Los pueblos rara vez olvidan a quienes los invadieron, pero tampoco deberían olvidar a quienes les abrieron la puerta

Según la leyenda romana, Tarpeya, hija del guardián de la fortaleza del Capitolio, abrió las puertas a los sabinos a cambio de lo que ellos llevaban en el brazo izquierdo, pensando en sus brazaletes de oro. Pero los sabinos también llevaban ahí sus escudos, y con esos mismos escudos la aplastaron. En Roma, su nombre quedó asociado a la traición y la codicia, y la Roca Tarpeya terminó convertida en símbolo del castigo a los traidores.

Desde nuestra Independencia y hasta nuestros días, México ha conocido también a un viejo personaje, el político conservador que, incapaz de convencer adentro, busca fuerza afuera. En nuestra historia, pocas constantes han sido tan nítidas como esta. Cada vez que una parte de la élite se siente desplazada por el voto popular y por la voluntad del pueblo, mira hacia el exterior para encontrar respaldo, presión o legitimidad prestada.

Esa vieja pulsión volvió a asomarse en el debate reciente del Senado, a propósito de los hechos ocurridos en Chihuahua y la presencia de agentes extranjeros en un operativo de seguridad. El punto no es menor, porque no se hablaba de cooperación ordinaria ni de intercambio de información bajo cauces institucionales, sino de la posible participación de agentes de la CIA, una agencia de inteligencia, no de la DEA, que formalmente opera en asuntos de combate al narcotráfico. La diferencia importa, porque una cosa es colaborar con reglas claras, bajo el marco constitucional, y otra muy distinta es normalizar que intereses extranjeros actúen en territorio nacional sin plena claridad, coordinación y rendición de cuentas ante el Estado mexicano.

El marco jurídico mexicano no deja este tema en una zona gris. El artículo 40 reconoce la soberanía de las entidades dentro del pacto federal, pero esa soberanía no autoriza actuar al margen del Estado mexicano en materia de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional también es clara, su artículo 3 vincula esta materia con la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, mientras que el artículo 5 considera amenaza los actos de interferencia extranjera y el artículo 6 reconoce la figura de agentes extranjeros. Por eso la pregunta no es menor, si hubo participación de agentes de inteligencia en territorio nacional, ¿bajo qué autorización, con qué coordinación y ante qué autoridad rindieron cuentas?

El PRIANATO suele envolverse en argumentos jurídicos cuando le conviene, pero son los primeros en buscar atajos políticos cuando el debate toca sus propios intereses. Lo grave no es solo la contradicción, sino la facilidad con la que algunos parecen dispuestos a utilizar cualquier resquicio externo para golpear al gobierno de México.

También intentan convertir el desmantelamiento de un laboratorio en una épica personal de Maru Campos, como si ese tipo de acciones no formaran parte de una estrategia nacional que ha dado golpes constantes al crimen organizado. Ese heroísmo rancio busca desplazar el fondo del asunto. Lo grave no es que se combata al crimen, sino que se pretenda justificar, normalizar o esconder la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional.

Por eso, esta semana el Senado aprobó el exhorto para invitar a la gobernadora de Chihuahua y al fiscal del estado a una reunión de trabajo. La oposición dice que se abre una puerta peligrosa, pero la historia parlamentaria muestra lo contrario. Graco Ramírez acudió al Senado por la tragedia del Paso Exprés y, en el caso de Fausto Vallejo, una comisión senatorial se trasladó a Michoacán ante la crisis de las autodefensas. Incluso antes, el Senado llegó a ejercer mecanismos mucho más severos, como la desaparición de poderes en distintas entidades. Hoy no se destituye ni se invade una soberanía local, se pide algo básico en una República, explicar hechos de posible impacto nacional. Y sobre eso, sin duda, todavía tendremos mucho que hablar.