El plan “C” que pudo evitar el plan “A”

Aconteció nuevamente; la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha interpuesto a la evolución democrática planteada por el proyecto de transformación. La reforma a las leyes secundarias en materia electoral, impulsada por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, ha sido tildada de inconstitucional por el máximo órgano judicial de nuestro país. 

Una vez más, se expresa de manera diáfana que la oposición política al proyecto que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se encuentra en el actuar del PRIAN; coalición que momento a momento acumula un desgaste y pérdida de legitimidad. Tampoco se encuentra en los medios tradicionales de (des) información. Se encuentra en el poder judicial.

Es el poder judicial el frente de batalla de mayor intensidad; el sitio de definición y de resistencia.

El alcance de la reforma planteada en el llamado plan b, busca generar un ahorro sustancial del gasto desmedido que ejerce la burocracia dorada que integra al Instituto Nacional Electoral. Ahorro que, de ser generado, se utilizaría en el refuerzo de los programas sociales para que la ayuda a los sectores más vulnerables sea intensificada en la mayor medida posible. 

La ecuación humanista se resume a terminar con los privilegios arriba, combatiendo la corrupción y la fatuidad, para fortalecer la dignidad y oportunidad de desarrollo abajo.

Ante la negativa apátrida impuesta desde el poder judicial, el presidente insta al pueblo de México a materializar una tercera vía; un “plan c”. Aquel consiste en una nueva revolución pacífica por la vía electoral, que dote de los votos suficientes a la bancada Obradorista para llevar a cabo las reformas constitucionales, mismas que requieren una mayoría calificada, consumada por dos tercios de los integrantes del poder legislativo. Es decir, que sea votado todo por morena, de manera contundente.

El ahora denominado plan “C”, pudo haber evitado el despliegue del plan “A”. 

En el año 2018 morena arrasó electoralmente hablando.

En la cámara de diputados morena por sí solo tuvo producto de las votaciones una representación de 252 diputados federales. Aunado a los obtenidos por el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social (67 diputados), obtuvo una representación total de 319 diputados. Teniendo un faltante de 14 diputados para consagrar la mayoría calificada, misma que permitiría la ejecución de las reformas constitucionales.

En el año de 2021 morena alcanzó 201 diputados en solitario; sumados a los 74 diputados agregados por la coalición del Partido Verde y Partido del Trabajo, dando un total de 275 diputados. Es decir, eran necesarios 58 diputados para el acceso a las reformas constitucionales. Morena y sus aliados tuvieron una reducción de 44 diputados, representados porcentualmente como una pérdida del 14% entre las elecciones del 2018 y las del 2021.

Indudablemente una baja que en ningún momento puede serle atribuida al trabajo del Presidente de México, quien ha mantenido los porcentajes de aprobación desde el primer día de su gobierno. Por el contrario, las determinaciones de la cúpula partidista en la integración de las propuestas para las candidaturas del año 2021, dieron por respuesta las cifras anteriormente señaladas.

Debe ser replanteada la estrategia de reforma legislativa en función a la obtención del mayor número de curules. Curules representadas por cuadros políticos con plena identidad con el pueblo de México. Cuadros políticos que han sido formados en el Obradorismo, y no morenistas de última hora. 

El pueblo no es tonto. Tonto aquél que crea que el pueblo es tonto. 

Vivimos en la época de mayor politización en la historia de nuestro país. El pueblo de México es híper consiente de la trasfiguración política y desprecia cualquier tipo de simulaciones. El actual llamado del presidente de México debe ser interpretado por la dirigencia nacional de morena como la obligación de buscar a los mejores perfiles en la elección venidera. Personas que representen al auténtico Obradorismo.