05 de septiembre: Día Internacional de las Mujeres Indígenas

Fue durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, que se llevó a cabo en Tihuanacu, Bolivia (el único país plurinacional en el mundo), que se acordó conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Indígenas cada 05 de septiembre. 

A 40 años de su promulgación, el avance en el ejercicio por el reconocimiento efectivo de sus derechos, se ha entendido como una extensión al enunciar dentro de la Constitución y las leyes que nos nombran a las mujeres, la palabra indígena. Pero ¿existe de verdad una intención por que todas las mujeres indígenas, al menos en México, puedan habitar en un país que reconozca sus derechos políticos, electorales, igualitarios, de tenencia de la tierra, a la libre elección sobre su propio cuerpo, a una vida libre de violencia y a los servicios de justicia, educación, vivienda y salud con pertinencia cultural, lingüística y con enfoque intercultural? Yo creo que no.

Y es que en un sistema patriarcal en el que la pobreza y la desigualdad social tienen el rostro de las mujeres indígenas, romper con las estructuras implicaría reconocer, en principio, el carácter de la autoadscripción y el efectivo reconocimiento de sus sistemas normativos, mismos que continúan siendo excluyentes.

Este contraste y contradicción, permiten que el género, el ingreso, el tono de piel y las barreras lingüísticas sea factores que continúen perpetuando un sistema político, económico y social, en el que las mujeres indígenas continúan siendo despojadas de todos sus derechos. Por poner algunos ejemplos: de acuerdo con el INEGI, en México hay 3 millones 783 mil 447 mujeres que se autoadscriben como indígenas, esto es el 51.4 % de la población actual. El 20 % de ellas no saben leer ni escribir; el 27 % de las mujeres indígenas que tiene hijos, son jefas de hogar y de ellas, la mitad tiene un ingreso de hasta un salario mínimo. 

A estas cifras aún hay que sumarle el número de mujeres que se encuentran recluidas injustamente, por no contar con un intérprete en su lengua materna para llevar a cabo el debido proceso, la mortalidad materna a causa de la falta de servicios de salud en las comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas, la repartición desigual en tierras ejidales y comunales que beneficia a los hombres (de acuerdo con datos la ONU, solo el 30 % de las mujeres es propietaria de la tierra), los feminicidios, las desapariciones, la explotación sexual… y así podríamos continuar por nombrar todas las violencias ejercidas en contra de las mujeres indígenas. 

Sin embargo, a pesar de contar con instrumentos jurídicos en los que se condena la discriminación y la violencia por motivos étnicos y de género, en nuestro país también existen muchos sesgos institucionales, y es que, a pesar de toda la normatividad, la tradición política permite un uso desmedido de demagogia hacia las políticas públicas dirigidas a las mujeres indígenas. 

Recordemos el uso político de las mujeres indígenas en campañas electorales, sin propuestas ni representación dentro de los espacios de toma de decisión. O las cuotas que permiten que quienes no tienen trabajo ni experiencia y reproducen violencias y opresión contra las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, usurpan su identidad para llegar (o continuar) en los cargos públicos y de representación popular.

Sin duda, cada año se hacen presentes los recordatorios, las conmemoraciones y los espacios en los cuales se abre diálogo para problematizar las carencias y oportunidades de las mujeres indígenas, desde el carácter institucional y estadístico; sin embargo, hablar de números, ha negado que este sistema colonial y capitalista cede a manera de concesión, espacios cada vez menos visibles y de proyección hacia ellas. Recordemos, tan solo, la serie de cuestionamientos y exigencias clasistas que se le hicieron a la ahora Presidenta de la CONAPRED, Claudia Morales Reza, por asumir el cargo siendo líder comunitaria de la nación wixárika. Tenemos la consigna permanente de cambiar este modelo excluyente en donde las mujeres indígenas no sean el número estadístico con mayor carencias sociales y violación a sus derechos humanos y sociales.