La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analizará el viernes 23 de agosto la reforma de "modificación a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica". Con esta reforma se propone regresar las atribuciones de los siguientes Organismos a las dependencias que contaban con dichas facultades:
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió esta iniciativa al Congreso el pasado 5 de febrero con el objetivo de eliminar organismos que carecen de legitimidad democrática, ya que fueron creados, de acuerdo con el mandatario, “como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de Organismos Internacionales”.
Además, el presidente ha evidenciado en diversas ocasiones que estos organismos carecen de imparcialidad y han sido cooptados por núcleos académicos, políticos y económicos.
El pasado 26 de febrero, durante una conferencia matutina presidencial, la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde, explicó que en las décadas se crearon órganos constitucionales autónomos con funciones de secretarías de Estado bajo el argumento de que su independencia permitiría tomar mejores decisiones técnicas y garantizar mayor regulación de mercado, sin injerencias externas.
Sin embargo, la secretaria de Gobernación afirmó que esto no ocurrió así, ya que la creación de estos órganos no ha significado mayor independencia y mejor desempeño sino mayor gasto y crecimiento de estructuras, duplicidad de funciones y pérdida de rectoría del Estado en el diseño de sus planes y políticas.
El INAI, órgano creado en 2002 y que adquirió mayores atribuciones en 2014, cuenta con un presupuesto anual de mil 97 millones de pesos. Su misión es canalizar información y dar vista a los órganos de control para sancionar incumplimientos. Sin embargo, esta tarea es realizada también por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que la iniciativa propone que cada institución cumpla con sus obligaciones y que los órganos de control vigilen su comportamiento.
En el caso de la COFECE, fue creada en 1992 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía (SE) y alcanzó autonomía en 2014 en el marco de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto, orientadas a desregular y abrir a los sectores estratégicos de la nación al capital privado. Cuenta con un presupuesto anual de 688 millones de pesos y se plantea que se reintegre a la Secretaría de Economía.
El IFT fue creado como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), alcanzó autonomía en 2013, también en el marco de las reformas estructurales de Peña Nieto, y actualmente cuenta con un presupuesto anual de mil 680 millones de pesos. Este órgano, plantea la reforma, volverá a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La CRE fue creada en 1993 mientras que la CNH fue creada en 2008, ambas como órganos desconcentrados de la Secretaría de Energía, en conjunto tienen un presupuesto anual de 533 millones de pesos y se propone que ambas regresen a Energía.
En el caso de Coneval, este fue creado en 2004 como organismo descentralizado sectorizado de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y alcanzó autonomía en 2014. La propuesta de la reforma es integrarla al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Mejoredu fue creado en 2013 con el nombre de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y se propone que forme parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).