EE.UU. ha negado todas las solicitudes de extradición de México: Sheinbaum exige reciprocidad en la relación bilateral

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, explicó que las solicitudes de información adicional en procesos de extradición entre México y Estados Unidos forman parte de una práctica bilateral común y cuentan con fundamento legal en el tratado de extradición entre ambos países.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 19 de mayo, el funcionario detalló que el artículo 12 del tratado bilateral permite solicitar pruebas e información complementaria durante un proceso de extradición, particularmente cuando se trata de solicitudes de detención provisional. Añadió que estas disposiciones se analizan junto con el artículo 11, referente precisamente a las detenciones provisionales, lo que permite a ambos gobiernos requerir mayores elementos en cualquier etapa del procedimiento.

Velasco también señaló que el artículo 9 del tratado establece que ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus propios nacionales, por lo que la extradición de ciudadanos mexicanos es una facultad discrecional del Estado mexicano. En este sentido, afirmó que México tiene la obligación de realizar una revisión exhaustiva de cada caso antes de autorizar una entrega.

Además, explicó que la Ley de Extradición Internacional mexicana establece que las solicitudes de detención provisional deben incluir una descripción clara del delito y la existencia de una orden de aprehensión. Indicó que cuando las acusaciones resultan vagas o insuficientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores puede solicitar información complementaria antes de remitir el caso a la Fiscalía General de la República y posteriormente a un juez federal.

El funcionario sostuvo que este mismo criterio ha sido aplicado por autoridades estadounidenses en casos solicitados por México. Como ejemplo, informó que del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México realizó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos y hasta ahora ninguna ha concluido con la entrega de personas requeridas. De esos casos, 36 fueron negados y 233 permanecen pendientes.

Detalló además que, de 50 solicitudes de detención provisional realizadas por México en ese periodo, en 47 el gobierno estadounidense pidió información adicional antes de continuar con el trámite. Entre los casos mencionados se encuentran investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, corrupción, Ayotzinapa, trata de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que México únicamente solicita reciprocidad en la relación bilateral. Destacó que ninguno de los 269 requerimientos de extradición hechos por México desde 2018 ha derivado en la entrega de personas acusadas de delitos graves como delincuencia organizada o implicadas en el caso Ayotzinapa.

La mandataria federal afirmó que es importante que se conozca que todas las solicitudes de extradición realizadas por México durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la actual administración han sido rechazadas o permanecen pendientes por parte de las autoridades estadounidenses.

En ese sentido, Sheinbaum acusó que existe una “ofensiva” de sectores de la derecha mexicana y de algunos medios de comunicación para señalar al gobierno federal por solicitar pruebas adicionales en las solicitudes de detención urgente con fines de extradición realizadas por Estados Unidos. Afirmó que el gobierno mexicano únicamente está actuando bajo los mismos criterios que aplica el propio gobierno estadounidense cuando México solicita la entrega de personas acusadas de delitos.

“Lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: presenten las pruebas”, señaló la presidenta, quien sostuvo que la exigencia de información adicional no representa una violación al tratado bilateral ni una negativa automática a colaborar con las autoridades estadounidenses.

La presidenta consideró que el debate público sobre las extradiciones ha sido utilizado políticamente por sectores opositores que buscan desacreditar al movimiento que representa su administración. Señaló que algunos comentaristas y medios han acusado al gobierno federal de incumplir con sus obligaciones internacionales, pese a que la revisión exhaustiva de pruebas es una práctica habitual entre ambos países.

También sostuvo que, si existiera un interés genuino por parte de algunas autoridades estadounidenses en disminuir la violencia y el tráfico de drogas, deberían atender factores internos como el consumo de sustancias en Estados Unidos, el tráfico ilegal de armas hacia México y las redes de delincuencia organizada que operan dentro de territorio estadounidense.

Aclaró que no se está encubriendo a ninguna persona señalada por delitos, pues afirmó que la Fiscalía General de la República mantiene sus propias investigaciones y procederá conforme a derecho cuando existan responsabilidades penales.

Finalmente, el gobierno federal reiteró que las solicitudes de información adicional en procesos de extradición son legales, recíprocas y forman parte de los mecanismos de debido proceso contemplados tanto en el tratado bilateral como en la legislación mexicana y especificó que México continuará presentando solicitudes de extradición ante Estados Unidos y mantendrá la cooperación bilateral en materia de justicia con respeto a la soberanía nacional.