La vivienda: de instrumento mercantil a derecho humano

Desde que inició la actual administración de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en 2018, nuestro trabajo ha sido 40% en oficina y 60% en territorio supervisando e impulsando las distintas encomiendas a nuestro cargo. Solo de esa manera lograríamos nuestro objetivo: frenar la decadencia que había en vivienda y obra pública, dignificándolas con resultados tangibles para todas las personas.

El trabajo que hace la Sedatu en territorio atiende distintos sectores que van desde la construcción y rehabilitación de espacios públicos, planeación y ordenamiento territorial y agrario; hasta la reconstrucción y ampliación de vivienda.

La política de vivienda que impulsamos de la mano con los Organismos Nacionales de Vivienda se ejecuta bajo tres premisas: 

1. La vivienda es un derecho humano, no es un instrumento mercantil.
2. Las comunidades con mayor rezago son nuestra prioridad.
3. Reconocemos a la autoproducción de vivienda y la impulsamos como estrategia pública.

Para establecer estas tres premisas fue clave escuchar las necesidades de la gente y así definir un eje de trabajo eficiente con el que contrarrestamos el rezago y hacemos posible este derecho humano para más mexicanas y mexicanos. 

Después identificamos dónde se concentraba el rezago habitacional evidente tras la política neoliberal que priorizó la construcción de vivienda en serie y de manera masiva, en sentido contrario a las necesidades territoriales reales. Los estados en los que encontramos mayor rezago y donde hemos focalizado trabajo y recursos son: Chiapas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Con la política de vivienda de otros sexenios quedaron en el abandono 650 mil viviendas, equivalente a la dimensión territorial del estado de Puebla. Por un lado, existía una gran disparidad entre oferta y demanda, y por otro, estos fraccionamientos en serie alejados de las ciudades limitaron el acceso a servicios básicos y generaron altos costos de desplazamiento para las familias. Desde un principio tuvimos claro que no queríamos “construir vivienda” para que las personas la siguieran abandonando.

En este contexto, el trabajo en equipo ha sido fundamental para generar resultados; a través del Infonavit se han otorgado 2 millones 611 mil 072 acciones de créditos, lo que equivale a una inversión de $1.29 billones de pesos. Al cierre del 2022 se convirtieron 956 mil créditos a pesos para facilitar el pago de vivienda a las familias. Estos cambios ya benefician a aproximadamente 2 millones de personas. 

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que encabeza la distribución de apoyos para ampliación, construcción o mejora de vivienda, ha invertido 25 mil 889 mdp en 314 mil 605 subsidios.

También desarrollamos la plataforma Decide y Construye, una herramienta de acompañamiento para que las familias tengan más alternativas para construir sus hogares de acuerdo a sus posibilidades, necesidades y gustos. Es un primer nivel de asesoría técnica digital al alcance de cualquier persona.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojan que con esta nueva visión social de la vivienda, de 2018 a 2020 disminuyó el rezago habitacional de 9.4 a 8.5 millones; es decir, han salido de esta condición casi un millón de viviendas. La disminución más importante en 20 años con una inversión cercana a un billón de pesos. 

Así es como la Sedatu ha dejado atrás la visión de la vivienda como un instrumento mercantil y trabajamos para reconocerla como derecho humano que debe de estar al alcance de todas las personas.