Gamboa y Valero: los guardianes del desierto bajo ataque

En General Cepeda, Coahuila, donde el sol parece perforar la tierra con una constancia que solo conocen los pueblos curtidos por la historia y la resistencia, la lucha por la vida no se libra con discursos, sino con dignidad. Ahí, entre matorrales y ejidos olvidados por los grandes medios y la agenda federal, un grupo de campesinos ha vuelto a vencer en los tribunales a uno de los monstruos silenciosos del despojo: el Cimari, el confinamiento de residuos tóxicos operado por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (SEMNSA).

Pero la victoria no ha sido gratuita. Cada paso ganado ha costado no sólo tiempo y dinero, sino seguridad, tranquilidad y, en ocasiones, la vida misma. Es en este escenario donde emerge la figura de Juan Gamboa, uno de esos liderazgos incómodos para el poder, cuyo trabajo ha consistido en defender lo que debería ser obvio: el derecho a respirar aire limpio, beber agua sin veneno y heredar tierra fértil a los hijos.

Gamboa, junto a otros activistas como José Luis Valero y Jackie Campbell, han acompañado de ejidatarios de Jalpa y otras comunidades, forma parte del colectivo Sí a la Vida, una organización que, pese a la precariedad y el olvido institucional, ha puesto en jaque a un modelo extractivista que considera al norte de México un gran tiradero. Mismos que ahora son difamados en páginas de internert que difunden mentiras.

Sin embargo, estos hombres y mujeres no cargan más armas que la palabra, el derecho y la constancia. Pero eso, en el México de hoy, es más que suficiente para ser blanco de campañas de calumnias, amenazas y criminalización. No es casualidad que tras el reciente fallo de un Tribunal Colegiado de Justicia Administrativa, que reconoce las irregularidades del Cimari, la maquinaria mediática y política de SEMNSA se haya volcado contra el colectivo.

En una lógica perversa, el que denuncia la muerte es acusado de matar la inversión; el que exige legalidad es tachado de revoltoso. Así funciona el manual de intimidación que empresas como SEMNSA han perfeccionado con ayuda, muchas veces, de autoridades omisas o cómplices.

Pero la historia no está de su lado

Lo que ocurre en General Cepeda es parte de una lucha más grande, de una resistencia que atraviesa estados y sexenios. Desde Sonora hasta Chiapas, comunidades enteras han dicho "no" al despojo disfrazado de desarrollo. Y han dicho "sí" a la vida, como el nombre de este colectivo que no se resigna, que no olvida, que no se rinde.

El mensaje del fallo judicial va más allá del expediente. Es un recordatorio de que aún en un país donde se asesinan defensores ambientales, la ley puede, a veces, colocarse del lado correcto de la historia. Aunque duela, aunque incomode.

A los poderes fácticos les gusta hablar de progreso, pero lo entienden como sinónimo de saqueo. Lo que los ejidatarios de Jalpa proponen es otra forma de desarrollo, una que prioriza la salud comunitaria, la tierra viva y la permanencia de la vida campesina. Una propuesta que no cabe en el Excel de los accionistas, pero sí en la memoria de los pueblos.

Hoy más que nunca, el caso de General Cepeda exige atención nacional. No se trata únicamente de un conflicto local ni de un capricho ambientalista: estamos frente a una radiografía del modelo económico que se impone por encima de la vida, que convierte la tierra en basurero y a los campesinos en obstáculos. La pregunta es urgente y brutal: ¿de qué lado está el Estado mexicano, del lado de la vida o del lado del veneno?

La criminalización contra Juan Gamboa, José Luis Valero, Jackie Campbell y los ejidatarios de Jalpa es una advertencia para todos los que se atreven a alzar la voz en defensa del territorio. Es la respuesta del poder cuando se le cuestiona. Pero también es señal de que algo se está moviendo, de que los pueblos ya no se agachan ni esperan permiso para existir dignamente. A cada ataque, el colectivo responde con más organización, más denuncias, más verdad.

Lo que está en juego no es solo un fallo judicial ni un predio en disputa. Lo que se disputa en General Cepeda es el derecho a decidir cómo vivir y cómo morir. Porque cuando el veneno entra en el agua, no distingue entre ricos y pobres. Y cuando una comunidad se planta y dice basta, se convierte en ejemplo. Y eso, para las empresas, es más peligroso que cualquier sentencia judicial.

General Cepeda ha hablado. Y su voz, aunque pretendan ensuciarla, suena clara: el desierto no será tumba ni tiradero. Será trinchera de memoria, de lucha y de vida. Mientras haya campesinos que defiendan la tierra con la frente en alto, habrá futuro. Aunque les duela. Aunque no les guste. Aunque tiemblen los que contaminan con total impunidad.