¿Juicio político o desafuero? Por qué Maru Campos debe rendir cuentas

El 1 de octubre de 1828, apenas en los primeros años de la vida independiente de México, el senador Pablo Franco Coronel acusó al gobernador Lorenzo de Zavala ante el Congreso del Estado de México por su presunta complicidad con el levantamiento de Antonio López de Santa Anna contra el gobierno legítimo de Manuel Gómez Pedraza. A los pocos días se abrió un juicio político. 

El episodio, más allá de sus circunstancias particulares de colusión entre conservadores para atacar a un gobernador liberal, recuerda algo elemental en una República, cuando un gobernante es señalado por comprometer el orden constitucional, no basta con refugiarse en el cargo ni envolverse en la soberanía local como si fuera escudo personal. Tiene que rendir cuentas.

Esa discusión vuelve a cobrar sentido frente al caso de Chihuahua. La exigencia de juicio político contra Maru Campos no nace de un capricho ni de una consigna vacía, sino de una preocupación de fondo: aclarar si desde un gobierno estatal se permitió, encubrió o normalizó la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano, en un tema que toca directamente la seguridad nacional. Por eso la movilización convocada el sábado 16 en el Monumento a Villa no debe leerse como simple protesta partidista, sino como una demanda política de responsabilidad institucional.

La Transformación ha hecho de la memoria histórica una brújula política. Por eso el llamado en este lugar no es un simple monumento, ni una postal de ocasión, es símbolo del México popular que incomodó siempre a las élites. Apenas hace unas semanas, el Senado aprobó una iniciativa en la que tuve el orgullo de colaborar, para que la Bandera Nacional se ice a media asta en su aniversario luctuoso, un reconocimiento que durante décadas le fue negado desde la solemnidad oficial.

En ese debate también conviene ordenar las palabras. Juicio político y desafuero suelen usarse como si fueran lo mismo, pero no lo son. El primero sirve para exigir responsabilidad política, destituir o inhabilitar a quien traiciona la función pública; ahí participan ambas cámaras, Diputados acusa y el Senado resuelve. El desafuero, en cambio, abre la puerta para que una autoridad pueda ser procesada penalmente, y esa ruta corresponde a la Cámara de Diputados. 

Hay además una herramienta extrema, la desaparición de poderes, facultad del Senado, reservada para crisis constitucionales mayores. Distintos caminos, una misma exigencia democrática, que el cargo no sea refugio de impunidad.

Por eso el PAN intenta envolver a Maru Campos en un manto de heroísmo, usando el desmantelamiento de un par de laboratorios como coartada narrativa para evitar el fondo. Nadie niega que combatir al crimen sea necesario, pero ese combate no puede servir para normalizar la actuación opaca de agentes extranjeros en territorio nacional. Si el gobierno federal ha desmantelado miles de narcolaboratorios, este caso no puede presentarse como una hazaña aislada que absuelva cualquier irregularidad. La pregunta sigue siendo otra, quién autorizó, quién coordinó y quién debe rendir cuentas.

El antecedente del exgobernador panista de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, sirve para entender la gravedad del momento. En aquel caso hubo carpetas de investigación, solicitud de desafuero y una Cámara de Diputados que aprobó la declaración de procedencia, pero el Congreso de Tamaulipas cerró filas para protegerlo y la Suprema Corte terminó validando ese candado local. Ese episodio mostró cómo el fuero puede convertirse en muralla política cuando un grupo decide usar el federalismo como refugio de impunidad. Por eso Chihuahua no puede esconderse detrás de la misma lógica, menos cuando lo que está en discusión no es una diferencia administrativa, sino una posible afectación a la soberanía nacional y a la seguridad del Estado mexicano.

En el caso de Maru Campos, la ruta inmediata es el juicio político, porque lo que se señala rebasa la simple polémica partidista y apunta a una responsabilidad constitucional por permitir, encubrir o no aclarar debidamente la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano. Si la FGR encuentra elementos penales, entonces podrá abrirse también la vía del desafuero, pero hoy la exigencia política es clara. Que la gobernadora explique, que las instituciones actúen y que el cargo no sea usado como escudo. Porque una República no se debilita cuando exige cuentas, se debilita cuando permite que la soberanía se negocie en la sombra.