El derecho al techo: devolver el futuro a las juventudes

Para una inmensa mayoría de jóvenes en México, el deseo de independizarse y tener una vivienda propia se ha topado históricamente con un muro. Durante décadas se hizo la promesa de que la educación y el esfuerzo bastarían para tener un patrimonio propio; sin embargo, las reglas del mercado terminaron por convertir el acceso a una vivienda digna en un privilegio. Los salarios no alcanzan, los costos de los alquileres se disparan y los esquemas crediticios dejan en el olvido a quienes recién ingresan a la vida productiva: las y los jóvenes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de informalidad laboral alcanza al 55.0% de la población ocupada (33 millones de personas), lo que explica por qué, según los reportes laborales y de derechos sociales de la ENOE, el 61.0% de las y los jóvenes trabajadores en el país carece de acceso directo a la seguridad social y, por ende, a esquemas hipotecarios (como el Infonavit). Con un precio promedio de vivienda de $1,960,032 pesos reportado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y tasas de interés promedio en torno al 11.33% (con un Costo Anual Total promedio de 13.80% según el Banco de México, reunir un enganche o calificar para un crédito resulta una meta poco inalcanzable para los jóvenes.

A este obstáculo se suma un déficit habitacional que supera los 8.8 millones de hogares, de acuerdo con diagnósticos de la SEDATU y el INEGI. Esta exclusión golpea con mayor severidad a las mujeres: estudios de Oxfam México revelan que cerca del 80% de las personas jóvenes que no estudian ni participan en el empleo formal son mujeres, de las cuales 9.5 de cada 10 se dedican exclusivamente a tareas de cuidado no remuneradas. Estas jornadas alcanzan hasta 58 horas semanales en zonas urbanas, operando como una transferencia invisible que frena su autonomía económica y posterga indefinidamente su derecho a un espacio propio.

Esta precariedad no es un accidente de la economía; es el resultado de décadas de subordinar los hogares a la especulación de los grandes consorcios. Las políticas implementadas entre 1990 y 2015 desregularon el sector para favorecer a corporaciones privadas, colocando conjuntos habitacionales en periferias sin transporte, agua ni servicios básicos. El costo de ese modelo fue desastroso: México acumula más de cinco millones de viviendas deshabitadas en todo el país (INEGI), de las cuales el Infonavit reconoce formalmente cientos de miles en estado de abandono, vandalismo o invasión debido a la falta de servicios y su lejanía. A esto se suma la gentrificación en las zonas en las ciudades donde la falta de regulación y la proliferación de plataformas de hospedaje temporal, como Airbnb, han encarecido los precios de la vivienda y las rentas. 

El rediseño institucional reciente representa un viraje necesario para recuperar la rectoría pública en esta materia. Las adecuaciones a los artículos 4° y 123 de la Constitución, junto con la reforma a la Ley del Infonavit, reconfiguran las herramientas del Estado al permitir la edificación directa de vivienda social y habilitar esquemas de arrendamiento público con opción a compra. A la par, programas coordinados entre SEDATU y CONAVI buscan ampliar la cobertura hacia sectores no derechohabientes que perciben hasta dos salarios mínimos.

Esto debe de asumirse como el punto de partida de una política que exige disciplina territorial, presupuestal y una estrategia conjunta con el Sistema Nacional de Cuidados. Para que el acceso a la vivienda sea una realidad tangible, se requiere evitar abaratar costos construyendo nuevamente en periferias desconectadas, así como blindar el parque habitacional frente a la especulación y garantizar condiciones equitativas y accesibles para todas las personas.

Garantizar a las juventudes un techo acorde a su bolsillo, contratos de renta seguros, servicios básicos y un entorno urbano digno es la vía más contundente para transformar su vida material. No se construyen alternativas ni confianza ciudadana a través de discursos abstractos, sino mediante resultados que demuestren que el Estado está de su lado. Tras años de abandono, precariedad e incertidumbre, asegurar el derecho a la vivienda para las nuevas generaciones es el acto de justicia social indispensable para devolverles la certeza, la autonomía y la confianza en su país.