La elección judicial y el futuro del poder de las empresas de tecnología

La inminente elección judicial en México se presenta como una oportunidad histórica para transformar un sistema que durante décadas no sólo ha sido incapaz de contener los abusos de las grandes empresas tecnológicas, sino que en muchos casos ha sido cómplice. Lejos de garantizar justicia, el aparato judicial mexicano ha actuado con parsimonia, desidia o incluso subordinación frente al poder económico y político de corporaciones como Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Uber, entre otras; esta permisividad institucional no es un accidente, sino que es el resultado de una arquitectura legal inadecuada, de órganos reguladores debilitados, así como de una cultura jurídica y política que rara vez se atreve a confrontar intereses transnacionales.

Para entender cómo podría cambiar la relación entre el poder judicial y el poder de las empresas tecnológicas en México, es necesario tener en cuenta las fallas y omisiones que ha cometido el poder judicial, para de ahí partir a escenarios en donde se explore cómo podría impactar la elección judicial. 

Un caso esclarecedor de la pasividad y complicidad del sistema judicial se dio con Meta, a través de Facebook, cuando la empresa de Mark Zuckerberg fue objeto de investigación tras el escándalo global de Cambridge Analytica, en el que datos de usuarios mexicanos habrían sido utilizados sin consentimiento en campañas electorales. En ese momento el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abrió un procedimiento que generó expectativas de una sanción; sin embargo, tras varios intercambios de información y sin una acción concreta, el caso fue archivado sin consecuencias.  Y si bien la actuación del INAI fue pésima, la de la SCJN no fue mejor, ya que ésta rechazó atraer el caso, argumentando que no existía materia para pronunciamiento de fondo.

Otro caso es el de Google en 2014, cuando un particular solicitó a Google México ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) para eliminar resultados de búsqueda con su información personal, a lo que Google se rehusó, argumentando que el motor de búsqueda es operado por Google Inc. en EE.UU. y que su filial local no controlaba los datos. 

Tiempo después el caso de Google fue elevado al IFAI y éste  le ordenó a Google bloquear la indexación del dato personal; sin embargo, Google no acató la recomendación inicial, por lo que el IFAI anunció una posible multa de hasta $44 millones de pesos, a lo que Google impugnó y tras años de litigio, en diciembre de 2024 la Segunda Sala de la SCJN resolvió el amparo a favor de Google, concluyendo que obligar a Google a de-listar contenidos equivaldría a censura y vulneraría la libertad de expresión; por tanto, no se impuso una multa a Google y se sentó el precedente legal que niega la existencia de un “derecho al olvido” amplio en México y protege a intermediarios de responsabilidad por datos de terceros

También están Uber y DiDi, ya que en diversos estados del país se han presentado demandas de conductores despedidos arbitrariamente, sin acceso a seguridad social, pensiones ni indemnizaciones; ante esto, los tribunales laborales han sido lentos en emitir sentencias, muchas veces rebotando el caso por indefinición jurídica; por su parte, la mayoría de los tribunales federales han fallado a favor de las plataformas, argumentando que los trabajadores no están subordinados en términos clásicos. Mientras tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado irregularidades fiscales, pero las sanciones impuestas a estas plataformas han sido mínimas y sin consecuencias estructurales. La reticencia del sistema judicial a reconocer la relación laboral —incluso frente a pruebas evidentes de subordinación y dependencia económica— muestra una forma de complicidad estructural.

En general, lo que une a estos casos es la pasividad estructural del sistema judicial y administrativo mexicano, ya que las autoridades encargadas de vigilar, sancionar y corregir abusos empresariales carecen no solo de recursos, sino también de incentivos institucionales para actuar con autonomía. En muchos casos, los procesos se alargan intencionalmente, se archivan sin resolución o se negocian “en lo oscurito”, lo que debilita la confianza pública en las instituciones de justicia; asimismo, existe también una fuerte tendencia a la captura institucional: alianzas entre gobiernos locales y las plataformas tecnológicas han derivado en una resistencia a la fiscalización efectiva, especialmente cuando dichas empresas proveen servicios útiles o visibles para la ciudadanía, como transporte, internet gratuito o infraestructura digital, tal como la reciente alianza entre el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con Elon Musk y sus cybertrucks.

En este contexto, la elección judicial que tendrá lugar el próximo 01 de junio, representa un punto de inflexión, ya que su resultado puede marcar la diferencia si el país fortalece su aparato legal para enfrentar los desafíos del siglo XXI o si consolida un régimen de impunidad empresarial. Si la elección logra profesionalizar al poder judicial, garantizar la autonomía de los jueces y ampliar las capacidades técnicas de los órganos reguladores, podría ofrecer una base para contener los abusos de las grandes tecnológicas.

La tecnología no es neutra, está diseñada, operada y regulada (o no) en función de intereses concretos. Si el Estado mexicano no logra recuperar su papel rector en la relación con las plataformas tecnológicas, será cada vez más difícil frenar la colonización digital de derechos, recursos y espacios públicos.

México se encuentra ante una disyuntiva histórica: o fortalece su sistema judicial y administrativo para enfrentar a los gigantes tecnológicos con reglas claras, mecanismos efectivos y sanciones ejemplares, o se resigna a ser un campo abierto para prácticas corporativas que socavan el interés público bajo la apariencia de innovación. 

En este punto sólo queda decir que la decisión ahora es tuya, por lo que ahora nos toca a todas y todos actuar cívicamente responsables y no sólo participar en la votación, sino también en el seguimiento de nuestras elecciones; ya que, al ser funcionarias y funcionarios electos por el voto popular, estarán sometidos a un escrutinio constante y a la rendición de cuentas de su labor. La elección es nuestra.