Cinco siglos de resistencia: que la voz de los pueblos se haga ley

México ha tenido leyes para proteger animales, plantas y recursos naturales, pero todavía no cuenta con una ley general que desarrolle integralmente los derechos de sus pueblos indígenas y afromexicanos. La reflexión del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, durante una conferencia que organizamos desde la Procuraduría Agraria y que puso sobre la mesa una de las deudas históricas más profundas del Estado mexicano.

¿Cómo explicar que, después de cinco siglos de resistencia al despojo, la discriminación y la negación de derechos, los pueblos originarios sigan luchando para que sus formas de gobierno, sus decisiones comunitarias y sus derechos sobre la tierra y el territorio tengan pleno reconocimiento jurídico?

No estamos frente a una discusión legislativa cualquiera. Está en juego el reconocimiento, respeto y ejercicio efectivo de los derechos colectivos.

La reforma al artículo 2º constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024 durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ahora, la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos busca establecer los mecanismos para hacerlos efectivos.

Durante la conferencia La voz de los pueblos indígenas y afromexicanos hecha ley, celebrada el 16 de octubre, escuchamos a quienes han participado directamente en esta construcción colectiva. Sus intervenciones permiten comprender la dimensión histórica, política y jurídica de este proceso.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó una cuestión fundamental: no puede transformarse el país manteniendo intactas las estructuras que históricamente han excluido a los pueblos originarios. “Si no removemos las estructuras, los métodos, la visión, la concepción, no va a haber transformación”, advirtió. Y recordó algo esencial: una ley por sí sola no cambia la realidad; hay que implementarla y aplicarla.

La coordinadora general del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Yanet del Rosario Cruz Gómez, recuperó la memoria de décadas de resistencia y organización comunitaria. Su testimonio condensó la persistencia de los pueblos en una petición dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Presidenta, no se olviden de nuestra ley”.

Esa frase contiene una historia de luchas que va del Congreso Indígena de 1974 al levantamiento zapatista de 1994 y los Acuerdos de San Andrés. Esta ley no surgió de un escritorio: es resultado de generaciones que nunca renunciaron a su derecho a decidir.

La diputada federal Irma Juan Carlos, mujer chinanteca y promotora de la reforma constitucional, recordó que antes las decisiones se tomaban desde las cúpulas del poder, sin consultar a los pueblos. Hoy existe la oportunidad de que sean ellos quienes participen en la definición de las normas que habrán de regirlos. También reconoció que hay asuntos pendientes y que la transformación exige continuar avanzando.

El coordinador general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Krhistian Mahatma Hernández García, presentó resultados que muestran la dimensión del proceso: 77 asambleas regionales, 19 mesas de trabajo, participación de 13 mil 129 comunidades y 3 mil 287 propuestas específicas para enriquecer la iniciativa.

La trascendencia de esta consulta no estará solamente en el número de participantes, sino en que sus propuestas se traduzcan en disposiciones jurídicas y derechos efectivos.

Desde el sector agrario, el director en jefe del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva, recordó las dificultades para reconocer a las autoridades tradicionales del pueblo yaqui como interlocutoras legítimas del Estado. Su intervención puso sobre la mesa la necesidad de armonizar la legislación agraria con los derechos colectivos y las formas de organización comunitaria.

Desde la Procuraduría Agraria hemos acompañado las asambleas de consulta y contribuido a la revisión de las disposiciones relacionadas con tierras y territorios. Nuestra responsabilidad es fortalecer la defensa de la propiedad social y garantizar que los derechos agrarios y los derechos de los pueblos indígenas se complementen.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado su disposición a mantener abierto el proceso de consulta el tiempo necesario para construir acuerdos. Esa decisión permite escuchar las observaciones y fortalecer una iniciativa cuya trascendencia dependerá de su contenido y de su aplicación efectiva.

Durante cinco siglos, los pueblos indígenas y afromexicanos han resistido los intentos de despojarlos de sus territorios, borrar sus culturas y someter sus formas de organización. Y siguen aquí, defendiendo su derecho a existir y decidir su futuro.

Después de cinco siglos de resistencia, los pueblos no están pidiendo que se les conceda una identidad ni una historia. Exigen que se respeten y garanticen sus derechos, sus decisiones y sus territorios.

Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica que no debe desperdiciarse.

Que la voz de los pueblos se haga ley. Pero, sobre todo, que la ley se haga realidad en sus tierras, sus territorios y sus formas de gobierno.