Cuba, Venezuela y la idea de un “protectorado moderno”: una crítica a la expansión de la influencia estadounidense en América Latina

Cada 26 de julio, Cuba recuerda el asalto al Cuartel Moncada de 1953, un acontecimiento que marcó el inicio de un proceso histórico que transformó el rumbo político de la isla y que, con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de resistencia, autodeterminación y lucha por la soberanía nacional. Su conmemoración invita a reflexionar sobre el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino, sin presiones ni imposiciones externas.

Después de más de seis décadas de embargo económico impuesto por Estados Unidos, numerosos gobiernos y organismos internacionales han manifestado su desacuerdo con la permanencia de esta política, argumentando que sus efectos repercuten en las condiciones de vida de la población cubana y dificultan el desarrollo económico de la isla, violando a todas luces sus derechos humanos, y desde luego soslayando en crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Estados Unidos. 

Desde esta perspectiva, la defensa de Cuba reivindica el principio de soberanía, la no intervención y el respeto al derecho internacional como bases fundamentales de las relaciones entre los Estados.

Desde esta perspectiva crítica, la política exterior del Estados Unidos de Donald Trump y los Republicanos, hacia Cuba y Venezuela puede interpretarse como un intento de establecer una relación similar a un protectorado moderno, donde la soberanía formal de estos países permanece, pero sus posibilidades de desarrollo y sus decisiones políticas son condicionadas por la influencia estadounidense trumpista.

Un protectorado es una relación política en la cual un Estado más poderoso establece mecanismos de control sobre otro territorio que conserva algunas instituciones propias. A diferencia de una colonia, donde existe una administración directa, el protectorado mantiene un gobierno local, pero la potencia dominante ejerce influencia sobre asuntos estratégicos.

Históricamente, los protectorados fueron utilizados por imperios europeos y otras potencias para ampliar su influencia sin asumir completamente los costos de una administración colonial. En muchos casos, la justificación era proteger la estabilidad del territorio, garantizar intereses comerciales o evitar la presencia de rivales extranjeros. Sin embargo, desde la perspectiva de los pueblos sometidos, estas relaciones frecuentemente significaron una limitación de su soberanía, y violación flagrante a los derechos humanos de todos los habitantes.

En el caso de América Latina, la discusión sobre protectorados está profundamente relacionada con la política exterior de Estados Unidos y ahora más salvaje con los Republicanos y Donald Trump en el poder ya que su visión histórica de la región ha sido como un espacio de especial interés estratégico.

Para comprender el origen de la influencia política de Estados Unidos sobre América Latina es indispensable analizar la Doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el presidente James Monroe. Su principio fundamental quedó resumido en la frase “América para los americanos”, la cual, en su contexto original, pretendía advertir a las potencias europeas que cualquier intento de recolonización o intervención en el continente americano sería considerado una amenaza para los intereses de Estados Unidos.

Inicialmente, la doctrina fue presentada como un mecanismo de protección para las nuevas repúblicas latinoamericanas que habían alcanzado su independencia de España y Portugal. En teoría, defendía el derecho de los pueblos americanos a desarrollarse sin la interferencia de las monarquías europeas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la Doctrina Monroe evolucionó desde una política defensiva hacia un instrumento de legitimación de la influencia estadounidense sobre el hemisferio occidental. Bajo esta interpretación, el principio de impedir la intervención europea terminó convirtiéndose en la base de una esfera de influencia donde Estados Unidos asumió un papel predominante en los asuntos políticos, económicos y militares de América Latina.

Esta transformación se consolidó con el Corolario Roosevelt, anunciado en 1904 por el presidente Theodore Roosevelt. Dicho corolario sostuvo que Estados Unidos podía intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos cuando considerara que existían situaciones de inestabilidad, incumplimiento de obligaciones internacionales o riesgos para sus intereses estratégicos.

El caso de Cuba constituye uno de los ejemplos más importantes para analizar la relación entre poder e influencia en América Latina. Durante el siglo XIX, Estados Unidos observó a la isla con gran interés debido a su ubicación geográfica estratégica en el Caribe, su cercanía al territorio estadounidense y su importancia económica.

La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 cambió definitivamente la relación de poder en la región. Tras la derrota de España, Estados Unidos asumió un papel decisivo en los asuntos cubanos. Aunque Cuba alcanzó formalmente su independencia en 1902, la influencia estadounidense quedó establecida mediante mecanismos políticos y militares.

La llamada Enmienda Platt, incorporada a la Constitución cubana de 1901, permitió a Estados Unidos intervenir militarmente en Cuba bajo determinadas circunstancias atendiendo precisamente a los principios del Corolario Roosevelt y estableció condiciones que limitaron la autonomía cubana durante las primeras décadas de la república. Además, Estados Unidos mantuvo una presencia estratégica en la isla mediante la base naval de Guantánamo.

Aunque Cuba no fue declarada oficialmente un protectorado estadounidense, durante ese periodo existió una relación de dependencia semejante a la de un protectorado, debido a la capacidad de Washington para influir en las decisiones fundamentales del país.

Este antecedente histórico es importante porque muestra que la influencia estadounidense en Cuba no comenzó con la Revolución cubana de 1959, sino que tiene raíces más profundas vinculadas al equilibrio de poder del Caribe.

El mundo contemporáneo ha cambiado y las formas de dominación internacional también. En la actualidad, una potencia no necesita ocupar militarmente un territorio para ejercer una influencia determinante. Las violentas herramientas económicas y diplomáticas pueden convertirse en mecanismos de presión capaces de limitar la autonomía de otros Estados.

Las sanciones económicas contra Cuba y Venezuela pueden ser interpretadas como instrumentos de un nuevo modelo de intervención violatoria en contra de la vida y los derechos humanos. En lugar de administrar directamente un territorio, la potencia dominante puede utilizar restricciones comerciales, financieras y diplomáticas para condicionar el comportamiento de un gobierno extranjero.

En el caso cubano, el embargo económico estadounidense, vigente durante décadas, ha sido presentado por Washington como una herramienta para promover cambios políticos y democráticos. Sin embargo, funciona como un mecanismo de presión que afecta la capacidad económica del país y limita su soberanía y violenta los derechos humanos de los habitantes de una nación que ha decidido mantenerse digna ante el embate intervencionista.

En Venezuela, las sanciones y la presión estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro ha generado un debate similar. Mientras Estados Unidos argumenta que busca defender la democracia y los derechos humanos, estas medidas forman parte de una estrategia para recuperar influencia sobre y el control de enormes recursos energéticos, con resultados detestables toda vez que ahora los derechos humanos del pueblo venezolano se han visto más violentados que nunca soslayando al igual que en Cuba en crimines e lesa humanidad por los inhumanos embargos económicos.

Figuras políticas estadounidenses como Marco Rubio han defendido una postura de presión contra los gobiernos de Cuba y Venezuela. Sus posiciones se han basado en la idea de que Estados Unidos debe utilizar sus herramientas económicas y diplomáticas para enfrentar gobiernos considerados adversarios.

Desde una perspectiva crítica, esta política representa una continuidad de una tradición intervencionista donde Washington busca definir qué gobiernos son aceptables dentro de su esfera de influencia. Bajo esta interpretación, la estrategia no buscaría establecer protectorados tradicionales con presencia militar permanente, sino crear condiciones de dependencia política y económica

El concepto de “protectorado moderno” surge precisamente de esta idea: un Estado puede conservar símbolos de independencia, bandera y gobierno propio, pero enfrentar limitaciones significativas debido a la presión ejercida por una potencia extranjera.

La historia de Cuba demuestra que la relación entre Estados Unidos y América Latina ha estado marcada por intereses estratégicos, económicos y políticos que han generado constantes debates sobre soberanía e intervención. Desde la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 hasta las actuales políticas de sanciones y presión diplomática, la influencia estadounidense en la región.

Las políticas aplicadas hacia Cuba y Venezuela se interpretan como parte de una estrategia destinada a mantener la influencia estadounidense en una región históricamente considerada de importancia estratégica para Washington. Sin embargo, este planteamiento forma parte de una violación sistemática del derecho de los pueblos a la libre determinación, principio reconocido por el derecho internacional y por diversos instrumentos de derechos humanos.

Estas políticas resultan incompatibles con los principios de igualdad soberana de los Estados, no intervención y solución pacífica de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas además de atentar contra la vida democrática de los países. Desde esta óptica, las sanciones de amplio alcance no solo afectan a las instituciones gubernamentales, sino que también repercuten en la población civil, restringiendo el acceso a recursos, bienes y oportunidades para el desarrollo económico y social.

Finalmente, el protectorado representa una forma de dominación que termina por degradar la condición humana, al asumir que los intereses de una potencia pueden prevalecer sobre el derecho de otro pueblo a decidir su propio destino. Esta lógica establece, en la práctica, una jerarquía entre naciones, donde la vida, el bienestar y el desarrollo de unos parecen tener mayor valor que los de otros. Cuando las decisiones políticas o económicas impuestas desde el exterior afectan las condiciones de vida de millones de personas, se vulneran principios esenciales como la dignidad humana, la igualdad entre los pueblos y el derecho a la libre determinación. Ningún interés geopolítico puede justificar que una población sea privada de las oportunidades necesarias para su desarrollo ni que su soberanía sea subordinada a la voluntad de una potencia extranjera.