Uno de los conceptos más recurrentes y poderosos en el ámbito de la política es el de soberanía, esta palabra hace referencia a la potestad que tiene un pueblo para gestionar sus asuntos dentro de un territorio delimitado y de manera autónoma, libre y sin intervención o coerción de otros. Sin embargo, debido a circunstancias político- económicas como la globalización y la estructura de poder internacional, la noción y ejercicio último de la soberanía se ha transformado sustancialmente, en un proceso que va desde el origen del Estado nación en el siglo XVI hasta nuestros tiempos; al punto que los sistemas internacionales asociados a los Estados, como el comercio o las finanzas, han mermado a la soberanía debido a la interdependencia e interoperación entre empresas y países, convirtiendo a la soberanía en un concepto “poroso”.
Entre los elementos que más han impactado el ejercicio y naturaleza de la soberanía, además del sistema político-económico, tenemos la tecnología digital, ya que históricamente la soberanía se asocia a un territorio y prácticas; sin embargo, en un espacio virtual que nace de la estructura y funcionamiento de la tecnología físicamente identificables, ¿Cómo funciona o se establece la soberanía? ¿qué puede hacer el Estado?
El concepto clásico de soberanía viene de Jean Bodin en el siglo XVI, en los albores mismos del nacimiento de la figura del Estado; de acuerdo con él, la soberanía puede entenderse como el poder supremo e indivisible del Estado por encima de cualquier otra autoridad interna o externa, ésta implica la capacidad de crear, modificar y aplicar leyes sin interferencia exterior.
Y conforme el Estado y las sociedades se desarrollaron e hicieron más complejas, así también la soberanía, sus características y ejercicio, lo que se tradujo en difusión del poder centralizado en el soberano hacia la población, las instituciones, los organismos internacionales y en última instancia, hacia las empresas transnacionales.
El punto de partida decisivo en el desgaste del modelo de soberanía tradicional viene desde la instauración de la doctrina neoliberal alrededor del mundo, especialmente con el caso de algunas instituciones clave que mermaron la capacidad regulativa de los Estados; mientras que, paralelamente, se extendía una regulación estandarizada que liberalizaba el mercado y las relaciones comerciales en beneficio de los grandes actores internacionales, fortaleciendo así a instituciones como la OMC, un organismo que arrebató a los Estados algunas potestades dentro de sus mercados y economías internas.
La liberalización comercial emprendida por el neoliberalismo no sólo definió el rumbo que tomaría la comercialización de internet y la tecnología digital desde los años noventa, sino que impregnó y se hibridó con el sistema tecnológico, su estructura y funcionamiento, reproduciendo valores como el individualismo y una marcada actitud antiestatal, aún cuando el régimen neoliberal y el sistema tecnológico siguen dependiendo del Estado.
Además de la influencia político-económica del neoliberalismo, la tecnología digital también ha ejercido un fuerte desgaste en la soberanía por sí misma, ya que dadas las características, estructura y funcionamiento de la tecnología, resulta difícil la identificación y adjudicación de la soberanía; por ejemplo, ¿qué pasaría con un hipotético caso en donde cibercriminales de un país extranjero le roban el dinero a un nacional en una plataforma de otro país, cuyos datos a su vez están almacenados en otra instancia territorial? ¿Quién debe hacerse responsable y quién se asegurará que se cumpla tal responsabilidad?
El tema de la responsabilidad se revela más acuciante si se tiene en consideración que en esta nueva realidad son las empresas las que establecen diversas regulaciones y normativas en su relación con la población en donde operan, las cuales incluyen regular el discurso, las interacciones, el acceso a la información, la seguridad y otro tipo de asuntos normativos que hasta hace no tanto sólo pertenecían al Estado, aún con todo y sus falencias.
Lo anterior no sólo sucede en las plataformas de redes sociales y comunicación, sino que se extiende a diversas empresas tecnológicas que se benefician de ecosistemas cuya regulación estatal es un pendiente, tal como se ha visto en Estados Unidos, en donde empresas como Uber o Disney incluyen términos y condiciones abusivos que eximen de responsabilidades legales a estas empresas en casos de accidentes, nulificando en el proceso la protección legal del Estado a la población.
Entonces, ¿Cómo y dónde debería el Estado manifestar su soberanía en el sistema digital? ¿qué se debería ponderar para hacer valer el peso y lugar del Estado en la tecnología digital? ¿cómo se debería regular?
Es necesario tener en cuenta que la naturaleza del sistema digital es incompatible con la soberanía territorial tradicional, así como también es imposible que un Estado sea autárquico en tecnología. Esto es importante porque si se quiere extender la soberanía en el sistema tecnológico-digital, se debe de comprender la naturaleza de la tecnología; así como las limitantes de los Estados en esta nueva realidad, en donde hay megaempresas con capacidades técnicas que exceden a la de la mayoría de los países, salvo los poderes hegemónicos; por lo que extender la soberanía requeriría primero reclamar espacios técnicos, económicos y productivos.
Asimismo, también se vuelve necesario delimitar el actuar del Estado según su visión del sistema tecnológico, ya que los países centran su atención en la tecnología digital de diferentes maneras, lo que se traduce en la práctica en el establecimiento de diferentes tipos de soberanía: soberanía de datos, soberanía tecnológica, soberanía del espacio informativo, soberanía digital, o cibersoberanía. Por lo que el primer paso sería preguntarse ¿Cómo los Estados ven a la tecnología y hacia donde quieren y podrían ir?