Pese a que las narrativas neoliberales y libertarias presentan al Estado como una carga, un obstáculo a la libertad, ineficiente y excedido en sus funciones, la verdad es que sin él no existiría ni se sostendría la economía, la salud ni la alimentación; lo mismo sucede con el sistema tecnológico digital.
Y es que el Estado no solo incide en la tecnología a través del sistema educativo, sino que históricamente la investigación científica, el desarrollo tecnológico, el marco regulativo y el financiamiento también han corrido por cuenta de los Estados. Tan es así que sin la contribución gubernamental no existirían las computadoras ni internet. Y ya ni hablemos del financiamiento público —directo o indirecto— detrás de empresas como SpaceX o Neuralink.
Sin embargo, los promotores de intereses privados, ya sean empresas o gobiernos, tienden a presentar al Estado como incapaz de producir, innovar y hasta usar la tecnología de forma eficiente. Además, para evitar la competencia y cooptar las capacidades estatales, países con aparatos empresariales poderosos —léase Estados Unidos— han construido marcos legales y regulatorios a nivel internacional con el fin de maniatar las capacidades productivas de sus competidores, proteger a sus empresas y productos tecnológicos, y aplicar otras medidas como la prohibición de venta y transferencia de tecnología.
Y cuando ninguna de esas medidas funciona, existe siempre la opción de las sanciones económicas, con el fin de asfixiar y entorpecer a la competencia; históricamente, estas no solo han apuntado a enemigos declarados de Estados Unidos, sino también a países aliados y socios comerciales.
El ejemplo más reciente de esta tendencia tiene a Brasil y Estados Unidos en el centro del conflicto. Washington acusa a Brasil de competencia desleal debido a que su Banco Central desarrolló, promueve, administra y regula un sistema de pagos digitales a nivel nacional conocido como Pix, el cual ha tenido grandes beneficios para la ciudadanía y ha incidido profundamente en la democratización de los pagos digitales, pero que Estados Unidos considera una amenaza directa a sus empresas.
Pix es un sistema de pagos instantáneos creado y operado por el Banco Central de Brasil (BCB) lanzado en noviembre de 2020. Este sistema permite transferir dinero entre cuentas en cuestión de segundos, a cualquier hora del día y cualquier día del año, incluyendo fines de semana y festivos. Pix nació como una decisión explícita de política pública con objetivos claros: reducir el uso de efectivo, aumentar la inclusión financiera, modernizar el sistema de pagos y fortalecer la competencia; actualmente lo usan más de 175 millones de personas (el 91% de los adultos brasileños) y ha incorporado al sistema financiero formal a unos 70 millones de personas que antes no tenían acceso a ningún servicio bancario.
Técnicamente, Pix opera sobre una infraestructura centralizada de liquidación en tiempo real creada por el BCB, cada institución participante mantiene una cuenta de pagos instantáneos directamente en el Banco Central, lo que permite que las transacciones se liquiden en segundos sin intermediarios adicionales. El sistema también cuenta con una base de datos centralizada de usuarios que almacena alias —número de teléfono, correo electrónico o un ID aleatorio— para facilitar las transacciones y prevenir fraudes.
Entre sus beneficios destacan: es completamente gratuito para personas físicas; para comercios la comisión es de apenas 0.22–0.33%, frente al 1–2% de las tarjetas de débito y el 2.34% de las de crédito; y desde su lanzamiento contó con la participación obligatoria de los bancos más grandes, lo que garantizó la interoperabilidad del sistema desde el primer día.
Gracias a su velocidad, bajo costo y amplia cobertura, Pix ha desplazado a actores estadounidenses de uno de los mercados más grandes del mundo. Visa y Mastercard han perdido cuota de mercado, Meta tuvo que cancelar sus proyecciones de pagos por WhatsApp en Brasil, y Apple Pay y Google Pay tienen una penetración marginal comparada con la que ostentan en otros países.
Dado que el Banco Central de Brasil es simultáneamente operador, regulador y supervisor, esto le otorga dinamismo, coherencia y seguridad al sistema; pero es precisamente este modelo el que Washington cuestiona, supuestamente en nombre del libre mercado, aunque en realidad lo que defiende Estados Unidos es el sistema desigual que construyó y que le garantiza beneficios estructurales por encima de la soberanía de los demás países.
La muestra de ello es que en julio de 2025 la administración Trump lanzó una investigación formal contra Brasil bajo la Sección 301 de su legislación, argumentando competencia desleal. Días después firmó la Orden Ejecutiva 14323, imponiendo aranceles punitivos del 50% sobre exportaciones brasileñas. La respuesta del presidente Lula fue tajante: los aranceles fueron pausados, pero Brasil no cedió un milímetro en la defensa de Pix.
Hace unas semanas Washington publicó su informe anual sobre Barreras Comerciales —algo ya de por sí irónico, tratándose de la administración que más barreras arancelarias ha impuesto en décadas— arremetiendo de nueva cuenta contra Brasil y Pix y amenazó con retomar las sanciones. El mensaje de fondo es claro: para Estados Unidos, la soberanía tecnológica y financiera de otros países es aceptable sólo hasta donde no afecte los intereses de sus corporaciones.
Y es que el meollo del asunto no es realmente la competencia desleal, el problema de fondo es que Pix maneja los datos de las transacciones de forma soberana —sin venderlos ni cederlos a plataformas publicitarias— y tiene la ambición de internacionalizarse. Si Pix se expande como modelo por América Latina, representaría el mayor desafío a la dominación estadounidense en infraestructura de pagos regional en décadas.
En este punto no faltarán las voces que señalan que México debería hacer lo mismo; sin embargo, el caso mexicano es considerablemente más complejo, ya que el país no goza del mismo grado de autonomía que Brasil, dada su geografía y su profunda dependencia del mercado estadounidense.
No obstante, México ya cuenta con instrumentos técnicos comparables: el Banco de México (Banxico) ha desarrollado el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el sistema de Cobro Digital (CoDi) y el Dinero Móvil (DiMo). La diferencia con Brasil es que Banxico no ha podido —ni ha querido— obligar a bancos y empresas privadas a adoptar masivamente estos sistemas, en parte porque es más sensible a los intereses de la banca privada, que en México es mayoritariamente extranjera, así como por la presión implícita de Washington.
A eso se suma que el T-MEC contiene capítulos de comercio digital y servicios financieros que limitan la capacidad de México para favorecer operadores nacionales frente a empresas estadounidenses; cualquier iniciativa que se interprete como discriminación hacia Visa, Mastercard u otros medios de pago podría terminar en un panel de controversias. Tampoco hay que olvidar la enorme dependencia de México respecto a las remesas: una iniciativa soberana de pagos podría desencadenar represalias económicas de alto impacto.
El conflicto entre Pix y Washington ilustra una tensión que será cada vez más frecuente en el futuro: la de los Estados que intentan recuperar soberanía tecnológica sobre infraestructuras y servicios estratégicos frente a corporaciones que han convertido esas infraestructuras en su principal fuente de renta. México observa el conflicto desde una posición incómoda: tiene las herramientas técnicas, pero no la independencia estructural para usarlas con la misma ambición.