La PyME que no era PyME, o el goteo que nunca llegó

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió sobre un asunto que durante décadas marcó la distribución de los recursos públicos en México: los programas de apoyo que, pese a estar dirigidos a determinados sectores de la población, no siempre terminaban beneficiando a quienes supuestamente debían recibirlos.

En abono a la memoria colectiva, considero que vale la pena recuperar una investigación que publiqué en 2008 en la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, sobre recursos públicos asignados en 2005 y 2006, cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el Estado de México y Vicente Fox ocupaba la Presidencia de la República. Aquella investigación dejó al descubierto cómo los recursos destinados a las pequeñas y medianas empresas podían terminar beneficiando a grandes corporaciones trasnacionales.

Por aquellos años, el discurso económico tenía una explicación para todo. Había que apoyar a los grandes empresarios para que invirtieran, generaran empleos y, eventualmente, compartieran los beneficios de su prosperidad con el resto de la población. Era la famosa teoría del goteo hacia abajo, tan criticada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Primero había que llenar las copas de los de arriba. Después, la riqueza comenzaría a derramarse sobre los demás. El problema era que las copas de abajo nunca se llenaban ni a la cuarta parte.

Al revisar los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontré algo que llamó poderosamente mi atención: recursos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conocido como Fondo PyME, habían terminado financiando un proyecto vinculado con una de las mayores armadoras automotrices del mundo. Sí, del mundo. Una empresa fundada por un hombre de Michigan llamado Henry.

No se trataba de una pequeña empresa familiar. Era una corporación con más de un siglo de historia que había extendido sus operaciones por todo el mundo. Tampoco era un taller mecánico que necesitara modernizar sus instalaciones ni un modesto fabricante de autopartes que buscara abrirse camino en el mercado.

El proyecto, denominado Revitalización del Clúster de Innovación Automotriz del Valle de México, había recibido, mediante distintas asignaciones, más de mil millones de pesos del Fondo PyME durante los ejercicios fiscales de 2005 y 2006.

El máximo órgano de fiscalización del país había observado irregularidades relacionadas con la comprobación y supervisión de 200 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2005. Y de ahí empecé a tirar del hilo. Me interesaba entender cómo se justificaba que un fondo creado para apoyar a los pequeños empresarios terminara beneficiando a una corporación de semejantes dimensiones.

Busqué entonces a los responsables del proyecto en el gobierno del Estado de México. Entrevisté a Carlos Muñoz Infante, director general del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales (Fidepar), organismo que participaba en las gestiones para atraer y consolidar inversiones automotrices en la entidad.

El funcionario del gobierno priista mexiquense defendió el proyecto. Me explicó que había que generar condiciones favorables para que las grandes empresas invirtieran en el estado y que la competencia por atraer esos capitales no se daba únicamente entre entidades federativas, sino también entre países.

Cuando le pregunté por qué se utilizaban recursos destinados a las PyME para beneficiar a una trasnacional, su respuesta fue reveladora: «A mí no me toca ver de qué partida saca el dinero la secretaría».

Así de sencillo y contundente. Para el funcionario, la procedencia de los recursos públicos no era asunto de su competencia, aunque el organismo que dirigía participara en las gestiones del proyecto.

Pero lo más revelador vino después. Recuerdo que, al término de la entrevista, el disque servidor público, que parecía más empresario, señaló los puestos metálicos instalados en las inmediaciones del complejo automotriz. Ahí se vendían fritangas, comida chatarra, cigarros sueltos, bebidas azucaradas, pan y toda clase de chucherías.

Según su explicación, aquellos pequeños comerciantes eran los verdaderos beneficiarios del proyecto, porque los obreros de la armadora salían a comprarles alimentos y otros productos.

Ahí estaban las gotitas. ¡Eureka!

Esos puestos metálicos eran, en la lógica oficialista, la prueba de que los millones de pesos destinados al clúster automotriz también beneficiaban a las “pequeñas empresas”. Una burla. Así funcionaba la famosa teoría del goteo: los recursos públicos llegaban a las grandes corporaciones y los pequeños comerciantes debían esperar a que algo se derramara sobre ellos.

Ahora, algunos sectores políticos y empresariales que defendieron aquel modelo cuestionan que los recursos públicos se destinen directamente a programas sociales, pequeños productores y sectores históricamente excluidos. Reclaman por el gasto público, advierten sobre sus consecuencias y exigen ¡disciplina presupuestal! Los más rectos. Sin embargo, durante décadas, los subsidios, estímulos fiscales y apoyos gubernamentales a grandes corporaciones fueron defendidos como instrumentos indispensables para el crecimiento económico.

Lo que antes llamaban inversión, hoy, cuando beneficia directamente a los de abajo, lo llaman gasto.

Han pasado más de dieciocho años desde la publicación de aquella investigación. La historia de los puestos metálicos sigue siendo una muestra de cómo se justificaba aquel modelo económico: millones para los de arriba y unas cuantas gotas para los de abajo.

Quizá por eso lloran algunos neoliberales. Porque se les acabó el veinte. O, por lo menos, aquel Fondo PyME que servía para llenar las copas de arriba y dejarles unas cuantas gotas a los de abajo.