La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer para su análisis un amparo promovido por TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, en contra de una sentencia administrativa en la que se le ordena pagar 2,447 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2009.
El acuerdo de desechamiento está fechado el pasado 28 de abril, y su notificación se realizó este 24 de junio, en un litigio que inició el 11 de julio de 2022 con la presentación del juicio de amparo presentado en contra de la sentencia dictada por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.
En el listado de acuerdos se establece que el recurso presentado fue desechado “sin mayor trámite” y se ordenó dar “este expediente como asunto concluido”, y así firmó la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
De esta forma, ahora corresponderá al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en el Ciudad de México, continuar con el juicio de amparo y dictar una sentencia definitiva, ya que la Sala Superior del tribunal Superior de Justicia Administrativa consideró que son válidos los créditos fiscales establecidos por el Servicio de Administración Tributaria.
La empresa TV Azteca, propiedad de Grupo Salinas, ha desplegado múltiples acciones legales para intentar frenar el fallo del tribunal, incluyendo el intento de recusar a los tres magistrados encargados del caso, lo cual ya fue desestimado.
Cabe señalar que este no es el único litigio fiscal en curso, pues la empresa televisiva también enfrenta un segundo proceso por una deuda adicional equivalente a 2,615 millones de pesos derivada del ejercicio 2013, en el que también buscó sin éxito la intervención de la SCJN.
En ambos casos, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha validado la legalidad de los créditos fiscales en primera instancia.
A la situación de TV Azteca se suma la de Grupo Elektra, otra empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que mantiene litigios fiscales con el SAT por más de 41,500 mdp, incluidos dos asuntos que se encuentran ante la SCJN y cuya resolución ha sido aplazada durante meses mediante recusaciones de ministros y otros recursos legales.