Conservar democráticamente el poder

Hasta el día de hoy, en México no hay ofrecimiento de cambio constitucional y legal presentado en los últimos siete años, que no se haya anunciado previamente a la ciudadanía antes de su discusión formal que naturalmente corresponde al espacio del poder legislativo. Fue el caso de la propuesta de reforma político-electoral.

Este es un proyecto que está en marcha para transformar y democráticamente alcanzar el poder público y/o conservarlo. Ese es el alcance y objetivo natural de esta reforma.

La titular del Poder Ejecutivo Federal ha presentado públicamente una proposición preliminar de reforma que, sin ser radicalmente contrapuesta a la normatividad vigente en la materia electoral, si es continuidad de la que su antecesor en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador pretendió, sin éxito, que fuese aprobada hace tres años.

La esencia de aquella oferta del ejecutivo federal, obstaculizada básicamente por intereses conservadores de algunos políticos aliados y de todos los grupos de oposición, no perdió demasiados atributos. Se ponderó positivamente, lo concerniente a modificar profundamente a los organismos electorales en su base de integración y funcionamiento interno.

En este ofrecimiento, presentado el pasado 25 de febrero, y trabajado por una comisión especial de funcionarios federales, encabezada por Pablo Gómez se satisfacen asuntos de relevancia política que impactaran el futuro democrático del régimen en el ejercicio del poder: a) desaparecen los senadores de representación proporcional. Figura institucional de la cual solo se benefició, desde 1994, la dupla PRI-PAN que convinieron, en 1990, por mutuo interés político su creación; b) se proponen una serie de reformas internas al INE que modificara en el corto plazo la lealtad institucional de los organismos electorales pues se les obliga a respetar la Constitución y el Federalismo, especialmente en lo relativo a sueldos y actividades soberanas de los estados; c) se propone disminuir en una cuarta parte  los cuantiosos recursos públicos utilizados en los comicios mexicanos que se destinan principalmente a los partidos políticos y a actividades innecesarias, como por ejemplo el PREP, mecanismo de control de datos electorales y presunto negocio de pasados funcionarios del INE.

Esta reforma es muy seria por tomar una definición política clara y, necesaria, en torno a la figura de un posible renacimiento del partido de Estado a través de MORENA. Claudia Sheinbaum, una y otra vez a señalado, que ese partido no responde a los intereses de la titular del ejecutivo, ni a los de los otros poderes de la República. Se asevera con responsabilidad que formalmente no habrá interés jurídico por crear la figura del partido oficial. Ni en los hechos ni en la ley electoral.

El modelo partidario, pretende modificarse con un cambio en el mecanismo para designar a los diputados por la vía de la representación proporcional. No se modificará el artículo 52 de la Constitución que establece en 500 los integrantes de la Cámara de Diputados. Seguirán los 300 electos bajo el principio de mayoría relativa en los distritos uninominales. Ahora se propone que de los 200 electos en circunscripciones electorales plurinominales 8 de ellos, sean representantes populares de los mexicanos migrantes y 192 sean designados a partir de los votos alcanzados en la lucha electoral por los candidatos y su respectivo partido. Desaparecen las listas de pretendientes a diputados que sólo las dirigencias partidistas imponían de manera autoritaria a la militancia y a la ciudadanía. Las bases legales de su designación se conocerán cuando se presente la propuesta de reforma en la cámara de diputados o de senadores.

Por lo anterior, la disputa sobre los cambios que se requieren en materia político electoral no debe obstaculizar una propuesta que rompa de tajo con leyes anteriores que esencialmente maquillaban al subsistema electoral y al subsistema partidario.

La mayoría parlamentaria de izquierda deberá priorizar el acuerdo entre las fuerzas partidistas aliadas y con algunos diputados y senadores de oposición, que se quieran sumar para dar continuidad a la transformación del país. La política es dar y negociar. Ahí está el reto de la mayoría para aprobar una nueva legislación y aspirar a mayores triunfos.

Dejemos de negarle a los procesos electorales lo que son: el fundamento y la razón de ser de una sociedad democrática. 

Con una renovada legislación se hace cada vez más necesario modificar las viejas costumbres autoritarias de la política mexicana: nunca más un partido de Estado, pero tampoco gastos superfluos ni representantes populares electos por consigna partidista o interés mafioso, que solo desprestigiaron a los poderes de la República.