La Politización de la SCJN:

Cuando la Balanza se Inclina hacia el Poder Económico 

En toda sociedad democrática, la independencia judicial debería un pilar fundamental para garantizar la equidad y la justicia. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, esta piedra angular de la democracia se ve socavada por la influencia política, dejando a los ciudadanos con una sensación de desconfianza y desesperanza en el sistema legal, en México la Suprema Corte de Justicia, considerada como el bastión último de la imparcialidad y la integridad judicial, ha sido testigo de cómo la política ha permeado sus pasillos. Históricamente, los magistrados de la corte han sido considerados intocables, pero la realidad nos muestra que este privilegio se ha convertido en un escudo para aquellos que buscan utilizar la justicia en beneficio propio.

A lo largo de la historia de la Suprema Corte de Justicia, se han documentado casos de como se ha operado políticamente en las entrañas de la corte, para favorecer al poder político y económico en perjuicio de los ciudadanos de a pie, y que, a pesar de ser conocidos los vínculos del poder judicial encarnado en sus magistrados, con el poder económico o político, apenas dos de ellos han sido sancionados por corrupción en toda la historia. El caso de Ernesto Díaz Infante, quien fue procesado por aceptar un soborno de 500 mil dólares para dejar en libertad al empresario Alejandro Braun Díaz, quien fuera conocido como el chacal de Acapulco por abusar de una menor y provocarle la muerte; y más recientemente al célebre Eduardo Medina Mora, quien fue presionado a renunciar por el gobierno tras los señalamientos en su contra por lavado de dinero.  Sin embargo, estos casos “aislados”, más que un testimonio de la incorruptibilidad de la institución, revelan una verdad incómoda: Los ministros de la suprema corte son intocables y las sanciones en su contra no han surgido como resultado de una auténtica lucha contra la corrupción, sino más bien, por la presión mediática y política que se dieron en ambos hechos.

La politización de la justicia no solo erosiona la confianza en el sistema judicial, sino que también distorsiona el propósito fundamental de este: “proteger los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política o posición social”.  Por eso, cuando la justicia se convierte en ariete de los poderosos para silenciar a sus opositores y perpetuar su dominio, como en el caso de los que pretenden perseguir al ex ministro Arturo Saldívar, no es la reputación de un ministro la que está en juego, sino la democracia misma la que está en peligro.

Es fundamental que la sociedad se mantenga vigilante y exija que la justicia se aplique de manera imparcial y sin interferencias políticas. Los ciudadanos no pueden permitirse ser meros espectadores mientras los pilares de la democracia son minados desde adentro como lo viene haciendo Norma Piña y su presidencia en la suprema corte. Debemos alzar la voz y exigir cuentas a aquellos que han jurado proteger y servir a la justicia, recordándoles que su lealtad debe estar primero con la ley y los principios éticos, no con los intereses políticos que los definen.

En última instancia, la verdadera fortaleza de una democracia se mide por la integridad de sus instituciones y la vigencia del Estado de derecho. Es responsabilidad de todos velar por que la justicia prevalezca sobre la politización, porque solo así podremos construir un futuro donde todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley.