Bajó 6.8% la pobreza infantil en dos años: Coneval

La pobreza en niñas, niños y adolescentes tuvo una reducción de 6.8 puntos porcentuales de 2020 a 2022, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

El pasado 17 de octubre el CONEVAL, en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentó el documento Pobreza infantil y adolescente en México, 2022, el cual estudia la pobreza multidimensional y las carencias sociales del grupo poblacional de niñas, niños y adolescentes (NNA), así como los efectos de ésta en grupos específicos de la infancia y la adolescencia y su incidencia a nivel nacional.  

Este documento reveló que, en el período mencionado, la pobreza de NNA pasó de 52.6% en 2020 a 45.8% en 2022, lo que representa el porcentaje de pobreza más bajo desde 2008.

Un elemento crucial para la reducción de la pobreza, apunta el informe, responde a la implementación de los programas de protección social, en especial los dirigos a la población de NNA, como lo son la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica; la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

En este sentido, el informe destaca la contribución de dichos programas en función de que sin éstos, la incidencia de la pobreza en NNA hubiera sido de 47.4% y no de 45.8% y la pobreza por ingresos inferiores a la Línea de Pobreza por Ingresos hubiera sido de 56.6% y no de 54.4%.

Sin embargo, pone de manifiesto que la incidencia de pobreza para la población general en 2022 fue de 36.3%, mientras que para la población de NNA fue de 45.8%, lo que significa que la precarización impacta mayormente en este sector pues, 4 de cada 10 NNA viven en condiciones de pobreza moderada y 1 de cada 10 vive en condiciones de pobreza extrema.

En este sentido, el estudio menciona que, sin considerar el nivel de ingresos de las personas, la principal carencia que aqueja a las niñas, niños y adolescentes es la seguridad social: “lo que refleja la falta de acceso a dicho derecho por parte de los padres, madres o cuidadores; lo anterior puede deberse, entre otros factores, a las dificultades para la incorporación al mercado laboral formal cuando se tienen hijos e hijas menores de edad”.

Además, explicó que, en lo relativo a las carencias sociales que experimenta este grupo, se observó una reducción significativa a la asociada al acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, que puede estar relacionada con las mejoras en los niveles de ingreso de los hogares.

“La evidencia sugiere que el acceso a esquemas de transferencias monetarias como el ‘Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores’ en los hogares donde habitan NNA permitió que estas tuvieran, en 2020, una menor posibilidad de presentar algún grado de seguridad alimentaria”, afirmó el estudio. 

No obstante, la carencia por acceso a servicio de salud se acrecentó como resultado de “los cambios normativos en materia de los servicios para personas sin seguridad social que se han presentado en los últimos años”.

Con respecto a la población infantil y adolescente mayor de 3 años que hablan alguna lengua indígena, existe una incidencia mayor de pobreza y carencias sociales: 82.3% vive en condiciones de extrema pobreza y 32.1% en condiciones de pobreza moderada. Además, la principal carencia está relacionada con el acceso a la seguridad social. 

Por último, el informe destaca la importancia de la incorporación de políticas públicas que estén dirigidas a promover “acciones integrales bajo el principio de equidad con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar” de NNA. En este sentido, indica que “los esquemas donde se combinan diversos componentes adicionales a los programas de transferencias suelen tener mejores efectos al generar beneficios adicionales tanto para los individuos como para sus hogares” y sugiere que “los diversos esquemas de protección social tomen en consideración las necesidades y vulnerabilidades específicas de la población infantil y adolescente para con ello incrementar su eficacia”.

Dichas políticas, señala, deberán estar encaminadas al acceso a la salud, la seguridad social y la generación de empleos formales para continuar con la disminución de la pobreza por ingresos, y, como consecuencia, “brindar a familias y NNA las herramientas y los recursos para lograr la construcción de trayectorias de vida en las que puedan desarrollarse libremente y ejercer sus derechos”.