Investigan a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, por presunta trama de tráfico de influencias y corrupción

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien dirigió España de 2004 a 2011, fue puesto bajo investigación formal por la Audiencia Nacional de España por presuntos delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal, falsificación documental y lavado de dinero relacionados con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia de COVID-19. El exmandatario ha negado haber cometido delito alguno.

La decisión judicial marca un hecho inédito en la democracia contemporánea española, al convertir a Zapatero en el primer expresidente de gobierno de la etapa democrática reciente en enfrentar una investigación penal por corrupción de esta magnitud.

El caso amenaza con impactar el legado político del exmandatario socialista, quien se convirtió en una figura emblemática de la izquierda española por medidas como la legalización del matrimonio igualitario y el retiro de tropas españolas de Irak.

El juez José Luis Calama ordenó el registro del despacho del expresidente y de una empresa de marketing vinculada a sus hijas, la cual presuntamente habría recibido recursos derivados del rescate financiero otorgado a la aerolínea Plus Ultra. El exmandatario fue citado a declarar el próximo 2 de junio.

De acuerdo con la investigación, Zapatero habría utilizado su red de contactos políticos y su influencia dentro del aparato gubernamental español para facilitar la aprobación de un rescate por 53 millones de euros a la aerolínea en 2021. La justicia española sostiene que, a cambio de estas gestiones, el exmandatario y su entorno habrían recibido pagos y beneficios económicos cercanos a los 2 millones de euros.

La Audiencia Nacional indicó que existen grabaciones, reuniones y transferencias financieras que apuntan a una presunta estructura de intermediación y cobro de comisiones ilegales vinculadas con el rescate. Parte de la investigación se centra en una sociedad offshore creada en Emiratos Árabes Unidos, que supuestamente habría servido para canalizar recursos provenientes de la operación.

Según el tribunal, una de las hipótesis es que dicha sociedad extraterritorial estaba destinada a recibir hasta el 1 por ciento de los fondos públicos entregados a Plus Ultra. La justicia también investiga pagos realizados por un grupo de consultoría dirigido por el empresario Julio Martínez Martínez, identificado como amigo cercano de Zapatero, que presuntamente transfirió cientos de miles de euros tanto al expresidente como a empresas relacionadas con su familia.

El rescate a Plus Ultra formó parte del fondo estatal creado por el gobierno español para apoyar empresas estratégicas afectadas por la pandemia de COVID-19, programa que movilizó miles de millones de euros y que desde entonces ha permanecido bajo escrutinio político y judicial.

El caso Plus Ultra se arrastra desde hace varios años y se convirtió en uno de los rescates empresariales más polémicos aprobados durante la pandemia en España. Desde el inicio, sectores de oposición cuestionaron que la aerolínea, de tamaño reducido dentro del mercado español y con problemas financieros previos a la emergencia sanitaria, recibiera 53 millones de euros en recursos públicos.

La oposición conservadora española aprovechó el anuncio judicial para aumentar la presión contra el Partido Socialista Obrero Español. Miguel Tellado, secretario general del conservador Partido Popular, aseguró en redes sociales que “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, en referencia a la investigación contra el exmandatario.

La oficina de Pedro Sánchez, quien mantiene una estrecha relación política con Zapatero, evitó emitir comentarios sobre el proceso. Sin embargo, medios españoles difundieron mensajes atribuidos al presidente del gobierno en los que expresa respaldo político a Zapatero y llama a defender “el buen nombre” del exdirigente socialista.

Aunque Sánchez y su administración no enfrentan acusaciones directas en este caso, la investigación incrementó la presión política sobre el gobierno español. El expresidente socialista se ha mantenido como uno de los principales aliados y operadores políticos del actual mandatario en años recientes.

En respuesta a las acusaciones, Zapatero negó haber realizado gestiones indebidas para beneficiar a Plus Ultra y rechazó cualquier participación en una red de tráfico de influencias. “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión para el rescate de Plus Ultra ante ninguna administración”, declaró el exmandatario.

También sostuvo que todas sus actividades públicas y privadas “se han desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”.

El caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales recientes en España debido al perfil del exmandatario investigado y a las posibles implicaciones sobre el manejo de recursos públicos durante la pandemia.