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  • 07 Jan 2024
  • 22:01
  • SPR Informa 6 min

El primer decreto presidencial del 2024 para el IMSS Bienestar

El primer decreto presidencial del 2024 para el IMSS Bienestar

Por Juan Manuel Lira

Recién iniciamos este año 2024 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de diversas modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud, para consolidar la federalización del sistema de salud para el bienestar a través del IMSS-Bienestar.

El decreto, firmado el 3 de enero del 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluye las disposiciones de modificación previamente aprobadas en la Cámara de Senadores y posteriormente ratificadas en la Cámara de Diputados. ¿En qué consisten estas modificaciones? ¿Cuáles son sus alcances y cuáles son los aspectos aún pendientes?

Indudablemente, el IMSS-Bienestar se ha convertido en la apuesta principal de este gobierno para proporcionar atención médica a la población sin seguridad social, sucediendo al desaparecido INSABI. Hasta ahora, 23 entidades federativas han firmado convenios de colaboración. Estos acuerdos permiten la transferencia de recursos humanos, presupuestales e infraestructura a esta institución para cumplir con su mandato: ofrecer atención integral gratuita, médica y hospitalaria a personas no afiliadas a instituciones de seguridad social.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024, la Cámara de Diputados aprobó un monto superior a los 128 mil millones de pesos para el IMSS-Bienestar, monto destinado con anterioridad al INSABI. Sin embargo, el recurso presupuestal para el pago de la nómina de los trabajadores se veía obstaculizado en los convenios estatales, debido a las restricciones en el uso de los recursos presupuestales de la nómina federalizada (centralizada) de los trabajadores de los Sistemas Estatales de Salud (SESA).

Lo anterior, debido a que dicho presupuesto estaba etiquetado en el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA), razón por la cual eran necesarias las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Salud.

Con estas reformas, el IMSS-Bienestar podrá disponer de estos recursos del FASSA desde el Presupuesto de Egresos de la Federación cada año, pero únicamente para aquellas entidades que firmen los convenios de colaboración. Los estados que no firmen podrán seguir disponiendo de los recursos del FASSA como lo hacen hasta ahora.

Las modificaciones también determinan que no todo el recurso del FASSA estará a disposición del IMSS-Bienestar. Solo se dispondrá de "recibir el monto de los recursos (…) que correspondan a sus obligaciones establecidas en la Ley General de Salud". Las obligaciones del IMSS-Bienestar, establecidas en los convenios de colaboración, incluyen la prestación asistencial de atención médica, el pago de la nómina, el mantenimiento de la infraestructura y su equipamiento médico.

Las actividades relacionadas a la prestación de servicios a la comunidad (vacunación, promoción a la salud, prevención entre otras), y los destinados a la generación de recursos humanos y rectoría seguirán a cargo de los Sistemas Estatales de Salud, que contarán con los recursos presupuestales asignados en el FASSA para estos fines.

Finalmente, las modificaciones establecen que los convenios firmados entre el IMSS-Bienestar y los estados antes de la publicación de este decreto perderán validez, necesitando su nueva formalización. Esto regulariza jurídicamente la situación, permitiendo a la institución avanzar en sus objetivos. Además, otorgan certeza laboral al personal del IMSS-Bienestar, que antes enfrentaba una dualidad de patrones: el Sistema Estatal de Salud y el propio IMSS-Bienestar.

Sin embargo, persisten pendientes importantes en temas presupuestales y pensionarios establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo (apartado B), el tabulador de sueldos y salarios, y la situación de trabajadores con regímenes de seguridad social no compatibles con la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, como lo señala el transitorio cuarto del decreto.

El IMSS-Bienestar da un paso más en su implementación corrigiendo aspectos jurídicos que no le permitirían avanzar en este 2024, pero el camino aún es muy largo por recorrer.