerte con equilibrio de poderes, materializado con la promulgación y aplicación de la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La segunda etapa corre de 1920 a 1935, donde el Poder Ejecutivo se instaló en la cima de la jerarquía política mediante el control de las instituciones del estado mexicano y echando mano de un aparato corporativo que le permitió concentrar y controlar la organización y movilización social alrededor del partido hegemónico. Entre 1935 y 1980, el país experimentó nuevos fenómenos internos y externos que obligaron al sistema a una flexibilización del poder y la consolidación del pluralismo, favoreciendo el agotamiento del presidencialismo omniabarcante. A partir de los años ochentas y hacia la actualidad, el presidencialismo se encuentra en una fase de redefinición, habiendo perdido poder absoluto, mas no preponderancia. Además, desde las reformas de 1989, la sucesión presidencial ha entrado en una fase pendular, alternándose en el poder el ex partido hegemónico con sus históricos opositores, siendo este fenómeno un indicador de la importancia del presidencialismo como centro de gravedad del sistema y su democratización.

La fortaleza del presidencialismo ha estado determinada por la fortaleza partidista, de tal modo que hasta tiempos de la hegemonía del priato, el jefe de estado también era el jefe del partido y con ello, de todas las expresiones sociales aglutinadas en el corporativismo sindical. Además, el hecho de ser jefe del partido implicaba tener un amplio margen operativo que permitía sobrevivir a la no reelección a través del control de los “delfines”, especialmente durante el Maximato. Estas características se han desvanecido al llegar al poder los partidos que no cuentan con ese aparato corporativo, al menos el caso del PAN, pues en cuanto a Morena, si bien no se cuenta formalmente con ese aparato dentro del instituto político, si parece existir contacto con viejos actores que ayudan a mantener los equilibrios del poder presidencialista.

Que el Presidente sea la figura más fuerte del sistema político, ha tenido por consecuencia un gran centralismo, fortalecido también por las facultades constitucionales y meta constitucionales de las que goza el titular del Ejecutivo, es decir, las facultades escritas y no escritas. 

Las atribuciones que la Constitución le otorga al Presidente son la jefatura de Estado, siendo en consecuencia el representante del poder de la federación y representante oficial de la nación ante la comunidad internacional, además de ser el jefe máximo de las instituciones y poderes en la organización política del país. Es también el Jefe de Gobierno, poseyendo control de la administración pública federal. No menos importante, es el responsable personal y directo de la política exterior y posee la suprema comandancia de las fuerzas armadas, por lo que en su mano descansa el monopolio legítimo del uso de la fuerza.

Las facultades metaconstitucionales que posee son aquellas atribuciones que no están escritas ni legisladas, pero de facto le son conferidas por los actores políticos y el propio sistema, según convenga al momento político, como son la jefatura de facto del partido en el poder, la designación del sucesor y de las propuestas para los gobernadores de los estados así como la remoción de los mismos, la subordinación de los integrantes de la mayoría en el Poder Legislativo, el manejo de la economía, la concentración de recursos y durante mucho tiempo también se pudo observar un férreo control de los medios de comunicación y la subordinación del Poder Judicial. Estos dos últimos actualmente se han mostrado autónomos y hasta han actuado en oposición al Presidente, por lo que se puede decir que en el último sexenio, la figura presidencial ha cedido facultades metaconstitucionales. El resto estará por evaluarse al final del sexenio. 

La figura presidencial sigue siendo el centro de gravedad del sistema político mexicano y lo seguirá siendo al tiempo que la democracia continúa madurando, pero no cabe duda que esta figura se ha ido transformando, obedeciendo a la propia evolución de la democracia.