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El fuero invisible: cuando la doble nacionalidad se convierte en impunidad

El fuero invisible: cuando la doble nacionalidad se convierte en impunidad

Por Miguel Arzate

Hay algo que resulta difícil de explicar a los ciudadanos. Vemos a políticos jurar lealtad a México, posar frente a la bandera, hablar de soberanía y patriotismo. Pero cuando aparecen investigaciones judiciales o problemas legales, de pronto surge un segundo pasaporte. Y entonces la pregunta es: ¿puede alguien gobernar un país si, llegado el peor escenario, tiene la posibilidad de marcharse y ponerse bajo la protección de otra nacionalidad?

La propuesta que anunció Claudia Sheinbaum para impedir que la Presidencia de la República y las gubernaturas sean ocupadas por personas con doble nacionalidad abrió un debate incómodo. No porque la doble nacionalidad sea, por sí misma, un problema

Millones de mexicanos la tienen por razones familiares, laborales o de estudio, y eso forma parte de una realidad cada vez más común. El asunto es otro. La discusión empieza cuando quienes concentran el mayor poder político del Estado también tienen una puerta de salida distinta a la del resto de los ciudadanos.

El debate tiene un antecedente muy claro. El caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sigue pesando en la conversación pública. Las acusaciones en su contra y las dificultades para lograr su extradición colocaron sobre la mesa una pregunta que antes parecía meramente teórica: ¿qué ocurre cuando un funcionario de alto nivel puede refugiarse en otro país gracias a su condición jurídica? No es un asunto menor. Tampoco es una discusión inventada para la coyuntura.

Ahora bien, no se propone quitar derechos a los ciudadanos con doble nacionalidad. Ese sería otro debate y, francamente, injusto. Una persona puede tener dos pasaportes porque nació en otro país, porque sus padres son extranjeros o porque construyó su vida entre dos naciones. Eso no la hace menos mexicana.

Pero un presidente o un gobernador no ocupan un cargo cualquiera. Manejan información sensible, toman decisiones sobre seguridad, administran recursos públicos y representan políticamente al Estado mexicano. Esa responsabilidad exige un estándar distinto. Más alto, incluso, que el que se pide para otros servidores públicos.

Y de llegar la propuesta al congreso no tardara la oposición y sus voceros con su disco rayado de ¡autoritarismo!, ¡persecución política! Sin embargo, vale la pena hacerse una pregunta: si quien gobierna enfrenta un proceso penal serio, ¿es deseable que tenga una segunda nacionalidad que pueda complicar su permanencia en México o los procedimientos de cooperación internacional?

Sheinbaum ha insistido en que el servicio público requiere personas con un compromiso incuestionable con el país y, el argumento de fondo apunta hacia la confianza institucional. Gobernar no es solamente administrar. También implica aceptar que, si algún día hay que rendir cuentas, esas cuentas se rinden aquí, ante las leyes mexicanas.