El sujeto que el mercado quiso borrar

Tere nació ejidataria, aunque nadie le preguntó si quería serlo. Es hija de un hombre que sembró estas tierras en las faldas de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, y que, como él, como su madre, como sus abuelos, aprendió que la tierra no es un activo que se administra: es una pertenencia que se hereda junto con la obligación de defenderla. Hoy, como muchas tardes, se para frente a un predio baldío —tierra reseca, mezquites dispersos, muchos matorrales— y sabe que del otro lado de esa misma sierra hay casas de veinte millones de pesos, fraccionamientos con nombre en inglés, centros comerciales con piso de mármol. Todo eso se construyó sobre lo que fue, hasta hace apenas tres décadas, tierra del Ejido Garita de Jalisco.

Durante años, la versión oficial fue siempre la misma: el ejido ya no existía. Habían vendido toda su tierra, decían. No había ejidatarios que reclamar, no había asamblea que consultar, no había nadie a quien rendirle cuentas. Era, según esa narrativa, un asunto cerrado —terreno libre, disponible, sin dueño legítimo que estorbara el negocio. Pero el ejido nunca dejó de existir. Existían las actas fundacionales de 1930. Existían los descendientes de quienes recibieron esa tierra en el reparto agrario. Y sobre todo, existían las ejidatarias y los ejidatarios: personas concretas, con nombre, que seguían ahí, tocando puertas de oficinas, exigiendo audiencias, presentando pruebas periciales ante un tribunal que, sentencia tras sentencia, prefería no verlos. Borrarlos del discurso público fue, en realidad, la estrategia. Si no hay sujeto, no hay a quién indemnizar, ni a quién consultar, ni a quién rendirle cuentas.

Y ahí está el error de fondo que cualquier modelo de justicia agraria tiene que corregir primero, antes que cualquier otra cosa: la propiedad social en México nunca ha sido solamente una superficie en un plano. Es, ante todo, un sujeto de derecho —una persona, una familia, una comunidad— al que la tierra da identidad y sustento, y que por eso mismo no puede ser tratado como una externalidad molesta en un plan de desarrollo urbano. Un ejido no se extingue porque a alguien le convenga que así sea. Se extingue, si acaso, por los procedimientos legales que la propia Ley Agraria establece, con la voluntad expresa de sus ejidatarios —no por comisariados corruptos, actas falsificadas o sentencias que ignoran sistemáticamente las pruebas que favorecen al ejido.

Hoy Garita de Jalisco sigue disputando los tribunales el predio conocido como Tlahuiscán, ubicado justo en la frontera entre el área natural protegida de la Sierra de San Miguelito y los fraccionamientos residenciales más caros de la capital potosina. Y algo empezó a moverse: la Procuraduría Agraria abrió una investigación a fondo sobre cómo se armó, financiera y legalmente, el despojo de este ejido y está apoyando jurídicamente para que ese modelo no se repita en el resto de la sierra. No porque el problema esté resuelto —no lo está—, sino porque, después de años de golpear puertas que no se abrían, alguien con autoridad para actuar decidió finalmente mirar de frente a las ejidatarias y los ejidatarios, no al expediente.

Ahí está la segunda pieza de este mapa: ningún territorio se entiende sin preguntar primero quién es su sujeto. El Humanismo Agrario parte exactamente de ahí —de poner al sujeto agrario, y no la tierra como mera superficie, en el centro de la propiedad social. Cuando el mercado decide que un pueblo "ya no existe" para poder operar sin él, la respuesta no puede ser solamente jurídica: debe ser, primero, un acto de reconocimiento. Ver a la gente. Nombrarla. Porque mientras exista una hija de ejidatario dispuesta a pararse frente a ese terreno baldío una vez más, el sujeto agrario sigue de pie, aunque el discurso oficial haya insistido, durante el neoliberalismo, en que ya no estaba.