¿Desesperación por la nicotina o por el libre mercado?

Durante la conferencia mañanera del martes 31 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo que prohíbe la comercialización y circulación de los cigarrillos electrónicos o “vapeadores”. En la misma sesión, recibió un reconocimiento especial por su contribución para el control mundial del tabaco, otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS); todo ello, en el Día Mundial sin Tabaco. 

La medida fue duramente criticada por miembros de los partidos políticos de oposición, quienes rápidamente expresaron diversas posturas. Por ejemplo, el Diputado Federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, quien fue Secretario de Salud en el Gobierno de Felipe Calderón, expresó en su cuenta de twitter que la prohibición era una “cortina de humo” del gobierno, y que ésta promoverá el mercado negro. La exdiputada Martha Tagle, del mismo partido, opinó en la misma línea, asegurando que la medida pondría en mayor riesgo a quienes consumen estas sustancias. 

La Dra. Ximénez-Fyvie, conocida por su propensión a presentarse como experta en diversos temas de la ciencia médica, otorgó varias entrevistas en medios y aseguró que el reconocimiento recibido por el Presidente López Obrador era por el control del tabaco, no por la prevención de la salud (como si una cosa no tuviera relación con la otra). Como estas, se expresaron varias opiniones que llevaron al plano de la disputa política una decisión de salud pública.

Resulta interesante, más allá de la prohibición en sí, la respuesta profusa de diversos personajes a quienes no se les había visto interesados en el tema hasta este momento. Frente a esta noticia, inmediatamente se alistaron a oponerse sin tener necesariamente argumentos de corte científico sobre las sustancias químicas en estos dispositivos, o las consecuencias documentadas sobre su uso entre jóvenes y adolescentes. La respuesta, más bien, en un primer nivel fue de orden político, simplemente como parte de la crítica reactiva, inmediata y usualmente visceral que realizan cotidianamente. Pero hay otro nivel más profundo que se encuentra en el núcleo de su pensamiento sobre el papel del Estado frente a los inconvenientes o “males menores” del mercado, como la adicción a la nicotina. 

La prohibición de un instrumento que se publicita como un inhibidor del consumo de tabaco tradicional, tanto para viejos como nuevos consumidores, implica una intervención poco recurrente del Estado en el camino del libre mercado, que es la libertad suprema defendida por los guardianes anhelantes de la restauración del neoliberalismo. 

Bajo este pensamiento, todo lo que puede ser vendido y comprado, simplemente sucederá. El mercado es un espacio ingobernable del que el Estado, a lo mucho, puede ser gestor, vigilante facilitador o mero observador. Sobrepasar esa función, nos dicen, no únicamente es una intromisión ilegítima sino sobre todo necia. Si se busca acabar con un mercado la única opción es regularlo y administrar felizmente las ganancias transnacionales de corporaciones millonarias que lucran con lo que sea, en este caso la salud. 

Bajo esta perspectiva, fueron capaces de oponerse a políticas tímidas al regular la comida chatarra como sucedió con el etiquetado de alimentos, y más recientemente, arguyen que el Estado debe regular el alquiler de vientres de las mujeres porque es imposible prohibirlo. Nos quieren hacer creer que es insostenible contrarrestar a los grandes intereses transnacionales aunque sus negocios (como los vapeadores, la comida chatarra o el alquiler de vientres) sean inmorales y atenten contra la salud pública. No es, por lo tanto, gratuita la sospecha de que estas posturas llevan detrás millones gastados en lobbys y propaganda que manipulan alevosamente el significado de libertad para hacer grandes negocios a costa del bienestar de las mayorías.  

Su argumento es que no hay otra opción más que vivir resignados y enfermos.