De los documentos de Santa Fe a la nueva arquitectura de intervención en México

Dijimos hace 15 días que la “guerra contra el narco” en México cerró la pinza yanqui-sionista de un anclaje indispensable para mantener a la región bajo un estado de excepción permanente.

Sin embargo, desde diciembre de 2018, el gobierno de México emprendió una serie de decisiones que incluían la recuperación de la soberanía nacional, el rescate de sectores estratégicos como la energía y el litio, el fin de la guerra “contra el narco” y la aplicación de una política exterior independiente, en un claro y abierto desafío a las imposiciones yanquis.

En la década de los 80, a través de los documentos de Santa Fe y el Consenso de Washington, Estados Unidos marcó de manera formal su agenda para someter económicamente, socialmente y territorialmente a nuestro país.

En materia territorial y de seguridad, inició un proceso de militarización de la guerra contra las drogas. Se reorientó la lucha contra la amenaza soviética a la narrativa del narcotráfico y el terrorismo como las principales amenazas a la seguridad regional, justificando así la intervención militar directa e indirecta en nuestro país.

En lo económico se estableció un paquete de 10 reformas formuladas por el economista John Williamson, que incluían la privatización de las empresas públicas, la reducción del gasto público, la desregulación de las tasas de interés, (que trajo el sobrendeudamiento de las familias mexicanas) y la modificación al artículo 27 de la Constitución, que detuvo el reparto agrario y permitió la venta, arrendamiento o hipoteca de tierras ejidales y comunales.

Romper con todas estas doctrinas llevó a Estados Unidos a abandonar el falso discurso de la “cooperación” para pasar a una fase de subversión asimétrica y asedio.

México, al renunciar a los yugos históricos impuestos por el imperialismo, se convierte en el objetivo de una arquitectura de intervención que incluye el uso de la narrativa del narco y el colonialismo tecnológico para desgastar y doblegar a la 4T.

El fin de la “guerra contra el narco” restringió las operaciones de las agencias yanquis a través de la Ley de Seguridad Nacional. La consecuencia fue que inició la “guerra de filtraciones”, donde las mismas agencias amarradas, en coordinación con los medios de comunicación, publican supuestos testimonios de testigos protegidos (en poder de Estados Unidos) que hacen falsas acusaciones al proyecto gobernante para destruir la legitimidad moral de la presidenta, erosionar la autoridad del gobierno con la narrativa del "Narco-Estado" y justificar la necesidad de intervenir.

En lo comercial utilizan al T-MEC, que es históricamente un mecanismo de sometimiento económico, ahora también como una herramienta de coacción geopolítica.

Con el pretexto del “narco-terrorismo”, los yanquis amenazan con aranceles paralizantes, cierre de cruces fronterizos y el freno de inversiones (nearshoring) si no cedemos a sus exigencias. Esta presión también la utilizan para que México pare la inversión tecnológica y de infraestructura de China, obligando a nuestro país a comprar tecnología occidental, incluso si es más cara o perjudicial, para no ser clasificados como “una amenaza a la seguridad hemisférica”.

Aunque se ha desactivado por la hazaña que significó la Reforma al Poder Judicial, el lawfare y el financiamiento de la Quinta Columna  fueron ampliamente utilizados en el sexenio del presidente Andrés Manuel. La USAID o la NED inyectaron millones de dólares a ONGs, organizaciones de la "sociedad civil" y think tanks abiertamente vinculados al sector conservador para frenar proyectos y reformas constitucionales a favor del pueblo. En su momento ganaron en los tribunales al servicio de intereses yanquis y oligárquicos lo que no podían ganar en las urnas de manera democrática.

Otro yunque más de esta arquitectura de intervención, es la trampa del socio inseguro. Se utiliza la crisis del fentanilo y la migración para obligar a México a destinar grandes recursos económicos y militares para contener migrantes. Si el gobierno de la 4T lo hace, desgasta sus fuerzas armadas y genera tensiones en temas de derechos humanos, pero si no lo hace, halcones de Washington exigen una intervención militar directa.

Se puede concluir que el fin de este asedio no es derrocar al gobierno transformador en el corto plazo, sino, ayudados por los medios de comunicación hegemónicos, crear una atmósfera de ingobernabilidad artificial que agote al electorado para que se termine de instaurar el eje neofascista en nuestro continente.

Continuará …