El costo de enfrentar al poder económico (el caso Ricardo Salinas en Puebla)

El obradorismo encauzó fundamentalmente su soberanía política en un postulado que Andrés Manuel López Obrador divulgaba de mitin en mitin durante la campaña electoral de 2018. Este mantra planteaba separar el poder político del poder económico, en una alegoría al juarismo, en el que la laicidad obligó a separar el poder eclesiástico del poder político.

Ahora, decía López Obrador, debía materializarse, en el marco de la Cuarta Transformación, la separación entre el poder político y el poder económico.

Y es que, aun teniendo el gobierno los instrumentos institucionales del Estado, así como la posibilidad de ejercer algunos de sus monopolios constitucionales, los 36 años del neoliberalismo en México crearon metapoderes que terminaron por rebasar cualquier institucionalidad.

Los empresarios creados y promovidos al amparo del poder se alimentaron y fortalecieron mediante canales corruptos y condiciones de impunidad que les permitieron enriquecerse, hasta conformar un poder económico mucho más fuerte y determinante que el propio poder político dentro del sistema político mexicano. 

Pareciera, entonces, que aquel mantra de separar el poder político del poder económico es una metáfora de anhelo, reivindicativa del papel del Estado frente al poder económico, en una disputa similar a la de David contra Goliat.

En Puebla, sin embargo, el proceso de transformación local ha rebasado la metáfora y ha entrado de lleno en un enfrentamiento frontal y brutal contra la infraestructura política y económica de quien se ha convertido en uno de los actores más agresivos y confrontativos frente a la Cuarta Transformación: Ricardo Salinas Pliego y su emporio mediático, TV Azteca.

La Puebla neoliberal, que se adueñó de los poderes públicos del estado a partir de 2010, tuvo siempre como cabeza de aquella estrategia a Rafael Moreno Valle. Durante su régimen, se entregaron, de manera comprobable, 826 millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego, de los cuales 286 millones correspondieron a subsidios directos al Festival de las Ideas, creación de Andrés Roemer, acusado en múltiples ocasiones de violencia sexual y prófugo de la justicia mexicana, actualmente en Israel.

En esa ruta de una Puebla que bailaba al ritmo de la suavidad de la milpa y el moche, Ricardo Salinas Pliego consolidó durante años un respaldo milmillonario proveniente de las arcas estatales.

Esa relación encontró una realidad distinta con el obradorismo que hoy representa en Puebla el gobernador Alejandro Armenta, quien evitó que se consumara lo que desde el gobierno estatal se ha señalado como una pretensión de más de 2 mil 350 millones de pesos por parte de los intereses empresariales vinculados a Salinas Pliego.

No estamos hablando de una simple pauta comercial. Se trataba de un paquete corporativo que, en conjunto, pretendía comprometer más de 2 mil 350 millones de pesos del Estado: más de 2 mil millones para la red dorsal y servidores de la Secretaría de Finanzas a través de Totalplay; 81 millones 330 mil pesos en seguros patrimoniales y otros 26 millones en pólizas vehiculares con Seguros Azteca; cerca de 50 millones por la digitalización de archivos en dependencias y casi 200 millones más en proveedurías tecnológicas integrales.

El paquete se coronaba con dos exigencias particularmente reveladoras de la relación que se pretendía conservar: 60 millones de pesos anuales en pauta publicitaria para TV Azteca y otros 35 millones cada año para subsidiar el Festival de las Ideas.

Eran más de 2 mil 350 millones de pesos con los que Ricardo Salinas Pliego buscaba condenar al pueblo de Puebla a un diáfano sobrecosto en su propuesta mercantil.

La proveeduría de servicios relativa a la red dorsal y los servidores de la Secretaría de Finanzas, a través de Totalplay, tendría, en términos reales, un costo mucho menor frente a la pretensión milmillonaria de más de 2 mil millones de pesos.

¿Dónde quedó la bolita?

Los 60 millones de pesos anuales que TV Azteca pedía formalmente por concepto de publicidad debían mantenerse dentro de los parámetros singulares de lo medianamente legal. Resultaría inverosímil, incluso dentro de los propios tabuladores, pretender justificar el pago de mil millones de pesos en pauta publicitaria a TV Azteca.

De ahí, desde esta lectura, la necesidad de distribuir el sobreprecio entre diversos conceptos, incluidos los rubros tecnológicos.

Pero se trataría de un sobreprecio editorial, no de manufactura tecnológica.

Miles de millones de pesos pretendía obtener TV Azteca mediante publicidad, escondidos y disfrazados grotescamente entre los miles de millones destinados a proveedurías para la red dorsal, pólizas vehiculares, digitalización de archivos y servicios tecnológicos integrales.

Frente a esa pretensión, más de 2 mil millones de pesos ahorra el gobierno que encabeza Alejandro Armenta, recursos que pueden destinarse al bienestar de las y los poblanos.

Su programa insignia, fundamentado en los valores del humanismo mexicano y la bioética social, es la obra comunitaria. En sintonía con los programas sociales instaurados por López Obrador, el modelo deposita en las mujeres la responsabilidad de las tesorerías, bajo aquella lógica obradorista de que la mujer es socialmente más honesta que el hombre.

Alejandro Armenta ha integrado directamente cientos de comités de obra comunitaria, con mujeres como tesoreras, en espacios de organización social donde las propias comunidades determinan el quehacer de la obra a partir del análisis y la resolución integral de sus necesidades.

Es, en el fondo, democracia participativa: llevar el recurso público hasta la comunidad para que el pueblo organizado decida qué necesita y cómo resolverlo, bajo uno de los principios políticos esenciales del obradorismo: que solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación.

El costo, indudablemente, ha sido el enfrentamiento cotidiano de TV Azteca Puebla contra Alejandro Armenta y el ejercicio de su gobierno. Desde los editoriales de sus noticieros hasta el contenido desplegado en redes sociales, la confrontación se ha mantenido mañana, tarde y noche.

El embate se ha dirigido también, de manera particular, contra José Luis García Parra, jefe de Gabinete, y Agustín Guerrero, vocero de Morena, quienes han enfrentado un asedio mediático pocas veces visto en la política poblana por parte de infraestructuras mediáticas nacionales.

Ese es el costo que ha pagado el gobierno y el propio gobernador Alejandro Armenta: soportar la insidia y la confrontación permanente.

A cambio, miles de millones de pesos pueden permanecer en las arcas públicas y destinarse a la obra comunitaria, al bienestar social de las y los poblanos y al ejercicio de un gobierno humanista que vela por el bien de todos y, por el bien de todos, primero los pobres.

Al final, aquella consigna que López Obrador repetía de mitin en mitin deja de ser solamente una metáfora cuando implica asumir sus consecuencias.

En Puebla, separar el poder político del poder económico tiene un costo. Y el gobierno de Alejandro Armenta, con sus acciones diarias, ha decidido pagarlo.