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  • 01 Nov 2022
  • 22:11
  • SPR Informa 6 min

Crímenes de lesa humanidad deben llegar a instancias internacionales

Crímenes de lesa humanidad deben llegar a instancias internacionales

Por Dennis A. García

Me llevaron al sótano de la SIEDO a una celda y me pusieron a la vista cuatro expedientes gruesos y en esas hojas venía mi nombre y decían que eran mis huellas digitales.

A partir de ese día me tuvieron cinco meses en el sótano.

Muchas ocasiones me negaba a estudiar expedientes y me golpeaban en repetidas ocasiones, me dejaban dos o tres días sin comer teniendo yo que tomar agua del sanitario.

Tenía yo que estar encerrado en una oficina donde se encontraban de uno a tres fiscales de la SIEDO en compañía de testigos protegidos que tenían clave Pitufo, Tauro, Paco, Karen y todos hacían una función para que se viera como si fuera un juicio y estudiar los expedientes. Esa era la forma de preparar bien a los testigos protegidos.

Lo anterior forma parte de una charla que tuve con un testigo protegido en tiempos de Felipe Calderón, sexenio en la que se abusó de esa figura para armar expedientes a modo a través de la tortura.

La tortura cometida por servidores públicos es una de las prácticas más lacerantes que pueden existir contra el ser humano ya que deja daños físicos y sociológicos difíciles de superar. 

A la par merma la credibilidad del sistema de justicia cuando vemos que policías, agentes del ministerio público u otros servidores públicos utilizan esa forma para intimidar y obtener confesiones  para armar carpetas de investigación que con el paso del tiempo se caen y al final abre la puerta de la impunidad. 

La tortura, una práctica que viola gravemente los derechos humanos, fue utilizada de forma sistemática en la estrategia llamada por el presidente Felipe Calderón como "Guerra contra el Narcotráfico".

En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón aplicó personalmente la tortura para obtener confesiones y armar ilegalmente una narrativa falsa sobre los hechos.

Descargas eléctricas, golpes, mutilación, asfixia, violencia sexual, son algunas tácticas empleadas por esos servidores públicos que utilizan el poder a modo para, incluso, servir al crimen organizado.

Esos métodos también fueron utilizados en Nayarit por el entonces gobernador Roberto Sandoval y su fiscal Édgar Veytia. Las víctimas tienen pruebas suficientes que sustentan esas prácticas y dejan abierta la posibilidad de que sean juzgados por tan atroces actos.

La desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles son crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados a nivel internacional para cerrar la puerta a la impunidad y abrir la del acceso a la justicia, reparación del daño y la no repetición.