Por un campo libre de Agrotóxicos

Los vecinos del norte están enojados. Y es que, hace algunos meses (marzo de este año), despertamos con la noticia de que los países de Estados Unidos y Canadá unieron fuerzas comerciales para presionar a México respecto al uso de un agrotóxico que es utilizado como insecticida. Se trata del glifosato desarrollado por la empresa multinacional, Monsato, firma que fue adquirida por la farmacéutica Bayer.

            Canadá solicitó consultas formales con México sobre sus restricciones a importaciones agrícolas genéticamente modificadas apelando al libre comercio; mientras que EE.UU inició un procedimiento de consultas técnicas también amparado en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), invocando al artículo 9 de dicho documento sobre medidas fitosanitarias. Pero, qué hay detrás de dos países híperdesarrollados, solicitando que un tercero acepte obligatoriamente un producto que ya se comprobó en repetidas ocasiones que es cancerígeno… Bueno, muy simple, millones y millones de dólares a costa de la salud y biodiversidad de las naciones. 

            Para entender mejor el proceso vamos a hablar primero sobre Bayer-Monsanto. Se trata de una firma farmacéutica con más de 50 subsidiarias que cotizan en las bolsas de valores en todo el mundo. Pero el problema, con Bayer-Monsanto en nuestro país, no es lo complicada de su estructura corporativa, ni sus acciones en investigaciones de alto riesgo. No, el problema es por corrupción. 

            Desde la promulgación del dictamen de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, hubo conflicto debido a que fue determinada como “Ley Monsanto”, haciendo referencia a que fortalecía el uso de agrotóxicos en el campo haciendo de lado la posibilidad de los y las personas que habitan el campo mexicano de generar espacios agroecológicos y libres de veneno. Es decir, se les impuso.

            Esa legislación fue aprobada bajo la presidencia de Vicente Fox en 2005, el mismo año en que Alfonso Romo Garza, principal financiador en su momento de la campaña presidencial de Fox Quezada, perdió las acciones de su empresa Savia S.A. de C.V. en un conflicto familiar y a partir del cual fue nombrado director de una subsidiaria de Bayer-Monsanto.

            En 2005, Romo Garza, quien ahora mismo posee 17 razones sociales registradas ante el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía, fue destituido por su propio suegro, Alejandro Garza Lagüera, de las acciones en Savia S.A. de C.V. tras revelarse que había adquirido importantes sumas de dinero con una transacción realizada en 2003. Pero el conflicto en el país persistió.

Las demandas de Monsanto y el decreto obradorista

Bayer-Monsanto demanda al Estado mexicano por posibles pérdidas financieras. Según se revela en una copia de la demanda de Bayer-Monsanto contra el Estado Mexicano, certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la firma farmacéutica con más de 50 subsidiarias que cotizan en bolsas en todo el mundo cambió su estrategia jurídica con el objetivo de extender el tiempo de uso de los agroquímicos en el país. Así lo revela la organización PODER.

            La más reciente de las demandas ocurre meses después de que el jurado popular de Oakland, en Estados Unidos, sentenciara a Bayer-Monsanto con una multa de 2,000 millones de dólares por considerar que uno de sus herbicidas causó cáncer a una familia de campesinos en dicha zona. Pero sus abogados aprendieron la lección. A diferencia del juicio en Estados Unidos, Bayer-Monsanto en México ya no declara que el glifosato no sea un agente cancerígeno, ahora exige su derecho a comerciar con la sustancia que envenenó a los campesinos norteamericanos y sucesivamente a campesinos de otras regiones.

            Aunque la empresa y sus representantes legales continúan desestimando las pruebas científicas relacionadas a su producto y la peligrosidad del mismo, en realidad buscan responsabilizar al país por las pérdidas monetarias millonarias que pudieran surgir tras la aplicación del decreto prohibicionista del glifosato. 

            Todo esto surge después de que el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador emitiera un decreto donde se suspende la comercialización de este agente tóxico en el país. Y al proyecto se sumó la actual titular del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (Conhacyt), la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien explica: 

“La transición agroecológica en México que establece el decreto presidencial para la sustitución gradual del glifosato, hasta su supresión total en 2024, y la prohibición del maíz transgénico, avanza con una base científica robusta que prueba que los cultivos donde se implementan prácticas libres de agrotóxicos, como el uso de bioherbicidas desarrollados con tecnología mexicana, presentan mayores rendimientos y contribuyen a fortalecer las redes campesinas; además, ofrecen la producción de alimentos saludables sin causar daño a los ecosistemas”.

De tal modo que, Bayer-Monsanto, responsabiliza a México por pérdidas financieras que deriven de la aplicación del decreto presidencial. Ese tema tiene una posible relación a la presión de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) a México debido a que la importación de glifosato en el país es una de las discusiones que surgieron en la reunión de la Comisión de Comercio Internacional del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).        

            Y el problema no es menor pero para México. La transición a la que la doctora se refiere en su discurso de avances al decreto presidencial, resulta indispensable en un país donde dicho producto (el glifosato) y su paquete tecnológico, están siendo utilizados por grupos criminales para exterminar a la competencia de amapola en la sierra de Guerrero; cuando en las faldas de la Sierra Madre Occidental de Jalisco, tenemos poblaciones enteras de infancias orinando glifosato y con problemas de salud como daño renal; y en el sur, comunidades indígenas están siendo desplazadas por la explotación de la soja transgénica. Por una lucha digna al acceso de la soberanía alimentaria que no envenene nuestro ríos o seque nuestras tierras. Por esos motivos, y seguro muchas causas más que desconozco, resulta tan necesaria la transición agroecológica, el decreto presidencial contra el glifosato y la lucha campesina.