El Intento de golpe de Estado de la Corte contra AMLO

En una reciente conferencia mañanera del presidente se le preguntó sobre el proyecto de la suprema corte sobre separarlo del cargo; la otra sorpresa es que el presidente no lo sabía. Que tiempos políticos vivimos que un golpe de Estado blando tendría que ser una sorpresa; bueno lo es y no lo es. 

Tenemos que partir de la premisa que los golpes blandos de Estado, o lawfare, son una estrategia creada por varios países occidentales de la organización militar OTAN, sobretodo EU, para derribar políticamente a los líderes políticos de los países que tienen o pueden tener gobiernos de izquierda que generalmente no conviene a los intereses de grupos elite de poder. La estrategia tiene como centro a los poderes judiciales, muchas veces con la estrecha participación de fiscalías, para que usen sus facultades para sancionar a líderes políticos por cualquier pretexto. Con ello los tribunales pueden separar, inhabilitar, perseguir y hasta encarcelar a actores políticos, casos similares se han presentado en la región como los de Lula da Silva, Evo Morales y Pedro Castillo. Por eso también se le conoce como lawfare en referencia a la guerra judicial, con ese poder como actor al frente de los ataques y con las leyes como armas; además que es una guerra no convencional o guerra hibrida desarrollada principalmente por Estados Unidos para intervenir en los países que se alejan de su influencia y así no tener que utilizar los golpes de Estado militares, magnicidios ni otros crímenes. Otra característica que es necesaria es la manipulación de los medios para crear narrativas por mala imagen a los políticos sancionados. Quien ha investigado a fondo el tema es la politóloga Arantxa Tirado y justamente ha señalado que uno de los primeros intentos de lawfare en la región sucedió en el intento de desafuero del presidente Andrés Manuel en 2005. 

Esta vez nos encontramos frente a otro intento de golpe de Estado blando, esta vez elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación, cuyo responsable del proyecto es el ministro Luis María Aguilar y lo presentó en la sesión del pasado 23 de agosto. Hubo mucha velocidad e interés del ministro. Hay que revisar el contexto.

El juicio de origen sucedió por la demanda de amparo presentada por la magistrada Bárbara Templos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra la Presidencia en 2021 porque no este no contestó la propuesta del mismo tribunal para que la magistrada sea considerada para otro periodo de 10 años. El juez de distrito que recibió la demanda de amparo concedió la suspensión para que la magistrada siguiera trabajando.  Uno de los problemas que desde el inicio se crearon es que el juez resolvió que la Presidencia debe de proponer a la magistrada Templos. A principios de año la Presidencia mandó las propuestas de magistrados al senado.  

Uno de los problemas principales es que la Corte y el juez de distrito invaden facultades de la Presidencia al señalar que está obligada a proponer a la magistrada Templos, proveniente de las evaluaciones realizadas por el señalado Tribunal, para otro periodo. La Presidencia tiene toda la discrecionalidad de decidir a cuales magistrados proponer, la Corte no tiene por qué acotarla. 

Hay que señalar que la Ley de amparo menciona por regla general que si se incumple una sentencia de amparo el responsable tiene que ser separado del cargo, pero la excepción es que los funcionarios electos por voto popular tienen fuero, y en su caso son separados por el juicio de procedencia o juicio político; incluso la misma ley menciona que el presidente no puede ser autoridad responsable y con ello lo protege de esa sanción. 

Una vez más estamos ante, por lo menos, un atropello de la Corte contra el Presidente, y en el peor de los casos ante un intento de lawfare. Con ello expongo el amplio margen de interpretación que la misma Corte se expuso. 

Como siempre los ciudadanos debemos informarnos, analizar y cuestionar.