La defensa del territorio en San Luis Potosí, legado de Ponciano Arriaga

Tuvieron que pasar casi dos siglos para que las demandas de justicia de hombres como Ponciano Arriaga comenzaran a traducirse en conquistas concretas para los campesinos y los pueblos indígenas. Doscientos años de lucha contra el despojo, los latifundios y los intereses que han pretendido convertir la tierra, el agua y los territorios de los pueblos en negocios privados.

Hace unos días tuve la oportunidad de impartir la conferencia magistral “Tierra, territorio y justicia social: de la Constitución de 1826 a los derechos agrarios del siglo XXI”, en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, con motivo del Bicentenario de la primera Constitución potosina. Nos acompañaron representantes de ejidos y comunidades que han defendido, generación tras generación, la propiedad social, que comprende más de la mitad del territorio de la entidad.

No podía haber mejor lugar para recordar a Ponciano Arriaga, quien en 1847 impulsó la Procuraduría de Pobres y, en el Congreso Constituyente de 1856, denunció la concentración de la tierra en unas cuantas manos. Arriaga comprendió que la igualdad ante la ley era insuficiente mientras la mayoría del pueblo careciera de los medios indispensables para vivir y trabajar. Sus ideas encontraron continuidad en las luchas campesinas que desembocaron en la Revolución mexicana y en el artículo 27 constitucional de 1917. Sin embargo, la reforma de 1992 abrió nuevamente las puertas a la privatización de las tierras ejidales.

Desde entonces, empresas inmobiliarias, industriales, agropecuarias y extractivas han buscado expandir sus negocios sobre territorios que pertenecen a los pueblos. Pero la tierra tiene historia, tiene dueños legítimos y tiene pueblos dispuestos a defenderla.

El 26 de septiembre de 2025, en el ejido Las Margaritas, municipio de Catorce, más de 150 ejidatarios y campesinos protagonizaron una desalambrada histórica. Retiraron 5.4 kilómetros de cercas de alambre de púas colocadas ilegalmente sobre tierras de uso común, sin autorización de la asamblea ejidal. Aquellas cercas impedían el libre tránsito de las familias campesinas y obstaculizaban una ruta ancestral de peregrinación del pueblo wixárika hacia Wirikuta, uno de sus territorios sagrados.

La desalambrada permitió recuperar el acceso a tierras colectivas y restablecer el paso por esa ruta ceremonial. Fue una acción organizada por los ejidatarios, con acompañamiento de instituciones federales, entre ellas la Procuraduría Agraria. Donde algunos pretendieron imponer cercas sobre tierras ajenas, los ejidatarios hicieron valer sus derechos. Donde se quiso cerrar el paso a un pueblo originario, la organización comunitaria volvió a abrir el camino.

En la Sierra de San Miguelito se libra otra batalla. Los ejidos y comunidades han resistido las presiones de intereses inmobiliarios sobre territorios fundamentales para la conservación de los bosques y la recarga de los acuíferos. En Corcovada y El Peyote, los ejidatarios han enfrentado intentos de modificar las decisiones colectivas para facilitar procesos de privatización. En la Huasteca, los campesinos de Pujal-Coy mantienen demandas agrarias que se remontan a las luchas por el reparto de tierras de la década de 1970. Son conflictos distintos, pero tienen un elemento común: la disputa entre quienes consideran la tierra una mercancía y quienes la reconocen como patrimonio colectivo, fuente de trabajo y sustento de sus comunidades.

La nueva Procuraduría Agraria no puede permanecer al margen de estas disputas. Nuestra obligación es estar del lado de la legalidad, de los derechos de los sujetos agrarios y de las decisiones legítimas de sus asambleas. Por eso hemos impulsado la atención directa en el territorio, la defensa jurídica, la conciliación y el fortalecimiento de la organización comunitaria.

Al concluir la conferencia en el Congreso potosino, sostuvimos una audiencia campesina que se prolongó hasta las 16:30 horas. Junto con el titular de la Representación de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, Enrique Rivera, y representantes del sector agrario, escuchamos directamente las demandas de ejidos y comunidades como El Peyote, Maravillas, Monte Oscuro, La Colorada, Paisanos, La Angostura, La Unión, Guadalupe Victoria, Cerro Gordo y Santa María del Río, así como del Comité de Defensa de Guadalcázar y del Movimiento Campesino de las Huastecas.

Escuchamos problemas que llevan años sin resolverse, demandas de justicia y testimonios de resistencia. Pero también encontramos organización, propuestas y una firme determinación de defender la tierra. Esa es la fuerza de los más de 32 mil 500 ejidos y comunidades agrarias de México, que poseen alrededor del 51 por ciento del territorio nacional. No son vestigios del pasado ni reservas de tierra disponibles para los grandes negocios. Son pueblos vivos que producen alimentos, conservan bosques, protegen el agua y mantienen formas de organización colectiva que han resistido durante generaciones.

Ponciano Arriaga denunció la concentración de la tierra hace casi dos siglos. Los hermanos Flores Magón fueron precursores de la Tercera Transformación del país, Emiliano Zapata y Francisco Villa encabezaron una revolución para iniciar el reparto agrario. Hoy, las y los ejidatarios, las y los comuneros siguen defendiendo esas conquistas frente a nuevas formas de despojo.

Mientras haya una cerca ilegal que impida a un campesino entrar a su tierra, una comunidad amenazada por el despojo o una asamblea presionada para entregar su patrimonio, la lucha por la justicia agraria seguirá vigente.

Y ahí debe estar la Procuraduría Agraria: en el territorio, junto a los pueblos, defendiendo sus derechos y haciendo valer la ley.