Por Jared Hortiales .
https://www.sprinforma.mx/noticia/inevitable-2023-y-2024
6 min El proceso electoral del 2023 es la evidente respuesta, para comprender el 2024, un proceso complejo ante la ausencia de cartas fuertes rumbo a los comicios del Estado de México, es evidente y ante todo perceptible, que el Revolucionario Institucional, no cuenta con la suficiente fuerza, para promover un candidato por si solos y, en medio de la imposición y el dedazo; tal como ha sido la tradición priísta desde hace casi un siglo, es prácticamente un hecho el considerar que el PRI no gobernará el Estado de México en 2023, tomando en cuenta, que su única posibilidad de subsistencia es por medio de la denominada “Alianza Opositora”, que aunque dio buenos resultados en las elecciones del 2021, arrebatando gran parte de los curules del Congreso Local, su caducidad, está más que definida.
La respuesta más corta, para comprender la victoria a medias de Va por México en el Estado de México en el 2021, es la ausente capacidad para la negociación de candidaturas por parte de Morena, condición que no podrá ser posible en el 2023, dado que será un proceso unilateral, donde el Gobernador, será el único que aparezca en la boleta, aun así, es definitorio considerar, que la elección del 2023, será ganada o perdida, en el proceso interno de selección de candidatos.
Ante tales hechos, es preciso considerar tres premisas fundamentales; el PRI, por sí solo, no ganará el Estado de México, es inapelable su salida, tal como sucedió hace unos días en el vecino Hidalgo, por otro lado, la imposición de candidatos, será definitoria para la victoria de Morena o de Va por México, y como punto final; la memoria histórica de los mexiquenses, será igual o más fuerte, que en los Estados de Hidalgo o Campeche. Es claro, que el 2023, será la premisa, rumbo al proceso presidencial del 2024, por ende, que su atención, es necesaria, prioritaria y de predicción. “Ya se van los caciques y virreyes del Estado de México”.
La politización de la justicia no solo erosiona la confianza en el sistema judicial, sino que también distorsiona el propósito fundamental de este: “proteger los derechos y las libertades".
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