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Democratizar la justicia

Por Rodrigo Galindo .

En medio de protestas por parte de cierto personal del Poder Judicial Federal, se aprobó en el Senado la eliminación de los fideicomisos que beneficiaban a un sector del Poder Judicial de la federación. En medio de la discusión y el debate apareció en el debate público el siguietne tema: ¿El poder judicial realmente atiende a la ciudadanía más necesitada? ¿La población vulnerable conoce los procedimientos para solicitar protección de la justicia federal y tiene acceso a ellos?

Con esto vamos a remitirnos a los orígenes del juicio de amparo en el acta de reformas de 1847, en donde se estableció este medio de control constitucional. Al establecerse dicho derecho no se crea una ley regamentaria, son los jueces de distrito los que aplicaron directmente los textos constitucianles para emitir sentencias de amparo. Cualquier ciudadano podía ir directmente con un juez de distrito a solicitar el amparo de ls justicia federal. En 1869 surge la primera ley de amparo donde se regula su tramitación.

Sin embargo, durante el porfiriato esta ley es reformada por la ley de amparo de 1882, donde se modificaron aspectos importantes en la tramitación de este juicio de amparo. Esta ley es por demás importante, porque sirvió para complicar el acceso a la justicia a una gran parte de la población que vivía en el abuso de poder del porfiriato.

La ley de amparo de 1882 eliminó los juicios por jurado, criticados por una tendencia a absolver presuntos responsables, estabelció la jurisprudencia y la suspensión.

Constaba de diez capítulos y en total 83 artículos, con los cuales le proporcionó al juicio de amparo un rigor técnico más elevado haciendo posible que cobrara mayor arraigo en la cultura jurídica mexicana, pero que tambien dejaba en desventaja a una gran parte de la poblacion que demandaba amparo.

Estos principios técnicos del juicio de amparo podemos trasladarnos a la modernidad en donde dicho rigor técnico ha dejado a muchas personas sin la posibilidad real de acceder al poder judicial federal cuando sus derechos han sido vulnerados. Pues al no contar con un abogado carecen de los medios para interponer este juicio.

Por lo que conviene reflexionar en torno a cuando pensamos en democratizar la justicia y hacer campañas para que la ciudadania conozca el actuar del Poder Judicial federal es improtante entender que no solo es necesario que los ciudadanos conozcan que hace el poder judicial, sino que tengan acceso a el a través de una defensoría pública de calidad y pensando en simiplificar los procedimeintos tecnicos para que mas personas puedan acceder a juicios de proteccion sin la necesidad de costosos honorarios de abogados, en donde la justicia se reserva solo para unos pocos.