El IFT Pretendió Beneficiar a AT&T

El pasado 19 de diciembre el pleno de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó una de las licitaciones más ambiciosas, planeada desde julio de este año, para asignar ni más ni menos que 2,223 bloques del espectro radioeléctrico para proveer servicio de internet inalámbrico, especialmente en la tecnología 5G, en distintas bandas de frecuencia, siendo los tres bloques de la banda de 600 Mhz uno de los más valiosos porque es la primera vez que se utilizará esta banda que liberó espectro para telecomunicaciones con la política de compactación digital en radiodifusión.

Dos analistas del mercado consultados coinciden en destacar que las bases de esta licitación del IFT constituyen un “diseño a la medida” para beneficiar a la poderosa empresa telefónica norteamericana AT&T que ingresó al mercado mexicano a raíz de la reforma constitucional de 2013 y de la nueva ley de radiodifusión y telecomunicaciones de 2014 que permitió una inversión de hasta 100 por ciento de empresas extranjeras en servicios de telefonía e internet, al tiempo que creó el concepto de “agente económico preponderante” como un eufemismo para los dos grandes monopolios existentes en ambos rubros de la industria: América Móvil, en telefonía e internet, y Televisa, en radiodifusión. La compañía española Telefónica-Movistar opera sobre la red que tiene AT&T que colateralmente podría beneficiarse.

La famosa “puerta giratoria” que convierte a exfuncionarios y reguladores en empleados de poderosas compañías privadas se confirmó también en el caso de las telecomunicaciones. El ex comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, tras abandonar el “organismo autónomo” y después de trabajar un año en un despacho privado comenzó a trabajar este año en AT&T, la segunda compañía del mercado de telefonía móvil en México. Desde 2020, la CEO de AT&T en México es Mónica Aspe, hija del ex poderoso secretario de Hacienda salinista Pedro Aspe, padrino y ex jefe de Luis Videgaray, el cerebro de la reforma de telecomunicaciones en el Pacto por México peñista.

En otras palabras, todo indica que la despedida de los comisionados del IFT antes de la desaparición del organismo tenía como dedicatoria un beneficio claro a una de las compañías “no preponderantes extranjeras” en el mercado mexicano.

El problema es que esta licitación se hizo sin consultar a la Secretaría de Hacienda ni a otras entidades involucradas en la administración de un bien público tan importante como es el espectro radioeléctrico. Por esta razón, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró en la conferencia mañanera de este 27 de diciembre que los comisionados del IFT “Quisieron dar un albazo licitando todo lo que queda del espectro. No se puede permitir esto. La decisión es del Estado mexicano, no es la decisión de unas cuantas personas”.

El freno de la presidenta mexicana ya generó reacciones en los defensores de esta licitación. Consideran que frenarla “dañaría las inversiones” en el sector. Esto es una auténtica falacia porque una licitación sólo es exitosa cuando existen varios postores con capacidad financiera y no cuando hay tratos asimétricos que permiten un “diseño a la medida” de un solo agente económico.

Las Trampas del Espectro 

El anuncio del IFT sorprendió por tres razones fundamentales:

1.-La magnitud y las características de la subasta. El espectro radioeléctrico es un bien público de todos los mexicanos y su administración le correspondía al IFT hasta antes de la reforma constitucional. Una subasta de este tamaño, con lotes de frecuencia con alcance nacional en la banda 600 Mhz, más la banda 1.5 Ghz, con seis lotes nacionales, y la banda 2.5 Ghz, con cuatro bloques nacionales de espectro, habla de un valor de miles de millones de dólares en juego. Y quizá lo más irregular del “albazo”: la Secretaría de Hacienda fue hecha a un lado, a pesar de que es a esta dependencia del gobierno federal le corresponde definir el precio del pago de derechos.

2.-“Los incentivos” que definió el IFT son más bien privilegios. Una licitación de este tamaño representaría una gran cantidad de ingresos fiscales para el Estado mexicano, pero el organismo en vías de extinción decidió que aplicar una rebaja en el pago de derechos “que van del 25 al 40 por ciento de la reducción en la fórmula de conversión que se usará para determinar los montos de las contraprestaciones, en función de la cantidad de espectro asignado y de la participación de los mercados interesados”, afirma el boletín del 19 de diciembre del propio IFT.

Unos descuentos de este tamaño, para una licitación que definirá el mercado de la tecnología 5G constituyen un auténtico “regalazo” de fin de ciclo de los comisionados a los poderosos intereses privados en las telecomunicaciones en el país.

3.-El pago de la contraprestación no será inmediato. Por si no bastara el enorme descuento, la licitación del IFT tiene otro “incentivo”: se podrá diferir la entrega del título de concesión por un plazo máximo de dos años a partir de la notificación del acta del fallo para que el ganador no pague la cuota anual de derechos a Hacienda. En el Foro Virtual 2024 de Espectro Radioeléctrico, organizado por 5G Americas CALA, el titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrio del IFT, Alejandro Navarrete, explicó la razón de este “incentivo”: “Los ganadores pueden ocupar sus recursos para empezar a atender la red. No pueden prestar servicios, pero tampoco pagar los cánones actuales. Porque el problema de los nuevos es que desde el día uno tienen que pagar el canon por más que no tengan red. Creemos que puede ser útil”.

Puede ser “útil”, pero es un daño a la Hacienda pública, algo que no contemplaron los comisionados del IFT o si lo tomaron en cuenta fue con toda la intención de afectar y dejar en claro su desacuerdo con la reforma constitucional que desaparece al instituto.

El precedente que se tiene de la licitación de las “rondas” de bloques petroleros durante la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, demostró que otorgarle a privados un bien público tan valioso como puede ser la explotación de hidrocarburos o el uso de un espectro radioeléctrico sin condiciones claras de desarrollo y de beneficio para la sociedad deriva en un negocio turbio, opaco, que beneficia finalmente a los grandes monopolios, privados y extranjeros, que son los que dominan en la industria de las telecomunicaciones.