Juzgados sin ser escuchados

Un organismo creado para defender las garantías de los jueces acaba de negarle a uno de sus miembros la más elemental de todas: el derecho a ser escuchado. El pasado 17 de octubre, en su 68.ª Reunión Anual en Lisboa, la Unión Internacional de Magistrados (UIM) votó la exclusión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la CONATRIB. Fueron 53 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, en votación secreta.

Conviene decir primero lo que esta decisión no es. No tiene efectos jurídicos en México. No modifica la Constitución ni toca la situación de ningún juzgador. Pero tiene un peso simbólico, y por eso vale la pena revisar en qué se sostiene.

La CONATRIB reúne a las presidencias de los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas. Tiene 51 años de historia, forma parte de la UIM desde el año 2000 y colabora con la Federación Latinoamericana de Magistrados desde 2002. No es un actor improvisado en la conversación internacional sobre la justicia.

¿Cuál fue su falta? Haber participado, en junio de 2024, en los Diálogos Nacionales convocados por la Cámara de Diputados, donde se pronunció a favor de transformar el Poder Judicial, pero con condiciones claras: una implementación gradual, la participación de los juzgadores en funciones y el respeto a la independencia judicial. Y, después, haber cumplido la reforma que el Constituyente Permanente aprobó en septiembre de ese año.

Aquí está la primera confusión. Un juez protesta guardar la Constitución. Cuando el órgano facultado para reformarla lo hace, acatar esa reforma no es militancia: es la obligación del cargo. Lo verdaderamente político habría sido desobedecerla. Del mismo modo, acudir a un diálogo institucional convocado por el Poder Legislativo no convierte a nadie en operador político. Opinar dentro de los cauces es justamente lo que se espera de las instituciones en una democracia.

Pero el argumento más sólido no exige estar a favor ni en contra de la reforma. Se llama debido proceso. En octubre de 2025, en su reunión de Bakú, la UIM abrió un procedimiento de revisión contra la CONATRIB. El 11 de noviembre siguiente, su Secretario General informó por escrito la designación de dos relatores, uno argentino y otro español, con plazo al 31 de marzo de 2026, y aseguró que ambos “se pondrán en contacto con la CONATRIB”. Ese contacto nunca llegó. Fue el propio Presidente de la Comisión quien, en abril de 2026, buscó a los relatores en Santo Domingo para ponerse a su disposición. El informe circuló en julio y la votación llegó en octubre. La parte señalada nunca fue escuchada por quienes tenían el encargo de escucharla.

En cualquier tribunal del mundo, eso tiene nombre: violación al derecho de audiencia. En una organización dedicada a proteger las garantías judiciales, es una contradicción difícil de explicar.

Hay otro dato que invita a la reflexión. En aquella misma reunión de Bakú, un año antes de Lisboa, la UIM entregó su Premio a la Independencia Judicial a la exministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández. Es un reconocimiento a una trayectoria y no está a discusión. Pero sugiere que, en el debate mexicano, la Unión ya tenía una posición tomada antes de que los relatores escribieran una sola línea.

Mientras tanto, la justicia local siguió trabajando. En 2024, los tribunales de los estados recibieron 2 millones 205 mil asuntos, frente a 1 millón 991 mil de la justicia federal. En los últimos 14 años, más de seis de cada diez asuntos judiciales del país llegaron a un tribunal local. Solo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México recibió en 2025 un total de 298 mil 749 expedientes nuevos, más de 800 al día, con un presupuesto que en 2024 no llegó ni al 10% del de la justicia federal. Durante la implementación de la reforma, ninguno cerró sus puertas: siguieron las audiencias de personas detenidas, la atención a víctimas y los servicios periciales.

Esa es la independencia que vive la gente: la que se mide en servicio, no en declaraciones. Y la sostuvieron, de manera coordinada, las presidentas y los presidentes de los 32 poderes judiciales locales.

Las reacciones no tardaron. La asociación de juezas y jueces federales celebró la decisión y podría buscar su propio ingreso a la UIM. Está en su derecho, y el debate entre colegas siempre enriquece. Lo que no debería normalizarse es que una exclusión se decida sin audiencia.

Al final queda una pregunta que va más allá de la CONATRIB: en un país democrático, ¿quién define qué es la independencia judicial? ¿Un organismo extranjero que resolvió sin escuchar, o la Constitución que ese país se dio a sí mismo?

La independencia judicial empieza por escuchar. En Lisboa, fue lo primero que se olvidó.

Helios Israel Ruiz Esparza es consultor en comunicación política y director general de Helitics Consulting.